Cayetana de Borgoña tenía veintiún años y padecía leucemia. Era solicitante de asilo y su vida dependía de que le hicieran un trasplante, pero el Servicio Madrileño de Salud le dio de baja del sistema informático y los médicos del hospital se encontraron con la imposibilidad de operarla, por mucho que les pesara un veto burocrático que perciben inmoral y que les impide cumplir con su juramento hipocrático como pretendían. También se le está negando el tratamiento a José María Ponce de León, un niño de solo siete años que tiene una enfermedad en la sangre letal y necesita un trasplante de médula. A Federico de Usía le interrumpieron el tratamiento y control de una enfermedad infecciosa tan grave como el VIH.

Estos casos que he citado son reales, los nombres no. Sus verdaderos nombres traerían con ellos ecos de los Andes, del Caribe o del Golfo de Guinea y si los he cambiado por estos otros tan castizos ha sido en un afán provocador. Como abogado me ha tocado representarlos y luchar para que una jueza (son mayoría las mujeres en la judicatura española) les reconozca un derecho que la administración debiera conceder sin trabas. No en vano, la vuelta de España al sistema de sanidad universal fue una de las primeras medidas que el Gobierno presuntamente tomó nada más llegar a la Moncloa, en esa declaración de intenciones que todos los nuevos inquilinos del palacio hacen gritando al pueblo desde el balcón que ellos sí que van a cumplir sus promesas.

Tras ese grito a favor de la universalidad de la sanidad, y aunque sorprenda, muchísimas personas siguen quedando fuera del sistema del que depende su vida. Porque hay más supuestos, miles de ellos. Todas las semanas se deniega o retrasa el reconocimiento del derecho a personas que necesitan una consulta, un diagnóstico, un tratamiento. El próximo caso que afronto es el de un menor víctima de abusos sexuales al que niegan asistencia y seguimiento, casi nada.

La paradoja es que con el Real Decreto que se denominó de exclusión sanitaria (año 2012), el que promulgó el Gobierno de Mariano Rajoy, había supuestos cubiertos explícitamente, como el caso de los menores o de las mujeres embarazadas, que ahora con el Real Decreto de (supuesta) Sanidad Universal del Gobierno de Pedro Sánchez (año 2018) no quedan salvaguardados. Les advertimos expresamente de ello y por desgracia no nos equivocamos. Los menores extranjeros no tienen asegurado el acceso al sistema público de salud, a pesar de que obliguen a ello el Convenio de las Naciones Unidas de los derechos del niño y la Ley Orgánica de protección jurídica del menor. La mala técnica legislativa del Real Decreto de Sánchez tampoco cubre explícitamente, como sí hacía el anterior, la asistencia durante el embarazo, el parto y el postparto con carácter universal y por ello también hay casos de exclusión. Otro supuesto que ahora ya tampoco se garantiza es el de la asistencia de urgencia hasta el alta.

¿Cómo es posible esto? Discúlpenme si en las siguientes líneas me centro en la Comunidad de Madrid, pero como abogado es donde ejerzo y ésta es la casuística que conozco en primera persona; aunque tengo noticias de que sucede más o menos lo mismo en otras comunidades, y no sólo gobernadas por el P.P.

En principio todo pareciera encajar: un Gobierno progresista, el estatal, reconoce derechos sociales mientras un gobierno conservador, el de la CCAA de Madrid, intenta restringirlos. Pero no nos debemos llevar a engaño, lo que en las declaraciones y ruedas de prensa es enfrentamiento en valores, en el mercado negro del extraperlo jurídico es colaboración y frente común, perpetrado con mala técnica legislativa y peor intención política.

De esta forma se descubre que el Ministerio de Sanidad no tenía una verdadera intención de otorgar un derecho a la sanidad universal de forma plena. Una vez recibidas las ovaciones por ese gol cultural en forma de portadas de periódicos y declaraciones; cuando los focos no lo iluminaban ya, dejó en la vitrina el trofeo y se manchó las manos de tinta para dictar desde las sombras unas “recomendaciones” a las Comunidades Autónomas que iban contra el tenor de su propia Ley, agregando de forma irregular requisitos para el acceso al sistema sanitario. Era el año 2019 y ni siquiera el R.D. llevaba un año en vigor.

Muchas comunidades autónomas aceptaron el regalo. Es lo que nos ha llevado a esta absurda y paradójica situación en la que, cabe insistir en ello, el R.D. llamado de exclusión sanitaria, el de Mariano Rajoy, aseguraba el derecho a la sanidad en alguno supuestos que ahora se cuestionan.

