En la década de los 70, un familiar mío, funcionario del entonces Ministerio de Información y Turismo, se llevaba a casa el trabajo que no hacía en su oficina, y por el que cobraba un sobresueldo. Se trataba de dar salida, fuera de la jornada oficial, mediante un incentivo, a los expedientes sancionadores de la hostelería que estaban a punto de prescribir... porque los mismos funcionarios no daban abasto en su jornada natural. Parecía una pura metáfora sobre el funcionamiento de la empresa pública y la privada, de los incentivos a la producción, de la seguridad en el puesto de trabajo.

El funcionario no ha tenido nunca buena prensa, a pesar de ser la columna vertebral de las naciones, el engranaje que hizo posible la administración y el mantenimiento de grandes imperios. Y sin embargo, todo el que alguna vez en su vida ha debido pasar por una ventanilla tiene una cuenta pendiente con un funcionario que consideraba que sonreír o incorporar una palabra amable a su vocabulario no estaba incluido en su sueldo. Siempre tuve dudas sobre quién odiaba más a quien, si el funcionario a su público que tanto le incordia o el público al funcionario al que tanto teme.

En la CEOE, ese lugar donde habita gente graciosa y ocurrente donde las haya, han apuntado la necesidad de que los futuros funcionarios se rijan por un régimen laboral similar al de la empresa privada (pongamos como la de Díaz Ferrán), con remuneraciones variables y posibilidad de despido. Sé que medio país vengativo estaría encantado con saldar así alguna deuda pendiente personal, pero me temo que no sería una buena idea.

Porque, como mal ejemplo, ya existe la figura de los cargos de libre designación y espléndido sueldo que con tanto desparpajo utilizan en su favor los partidos políticos en el poder para comprar voluntades y pagar favores. ¿Os imagináis al alcalde de Valladolid de jefe de personal, en un examen (oral) de morritos a sus secretarias?