Javier Doz, presidente Fundación 1º de Mayo

La crisis financiera y económica que estalló en 2008, cuyas muy negativas consecuencias seguimos padeciendo en España y en Europa, ha producido mucho desempleo, mucha pobreza y mucha desigualdad, los factores que más definen la injusticia social. Pero también ha venido acompañada de una reacción autoritaria que erosiona las libertades y derechos de nuestros sistemas democráticos.

En el actual renacimiento del autoritarismo han confluido, al menos, dos tipos de prácticas políticas. Por un lado, las que pretenden justificar la disminución o supresión de ciertos derechos democráticos -por ejemplo, la confidencialidad de las comunicaciones o el derecho a un juicio justo con garantías procesales- escudándose en la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional, en su actual versión de signo yihadista. Por otro lado, las que hacen del recorte de los derechos y libertades un instrumento para combatir la protesta social. Si las primeras no ocultan sus objetivos e intenciones, las segundas procuran hacerlo mediante un discurso mistificador, en ocasiones incluso estableciendo ficticios lazos entre la protesta social y el terrorismo

En ambos casos se da la circunstancia de que quienes preconizan o ejecutan estas prácticas de empobrecimiento de la democracia, o claramente antidemocráticas, son algunos de quienes más han contribuido con acciones y políticas equivocadas e injustas a favorecer el caldo de cultivo del terrorismo; o bien, a provocar un deterioro del bienestar de la mayoría y una más injusta distribución de la riqueza que justifican plenamente la protesta social.

No puedo dejar de pensar en los protagonistas de la foto de las Azores al reflexionar sobre la contribución de la insensata segunda Guerra de Iraq, y su no menos insensata posguerra, a la creación del Estado Islámico, que ocupa hoy buenas porciones de territorio en Siria e Iraq, y ha arrebatado a Al Qaeda el liderazgo del yihadismo internacional. No negaré que el yihadismo sea hoy una amenaza muy seria a todas las libertades y derechos, empezando por los de la población – musulmana, cristiana o de otras confesiones- de los territorios que ocupan y terminando por la negación del derecho a vivir y a expresarse libremente de los humoristas de Charlie Hebdo o los universitarios keniatas. Pero al yihadismo hay que combatirle mediante la coordinación internacional de la acción de los servicios de inteligencia, policiales y judiciales, y aún por medios militares si resulta imprescindible, pero siempre dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos. No se le combate con guantánamos o abughraibs. No se le combate aceptando dictaduras como la de Al-Sisi en Egipto mientras se racanea la ayuda económica al Túnez democrático. Estas conductas, incompatibles con los valores democráticos, refuerzan la capacidad del yihadismo para reclutar nuevos partidarios. Lo mismo que el fracaso de las políticas de integración social de la población de origen inmigrante en los países europeos. Tampoco es aceptable para la salud de nuestras democracias la creación de sistemas de espionaje masivo de las comunicaciones telefónicas y por Internet, como los que ha puesto en funcionamiento la NSA, según la muy documentada denuncia de Edward Snowden, y que, sin control alguno judicial o parlamentario, acaban utilizándose para el espionaje político e industrial de los países amigos.

Pero el principal motor de las nuevas formas de autoritarismo que nos ha traído la crisis económica es la tradicional actitud de la ideología más conservadora que pretende combatir la justificada protesta social –contra las consecuencias de la crisis y su nefasta gestión política, productora de pobreza y desigualdad– con medidas represivas que implican un evidente recorte de derechos fundamentales.

No es un fenómeno que se esté dando sólo en España, pero en nuestro país y bajo el actual gobierno está alcanzando cotas muy preocupantes. Una de sus peores expresiones es el ataque al principal instrumento que tienen los trabajadores para enfrentarse a los recortes sociales y la devaluación salarial: el derecho de huelga. El modo de hacerlo ha sido la reactivación de un artículo del Código Penal, el 315.3, que permanecía peligrosamente "dormido", utilizando la peor de las interpretaciones posibles, la que confunde la legítima actuación de los piquetes de huelga con un atentado al “derecho al trabajo”. Ni el Gobierno ni la Fiscalía general han querido responsabilizarse de la masiva puesta en práctica del nuevo enfoque, pero son incapaces de explicar cómo sólo ha comenzado a aplicarse dicha interpretación del 315.3 ahora, en las huelgas contra la gestión de la crisis. Cerca de 300 sindicalistas, la mayoría de CC OO y UGT, han sido procesados, y algunos condenados ya, con peticiones de hasta ocho años de cárcel. El PP se ha negado a derogar esta disposición legal concebida contra el derecho de huelga en la reciente reforma del Código Penal.

La reforma del CP y la Ley de Seguridad Ciudadana ("Ley mordaza") suponen a juicio de muchas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos un grave ataque a las libertades de expresión, reunión y manifestación. La ampliación de los supuestos de faltas y delitos, el aumento de la cuantía de las multas y de las penas, y la ampliación de los poderes del gobierno a costa de los que tenía el sistema judicial en numerosos supuestos, por actos relacionados con el ejercicio de tales libertades, difícilmente pueden tener otro propósito que el de actuar contra las protestas sociales y atemorizar a los potenciales participantes en las mismas.

A las reformas legales hay que añadir las constantes actuaciones gubernativas en contra de protestas justas y pacíficas que han sido reprimidas con detenciones, identificaciones y multas. En el caso de los desahucios se pone de manifiesto el descarnado funcionamiento de un sistema injusto que quiere protegerse reforzando el autoritarismo: los bancos que provocaron la crisis y fueron rescatados con nuestro dinero promueven la pérdida de la vivienda de aquellos a los que dejaron sin empleo y que el Estado, por supuesto, no rescata; y a quienes se resisten civilmente a los desahucios se les detiene y multa gubernativamente, o se les procesa.

Entre las amenazas varias que afectan al mundo de la cultura y la comunicación, no podemos dejar de mencionar una que nunca ha quedado bien resuelta en democracia: la injerencia de los gobiernos, nacional y autonómicos, en el control de las televisiones públicas para ponerlas a su servicio en contra de la libertad y el pluralismo de la información a los que tienen derecho la ciudadanía que las financia.

De todas estas cosas se va a hablar el 23 de abril, a partir de las 19 horas, en los locales de Comisiones Obreras de Madrid de la calle Lope de Vega 38, en un acto organizado por la Fundación 1º de Mayo. En este año de elecciones, desde diversas plataformas sociales y políticas deberíamos contribuir a que la cuestión del deterioro de los derechos y libertades democráticos entre de lleno en el debate electoral y a lograr de los partidos políticos compromisos para la derogación del artículo 315.3 del CP y de la Ley de seguridad Ciudadana.

La respuesta democrática a la protesta social no debería ser otra que la promoción de la justicia social y la igualdad. El aumento de la desigualdad fue un factor determinante en la formación de las burbujas especulativas financiera e inmobiliaria que condujeron a la crisis. Y la crisis está haciendo crecer tendencias políticas autoritarias, que se ven acompañadas por corrientes sociales xenófobas y racistas. Por eso la lucha por la libertad y la igualdad son, hoy, inseparables. Liberta e igualdad deben completarse con la solidaridad, versión moderna de la “fraternidad” que completaba la tríada de grandes objetivos de la Revolución francesa. Hay que actuar decididamente para combatir las peores consecuencias que la crisis económica y su mala gestión política han producido: el desempleo y la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad. Pero hay que hacerlo reforzando, además, los derechos y libertades de la ciudadanía, y promoviendo los mayores niveles posibles de participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.