Hombre piadoso donde los haya, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha corrido en auxilio del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, a quien un juez ha imputado por las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla fronteriza, que en realidad son expulsiones sumarísimas sin sujeción posible a los tratados internacionales y a la propia ley española.

Sostiene el ministro que, además de en los Pirineos, España empieza en la última valla del perímetro fronterizo y para demostrarlo ofrece un argumento que piensa irrefutable: “Si atravesando la primera valla ya se estuviera en territorio nacional a todos los efectos, de tal suerte que se tuviera que aplicar la Ley de Extranjería, ¿para qué hay entonces una segunda valla?”. Interesante pregunta.

Ocurre, sin embargo, que la frontera de Melilla con Marruecos no nació con dos vallas sino con una, que empezó a construirse en 1998, ya que con anterioridad al Tratado de Schengen el paso era completamente permeable. La estructura, de 12 kilómetros de longitud, se reconvirtió posteriormente en dos, y ambas discurren hoy paralelas con sus concertinas y su canesú.

Por eso que se llama lógica aplastante, y en la medida que la tierra de nadie sólo existe para dar nombre a esta columna, hay que suponer que la primera de las vallas se levantó sobre suelo español y delimitaba claramente la frontera. Lo contrario, también por lógica, implicaría reconocer que chuleamos a Marruecos con el trazado, a imagen y semejanza de lo que ocurre en los pueblos con las lindes.

Construida la primera valla, la segunda se levantó a este lado de la frontera porque hacerlo en la parte marroquí no habría sido bien asumido por nuestros vecinos, a los que ni siquiera les hacía falta haber visto Barrio Sésamo para entender la diferencia entre aquí y allí. En definitiva, las dos vallas están en territorio español y la misma presencia entre ambas de guardias marroquíes para moler a palos a los subsaharianos y devolverles a su punto de origen debería ser entendida, sino como una invasión mora, sí como una inadmisible cesión de soberanía o, incluso, como un secuestro consentido.

El problema es que Fernández Díaz lleva muy mal la lógica en lo que a geografía se refiere. En su comparecencia de febrero de este año en el Congreso para explicar la muerte de nueve inmigrantes que intentaban llegar a nado a la costa de Ceuta, el santo varón de Interior aportó un insólito criterio arquitectónico para justificar que España sólo fuera España cuando a él le interesaba: el retranqueado de la “línea divisoria geográfica topográfica”.

“La geografía –según explicó- cede ante un criterio jurídico político que delimita la frontera en el doble vallado y hace posible el rechazo en frontera precisamente antes de atravesar la valla interior. Hasta que se traspasa la segunda valla no hay por tanto entrada irregular en territorio español, sino sencillamente rechazo en frontera”. Con un poco más de tiempo, el ministro se habría apuntado a la tesis de Zapatero de que España es un concepto discutido y discutible, aunque sólo fuera para justificar expulsiones de inmigrantes que habían superado incluso la segunda valla como varias ONG han documentado.

La imputación por prevaricación de Ambrosio Martín Villaseñor, jefe de la Guardia Civil de Melilla, no es sino la imputación del propio ministro del Interior por persona interpuesta. Es a él a quien habría que atribuir la orden de 11 de abril de la Comandancia en la que se sostiene que sólo cuando los inmigrantes rebasan la segunda de las vallas les son de aplicación los preceptos de la ley de Extranjería. De existir el delito debería ser el ministro quien asumiera su responsabilidad ante la Justicia. Sería lo justo y hasta lo cristiano.