Jurídicamente la situación es muy criticable, de hecho, hemos ganado todos los casos que hemos llevado a tribunales, alguno por desgracia demasiado tarde.

Y es así como en España seguimos sin un sistema universal. Igual que se está embarazada o no, pero nunca un poco embarazada ,el sistema sanitario no puede ser universal si deja a alguien fuera de él. Ontológicamente no es posible, no puede existir un sistema de salud solo un poco universal.

La cuestión es que la forma en que se ha excluido a diversos colectivos del derecho a la asistencia sanitaria es muy burdo. Cada asignatura de la facultad de Derecho comienza el curso con el profesor hablando de las fuentes del Derecho de su materia. Básicamente esto de las fuentes significaba estudiar los tipos de normas habían en el sector: Ordenes, reglamentos, Reales Decretos, Leyes orgánicas…. Hay un sinfín, pero nunca nos enseñaron esa de las “recomendaciones” porque no es norma aquella que no tiene capacidad vinculante.

El Ministerio de Sanidad eligió dictar unas recomendaciones para el procedimiento de reconocimiento del derecho a personas en situación irregular, porque sabía que las competencias son de las CCAA. So pretexto de armonizar el procedimiento y que sea homogéneo en todo el Estado, dicta unas “recomendaciones” que no tienen valor de norma y cuyo contenido es contrario a la Ley desde el momento que añaden requisitos y dificultan, en lugar de facilitar, el acceso a la sanidad para personas extranjeras.

Las recomendaciones fueron metidas en una caja, envueltas con un lazo raso y una nota que decía “tú sabrás como utilizarlas, ya me entiendes” y entregadas a cada consejero de salud a la salida de una reunión de la Dirección General del Ministerio presidida por Patricia Lacruz Gimeno.

Y de esta forma es como un día nos encontramos en una sala de un juzgado escuchando como el representante del SERMAS argumentaba que si no operaban a José María, de siete años y con una enfermedad hematológica letal, era porque estaban aplicando las Recomendaciones del Ministerio.

En cuestiones sanitaria me sorprendo de los extremos a los que estamos llegando. Una pregunta que vengo haciéndome desde que pasamos el confinamiento es cómo es posible que después de la pandemia, en la que se ha mostrado de forma tan palmaria y evidente lo necesario que es la salud comunitaria y la importancia de las dotaciones públicas, hayamos asistido a un ataque y recorte tan fuerte a nuestro sistema público de salud. Solo me lo logro explicar desde la doctrina del shock, esa que dice que a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, y ante la conmoción y confusión que provocan, se puedan hacer reformas en contra de la población. Y todo ello con un gobierno supuestamente progresista.

En las próximas semanas tienen (tenemos) una extraordinaria ocasión de empezar a arreglar la situación.

El primer asalto por la Sanidad Universal que tenemos en fechas próximas se juega en los tribunales. Este jueves 11 de mayo se reúne la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para votar sobre una sentencia cuya ponente será la magistrada María Dolores Galindo Gil. El Tribunal tiene que decidir si declara la (para nosotras patente) ilegalidad de la aplicación por la Comunidad de Madrid de las “recomendaciones” que les proporcionó el Ministerio, y que son las utilizadas para fundamentar los supuestos de exclusión sanitaria.

El otro combate por la Sanidad Universal está previsto que se juegue en alguno de los próximos Consejos de Ministros. Se ha de decidir el texto que aprueba el anteproyecto de ley sanitaria. Es la forma de convertir en Ley el R.D. 7/2018 que proclamó la vuelta de la sanidad universal en España y una oportunidad de enmendar errores. No nos hacemos ilusiones, porque lo que nos ha llegado de forma oficiosa es que lejos de arreglar las disfunciones del sistema, lo que podría ocurrir es que se legalizara la práctica que (entre otras) la Consejería de Salud de Madrid realiza dando rango legal a las trabas para el acceso que, de forma cuestionable, está practicando el gobierno de Ayuso, entre otros.

Si así lo hacen, y si me permiten la expresión, el PSOE va a seguir sosteniendo el cordón sanitario en materia de Sanidad del lado de VOX y del PP.

Espero equivocarme, que corrijan errores y que de esta forma se vengan al lado correcto del cordón en el que estamos las que defendemos que cualquier persona en España tiene derecho a la vida, a la salud y a la integridad física.