CARMEN MAGALLÓN

Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz

El comercio de armas es una de las lacras más execrables de este desorden nuestro tan letal. Lo que sucede en Libia nos horroriza y nos gustaría que los políticos europeos fueran más contundentes, aunque finalmente nos adaptamos a que las cosas sigan igual y dejamos que los negocios se enseñoreen por encima de las vidas de los seres humanos. Ahora mismo, sabemos que la matanza de ciudadanos y ciudadanas en Libia se está dando con armas vendidas por varios países europeos. Jordi Calvo, en este mismo periódico (24-02-2011), daba cumplida cuenta de los millones invertidos por ese país en armas, y señalaba que con estas ventas Europa había puesto su interés comercial por encima de los derechos humanos. España no se quedó a la zaga. Sin estar Libia entre sus mejores clientes, en dos años le vendió armamento por valor de cuatro millones de euros. Efectivamente, el responsable de las muertes es Gadafi, pero en la medida en que esas armas se han producido en nuestros países, algo del barro también nos salpica.

En 2007, España aprobó la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, un paso positivo frente al descontrol previo del comercio de armas españolas, y que se logró tras diez años de campaña de Amnistía Internacional, la Fundació per a la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam. Pero los hechos, no sólo este, muestran que una ley reguladora no es suficiente. Ahora vemos en qué puede quedar uno de los aspectos considerados más positivos de la ley, como es la obligación de aplicar los criterios del Código de Conducta de la UE, que entre otras limitaciones, prohíbe las transferencias de armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos. Un límite que funciona… hasta que deja de funcionar y las armas pasan a usarse. Y es que, como dice el viejo adagio, “A un hombre con un martillo, el mundo le parece un clavo”.

Nuestro anhelo democrático tiene que ir más allá, y pasar de la vergüenza de ser productores de armas a la apuesta por la reconversión industrial de estas industrias. No creo en la regulación del comercio de arti-

lugios de muerte. Creo en el control ciudadano de nuestro poco o mucho dinero en los bancos, en campañas del tipo BBVA sin armas, que impulsa el Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs. Para que no fabriquen armas con mi dinero. Porque, no nos engañemos: las armas fabricadas, lo estamos viendo, finalmente matan.