Bajo este título, Mao Tse Tung redactó un artículo, publicado en el diario Remin Rimbao, en junio de 1966, en el que llamaba a los militantes a sublevarse contra el Comité Central del Partido Comunista Chino. Aquel texto fue el punto de partida de lo que luego se conocería como la Revolución Cultural que convulsionó Pekín hasta la caída en desgracia de Lin Piao. Desde aquella fecha, nunca se había vuelto a producir una situación análoga en otra organización política, hasta este último fin de semana en Madrid. La decisión de Sánchez de apelar a los militantes socialistas para que den su opinión sobre un posible pacto de gobierno progresista del PSOE con Podemos e IU, llama a la base a movilizarse para imponer un veredicto, probablemente favorable, a un Comité Federal muy hostil con ese pacto. Como ocurrió en el precedente chino, el secretario general intenta apoyarse en los votos de los 190.000 miembros de su partido contra la mayoría de los 250 componentes del Comité Federal. El derecho a decidir es ya una realidad en el PSOE.

Al igual que Mao Tse Tung, que hizo pública su apelación nada más quedar en minoría frente al resto de los burócratas directivos, Sánchez anunció la consulta al comprobar cómo la burocracia de Ferraz adelantaba la fecha del 39 Congreso a mayo, con la intención manifiesta de sustituirle en la secretaría general. Cuando la mayoría contraria al pacto progresista celebraba su victoria, que iba a permitir nombrar un nuevo candidato antes de la posible convocatoria adelantada de elecciones, se encontró con la propuesta envenenada de Sánchez imposible de rechazar. De esta manera, la polémica sobre el quién ha derivado en la discusión sobre el qué. Dicho de otro modo, si la consulta previa al inicio del Congreso desemboca, como parece bastante previsible, en un sí a un Gobierno basado en once millones de votos, sería prácticamente imposible que el 39 Congreso sustituyera al actual secretario general. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto.

Se inicia ahora la batalla sobre la negociación de este pacto progresista. Tan fundamental es lograrlo para Sánchez como imposibilitarlo para sus compañeros de partido. Coherente con su finalidad, el comité federal deja un estrecho margen de maniobra al actual secretario general. Excluye el voto de los independentistas, como si un candidato pudiera impedir que le voten, a la vez que pide el voto de Ciudadanos –tanto o más neoliberal que el Partido Popular– como compañero de viaje de la socialdemocracia de Podemos. La conclusión es obvia: sólo sin acuerdo cabe la suspensión de la consulta que tanto alarma a los intereses creados, temerosos de que el PSOE, Podemos e IU puedan acordar un Gobierno de progreso. El espectáculo es cainita. Nunca se había visto a la burocracia de un partido oponerse con tanto ahínco a que gobierne su propio secretario general. El firme reto de Sánchez, con independencia de cómo termine, los deja en evidencia. Su problema es que se ve cogido en una pinza entre PP-C's y su propio Comité Federal.

La consulta, además, quiebra la columna vertebral sobre la que se ha sostenido el PSOE desde el XXVIII Congreso, celebrado en mayo de 1979. En aquel año, González, pese a haber sido derrotado en la votación sobre el marxismo, se impuso sobre los militantes tras un amago de dimisión táctica que inauguró el caudillismo en el PSOE. Mucho más tarde, también derrotado por los guerristas en el congreso celebrado en 1991, proclamó que se gobernaba desde la Moncloa y no desde Ferraz. Es fácil imaginar la convulsión que debe haber suscitado en los habituales de las puertas giratorias la lectura del revelador editorial contra Sánchez de ayer, domingo, en el diario El País.

Asistimos a un proceso intenso de cambio en el socialismo, que va a la par con el que se desarrolla en la sociedad española. Es un hecho importante, por cuanto, hoy por hoy, sin Ferraz no puede gobernar la mayoría política que acaba de vencer en las recientes elecciones. Probablemente no será así mañana. Pero qué duda cabe de que es más eficaz hacerlo con Ferraz que sin Ferraz. No obstante, la última palabra la tienen los militantes socialistas, si es que les dejan pronunciarse dentro de tres meses.