Sin ser una propuesta original, porque cualquier persona con dos dedos de frente ha tenido la misma idea en algún momento de su vida, la legalización de las drogas a nivel mundial que ahora propone Felipe González tiene tanto sentido común que pueden apostarse el apartamento en La Manga de su cuñado a que jamás se llevará a la práctica. Con algunas salvedades que a todos se nos pasan por la cabeza, resulta llamativa la sensatez de la que son capaces quienes ya no tienen mando en plaza, por lo que cabe concluir que a los gobernantes el poder tiende a confundirles, como le pasaba a Dinio con la noche.

Las drogas son malas y rompen las familias, sí, pero a uno sólo se le ocurren beneficios al imaginar cómo cambiaría el cuento si su producción, distribución y venta dejaran de ser clandestinas y siguieran los cauces legales o fueran, incluso, un monopolio del Estado. Se acabaría de una tacada con las mafias del narcotráfico y con la delincuencia asociada a su consumo, se controlarían más eficazmente enfermedades como el sida y, ya de paso, se obtendrían ingentes cantidades de ingresos vía impuestos. A pequeña escala sirva el ejemplo de California, que en noviembre votará en referéndum si legaliza o no el cannabis, donde se estimaba que la despenalización reportaría al año cerca de 1.000 millones de dólares.

Si la droga fuera legal no aumentaría el número de consumidores, a los que ahora mismo les basta salir a la calle o pagar la entrada de algunas discotecas para acceder a todo un hipermercado. En cambio, dejarían de ser habituales los crímenes, se reduciría significativamente la población reclusa, que también cuesta dinero, y haríamos la puñeta a la banca suiza y a los paraísos fiscales, en cuyas cámaras y cuentas se amontona el dinero que aguarda a ser blanqueado. No estamos hablando de una solución para México, donde los narcotraficantes han puesto en jaque al propio Estado, sino para el mundo entero. ¿Pondría alguien objeciones a la legalización de las drogas si con los ingresos obtenidos se pagara su pensión?

Sugiera González que el tema se aborde en una conferencia internacional, aunque es pesimista. Los grandes narcotraficantes no están en las selvas ni en el desierto afgano. Ellos mismos o sus empleados tienen coche oficial y se presentan a las elecciones.