A lo largo de la historia financiera ha habido estafas de todos los colores. Desde la de Ponzi, que construyó en los años 20 del siglo pasado una pirámide más famosa que la de Keops, a la de Madoff, que también ideó a la suya, pasando por la de Enron, la de WorlCom o la de Kerviel -el empleado de la Société Générale que dejó un pufo de más de 6.000 millones de euros-, lo habitual era que sus responsables dieran con sus huesos en la cárcel. Pero en esto como en tantas cosas Spain is different. La de Sofico, otra pirámide que implicaba a la crema y nata del franquismo, se saldó solo con una condena a los Peydró –padre e hijo- que no llegaron a cumplir, el primero porque dejó a tiempo este valle de lágrimas. En la de las preferentes, con más de 700.000 afectados y que mató, aunque fuera del disgusto, a más ancianos que la pandemia, todos se fueron de rositas. Y en Bankia se ha seguido esta tradición más española que la siesta y la tortilla de patatas: el que la hace se forra y el resto paga a escote.

La sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional es otro escándalo más que ya se anticipaba aquí de manera premonitoria en noviembre de 2018: “Con Bankia no se hará justicia porque la socialización de las pérdidas implica necesariamente borrar las huellas”. Con todo, lo peor ha sido leer en La Razónla reacción del exministro Ángel Acebes, el del 11-M, un señor con dificultades para hacer sumas simples elevado a la presidencia de la comisión de auditoría de la matriz del banco a razón de 1.000 euros diarios que le fueron cayendo como el maná sobre su cuenta corriente. “Siempre he estado completamente convencido de que esto iba a terminar bien”, ha dicho la reencarnación de Pinocho.

El fallo es un disparate que sostiene que no hubo delito por tres razones: por el aval de los supervisores del tinglado, esto es el Banco de España, la CNMV y el FROB; porque hasta el ya citado Acebes hubiera entendido el folleto de salida a Bolsa de tan clarito que era y que, según se dice, contenía información suficiente; y porque en el juicio no se acusó a los 34 del banquillo de actos concretos sino de actitudes genéricas. A falta de la apelación, así se solventa la mayor estafa de este país en toda su historia.

Lo de la información suficiente es para mear y no echar gota. En 2011 Rodrigo Rato, de los Rato y Figaredo de toda la vida, que sabía de primera mano lo que era hundir un banco porque ya lo hicieron su padre y su hermano con el de Siero, el Murciano y el de Medina, en el siglo pasado, tocaba la campana de la salida a Bolsa de Bankia. Meses antes, BFA (la matriz) había explicado a la CNMV que la nueva entidad gozaba de “un nivel global de solvencia y provisiones adecuado”. Y ya en 2011 Bankia declaraba un beneficio de 309 millones, “especialmente significativo” en palabras de Rato teniendo en cuenta “que la entidad ha respondido a todos los cambios regulatorios, ha protagonizado la salida a Bolsa más importante del año y ha completado la mayor fusión empresarial española”. Eso era lo que se dijo a los inversores, llamados al mismo tiempo a ser ‘bankeros’ y primos.

Pues bien, en mayo de 2012, certificado el hundimiento y ya con Goirigolzarri al timón, se reformularon las cuentas de 2011 y por arte de magia los beneficios de 309 millones se convirtieron en pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros. Y para resucitar a ese muerto tan saludable que atrajo a miles de pequeños accionistas hubo que inyectar 22.400 millones de euros de un rescate bancario que seguimos pagando a tocateja.

Y sí, en efecto, los supervisores institucionales, que habían mirado hacia otro lado por directrices políticas o por pura ineptitud, dieron su visto bueno, como lo hicieron auditoras y firmas de inversión, una de ellas, Lazard, que había metido en nómina al propio Rato y que luego se cobró el favor con intereses. ¿Que qué dice la sentencia de los avisos de uno de los inspectores del Banco de España en los que alertaba de la ruina que se envolvía en celofán? Pues que carecían de importancia porque los informes oficiales del regulador ni los mencionaba. En definitiva, que se puede manipular la realidad conscientemente si hay un interés superior, una decisión política de vender pescado podrido aunque el olor tire de espaldas.

Así que, en opinión de la Audiencia, no se engañó a nadie pese a que sus colegas de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se han hinchado a fallar contra Bankia con el argumento de que el folleto informativo con el que salió a Bolsa reflejaba una situación de solvencia que era irreal. “Resulta obvio que si hubieran sabido que el valor real de unas acciones que estaban comprando a 3,75 euros era, apenas un 1% del precio desembolsado, no habrían comprado en ningún caso”, se afirmaba en alguna de estas sentencias. El propio banco abrió en 2016 un proceso extrajudicial para devolver el dinero a los inversores minoristas que compraron acciones en la salida a Bolsa y, de paso, ahorrarse, las costas de los procesos. A ello destinó casi 2.000 millones y, a tenor de lo fallado ahora, los nuevos gestores hicieron el canelo.

La estafa, que a juicio de la Audiencia no es tal, no tuvo como damnificados solo a los que compraron títulos de la entidad y que, como se ha explicado, fueron resarcidos años después. Víctimas de Bankia y del rescate que, en vez de dirigirse a los afectados por la crisis se usó para salvar de la quiebra a ese sistema financiero que eran muy sólido, poco líquido y bastante gaseoso, fuimos todos: los trabajadores que perdieron su empleo y se quedaron sin subsidios, los estudiantes que dejaron de serlo porque no pudieron pagar las tasas, los que tuvieron que emigrar para buscarse la vida, los dependientes a los que se privó de asistencia y los enfermos a los que se negó tratamiento porque era muy caro, por citar solo algunos ejemplos. Desde ayer saben que en Bankia no hay culpables. Solo son cosas que pasan. ¿El mercado? No, es la Justicia, amigos.