EL FUTURO INCIERTO DE LOS TERRITORIOS OLIVAREROS ANDALUCES

Teresa García Azcárate, Dra. Ingeniera Agrónoma, responsable del área de Medio Rural y Medio Ambiente de Podemos Andalucía.

El olivar es el cultivo que ocupa más superficie en Andalucía, que genera más jornales y que más aporta a la producción agraria y a la exportación agroalimentaria. Da origen a un paisaje, una gastronomía y un patrimonio inseparables de la identidad andaluza. Las cifras son contundentes: 1,5 millones de hectáreas, 20 millones de jornales en campaña, a los que se suman los de la industria transformadora, 309 municipios “olivareros”...

España es gracias a Andalucía el primer productor mundial de aceite de oliva y de aceituna de mesa y el primer exportador. Andalucía aporta el 82% de toda esa producción, y concentra el 50% de toda la industrial sectorial. A pesar de esas fortalezas indudables, nuestro sector y nuestros pueblos olivareros, tan fundamentales para nuestra cohesión social y territorial, tienen un futuro incierto. Son muchas las sombras y amenazas que se ciernen sobre ellos y muchos los problemas a los que es necesario hacer frente.

El primero de esos problemas, al que no hace ni una sola mención ni la Ley del Olivar Andaluz , ni el Plan Director del Olivar recientemente aprobado este último, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Decreto 103/2015 de 10 de marzo), es el del empleo, o mejor dicho, el del desempleo.

La provincia de Jaén, olivarera por excelencia, es la provincia andaluza con menor tasa de actividad y la segunda por su tasa de paro detrás de Cádiz. En el sector agrario, Jaén se sitúa en cabeza, con un 59% de paro, seguida de las otras provincias más olivareras, Córdoba (50,6%), Málaga (49%) y Granada (47,3%), todas por encima del alarmante 44,4% de desempleo agrario promedio en Andalucía. Más allá de esas cifras, lo que pocas veces se menciona al hablar del empleo generado por el olivar es su carácter fuertemente estacional. La mayor parte de ese empleo se concentra en unos pocos meses, los de la recolección. Sólo la existencia del PER y del subsidio agrario ha permitido mantener durante años el “ejercito de reserva” que requiere el olivar, sustituido por miles de emigrantes cuando la construcción, con mejores sueldos durante más meses al año, drenó una buena parte de los trabajadores agrarios fuera del sector. La crisis acabó con ese espejismo, y hoy los pueblos olivareros están de nuevo llenos de hombres y mujeres esperando la campaña de la aceituna para echar unos jornales. Esa situación de desempleo “estructural” se ve ahora agravada por el proceso imparable -y necesario- de mecanización de las explotaciones más productivas, que son las que más mano de obra asalariada contratan.

La reducida dimensión de la mayor parte de las explotaciones olivareras – el 58,8% tienen entre 1 y 5 hectáreas y el 76,2% menos de 10 hectáreas -; el envejecimiento de los titulares de explotación -uno de cada cuatro tiene más de 64 años, tres de cada cuatro más de 44 años - y el complicado relevo generacional; la escasa rentabilidad de una gran parte de las explotaciones y el elevado peso de la titularidad a tiempo parcial; la dependencia de las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que aporta para el conjunto del sector el tercio de los ingresos de las explotaciones; los graves problemas de pérdida de suelo y erosión que afecta a una buena parte de la superficie; la amenaza de plagas y enfermedades contra las que es cada vez más difícil y más costoso defenderse, como la amenazante Xylella fastidiosa. Todo ello plantea serios interrogantes sobre el futuro del sector desde el punto de vista de la producción agraria.

No menos graves y preocupantes son los problemas que afectan a la industrialización y comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, con precios al consumidor muchas veces por debajo de los costes de producción y las dificultades de las cooperativas agrarias – con algunas notables excepciones- para dar el salto al mercado consumidor, con marcas que sitúen al aceite andaluz en el sitio que le corresponde por volumen y calidad. Resulta difícil de entender que todavía hoy, siendo como somos el primero productor mundial, tres de cuatro kilos de aceite exportados se vendan a granel para comercializarse luego bajo marcas italianas.

Las soluciones a esa problemática social, económica y medioambiental no son simples, y requieren la puesta en marcha de una estrategia territorial que combine la atención a los problemas del sector olivarero, como hace la Ley 5/2011 del olivar de Andalucía, con la mejora de las condiciones de vida en los pueblos olivareros y la puesta en marcha de un contundente plan de empleo. Pero sobre todo y en primer lugar, requiere de un amplio debate social y de la implicación y participación de toda la población del territorio olivarero, una implicación y participación también llamativamente ausentes del Plan Director del Olivar de la Junta de Andalucía.