Lucía Navarro Gómez

Miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)

Aleix Porta

Miembro de la PACD

Este año la Lotería de Navidad ha sonreído a todas las casas de España. Gracias a Florentino Pérez, a todos los españoles y españolas nos ha tocado el Gordo. Un premio muy repartido que se va a notar a partir del 1 de enero de 2016, ya que la factura del gas incorporará la deuda de la indemnización por la suspensión del Almacén de Gas Castor. De entre todos nosotros, un 17% se lleva el premio especial, los afectados por la pobreza energética. El mago de las finanzas, el empresario estrella, ha conseguido convertir un Castor en un pato bien gordo que pagamos entre todos.

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Primer paso: engordar el animal

ACS, empresa de Florentino Pérez, controla un 66,6% de la sociedad Escal UGS, constructora del Castor, el almacén de gas que quería aprovechar el yacimiento de petróleo vaciado por la Shell desde los 70 frente a la costa de Castellón. El proyecto se vendió como una oportunidad de comprar gas cuando estuviera barato, almacenarlo y gastarlo cuando estuviera caro. Parecía una buena idea.

Como explica Jordi Marsal en Castor: la bombolla sísmica, hacían falta 250 millones de euros para pagarlo, cuando la empresa canadiense Dundee, la primera promotora, propuso el plan, allá en 2003. Florentino Pérez vio la oportunidad de negocio. Su empresa ACS se hizo con el 66,6% de la UTE constructora del Castor y el presupuesto requerido aumentó hasta 1.285 millones de euros. La Comisión Nacional de la Energía advirtió que subcontratar filiales propias de ACS encarecía el proyecto, pero eso no impidió que 19 bancos españoles y franceses dispusieran el dinero con el aval de la factura de gas a los consumidores hasta 2020.

El Castor dejaba de ser un simpático roedor para convertirse en un monstruo ávido de dinero. Llegó la crisis y su coste aumentaba mientras la demanda de gas en España y los ingresos del Estado se reducían. Todas las previsiones auguraron una muy lenta recuperación de los consumos de gas. Pero Florentino no se daba por vencido y el proyecto se encarecía a medida que resultaba menos útil y más costoso de pagar.

Segundo paso: vender pato por castor

El Ministerio de Industria mostró una primera intención de extinguir la concesión de construcción hacia 2012, pero ejecutarla suponía el pago completo de la inversión a la constructora Escal UGS, según cláusulas del contrato. El Castor había hincado el diente al Estado cual garrapata y en 2013 se decidió implicar al Banco Europeo de Inversiones para refinanciar el crédito y usarlo de anzuelo para atraer a otros actores financieros. El BEI sirvió crédito por valor de 500 millones de euros en 2013, 300 millones en forma de bonos y 200 en una línea de liquidez. Por si se quedaban sin blanca.

Los costes económicos parecían solventados por el momento, pero la chapuza siempre sale a flote, esta vez en forma de 500 terremotos. Menores, sí, pero inauditos en la que era hasta entonces la zona con menos riesgo sísmico de la península. Era la gota que colmaba el vaso y el Ministerio optó por cerrar el proyecto y asumir la indemnización a Escal UGS.

Lo contamos aquí hace un año: transferencia inmediata de 1.350 millones de euros a la constructora de Florentino Pérez. Otra cláusula le blindaba el cobro a pesar de que el trabajo realizado se considerase negligente.

Pero de todas las opciones posibles, se optó por la mejor para la constructora y la peor para el interés general. Las deudas del Castor fueron asumidas por el Estado y ahora éste pretende recuperar lo transferido socializándolas a través de la parte regulada de la factura del gas. Sí, a partir de enero de 2016, la factura del gas seguirá incrementándose cuando el precio podría reducirse por la menor demanda. La razón, entre otras, es la indemnización de 1.350 millones avanzados a Escal UGS, que, con un interés anual del 4,2% a 30 años, se traducen en más de 4.700 millones.

Tercer paso: compartir el premio

A la ciudadanía española le tocará pagar 630€ por cabeza por una deuda chapucera e ilegítima, sin contar con los costes de mantenimiento, operación y administración que Enagas también sumará a esta cifra, por tener un Castor hibernando. Pero no toda la ciudadanía es igual frente a esta deuda. Hay un 17% de la población que ha sido especialmente agraciada con el gordo de Navidad. Es el 17% de personas afectadas por la pobreza energética y que por más que intenten ahorrar luz y gas, sus facturas no bajan a razón de la parte regulada, como veíamos en el Salvados del pasado domingo 13 de diciembre.

No es un 17% anónimo. Son Carlos, Silvia o Hakim, personas que acuden a las reuniones de la APE, cuentan su caso y buscan ayuda. Tienen casa, pero fría y a oscuras. Cocinan lo mínimo, con tres capas de ropa, pero sus facturas no se reducen, no se pagan y en consecuencia les crece una deuda, una deuda energética. Pero de ese 17% (estimado, ya que las compañías no ofrecen datos), solo pocos buscan ayuda. Existe la Ley 24/2015, de medidas urgentes para la crisis habitacional y la pobreza energética que, de aplicarse, terminaría con todo este sufrimiento silenciado.

Ciudadanía a la que se le vulnera su derecho a una vida digna se le castiga además con una deuda ilegítima. ¿Son responsables de la mala gestión, los beneficios espurios de constructoras, bancos y empresas energéticas a costa de los intereses colectivos, los derechos de la ciudadanía y los recursos naturales? Existe la pobreza energética y está causada por una deuda energética. La primera es indigna. La segunda, ilegítima. Ambas deben ser erradicadas y abolidas. Por ello, #NoPagoCastor.