Miguel Urbán, Isabel Serra y Víctor Valdesco

Si hay una idea que en los últimos tiempos ha puesto de acuerdo a la inmensa mayoría de la comunidad educativa, y a buena parte de la sociedad, es la pésima gestión de actual Ministro, José Ignacio Wert. Responsable de la subida de las tasas en la Universidad decretada en 2012, representa un modelo educativo pensado para las élites y que ha generado una marea social de protesta que pasará a la historia por su masividad. Sin embargo, la última vuelta de tuerca de este particular Ministro ha sido el pasado mes de diciembre durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados donde presentó una nueva reforma conocida como “3+2” (https://bit.ly/1zItPZL) y que el viernes pasado fue aprobada en el Consejo de Ministros, consistiendo en la reducción a tres años de grado y la ampliación de dos años de máster.

Con la implantación del Plan Bolonia se puso fin a las licenciaturas, el ciclo universitario pasó a ser de cuatro años para el grado y uno para el máster, y ahondando en esa lógica, nos encontramos tres años de grado y dos de máster. Pero la reforma es parte de un proceso que ha venido marcado por un fuerte ascenso de tasas, hasta el punto de que un máster de dos años en una universidad como la UCM pueda costar cerca de 9000 euros.

El objetivo de la reconversión de la universidad que las élites europeas pusieron en marcha en los años 90, es parte del proceso de creación de la Unión Europea que vino de la mano de Maastricht. El escenario de desigualdades centro-periferia sobre las que se asentó la nueva arquitectura europea es el mismo en el cual se iniciaron los cambios en la universidad: las universidades –entre ellas muy desiguales- tenían que pasar a competir entre ellas para obtener mejores puestos en los rankings de calificación.

Con la crisis y las políticas de austeridad puestas en práctica por los gobiernos de PP y PSOE la deuda de las universidades públicas llegó a niveles insostenibles. Esta situación fue aprovechada por sus responsables para recortar personal universitario y privatizar servicios. Las tasas subieron como la espuma y las becas se redujeron bajo el pretexto de la competitividad y la meritocracia.

Este nuevo decreto conlleva un incuestionable empeoramiento de la calidad de la formación universitaria. Convierte las carreras en bachilleratos y los masters en carreras. Pero la pretensión va más allá: el precio desorbitado que tienen ya hoy las matrículas limita el acceso de los estudiantes al postgrado. La consecuencia es una vuelta de tuerca en la adaptación de la universidad a los requisitos de un mercado laboral cada vez más precario, flexible y sin derechos. La universidad cada vez es más una institución que reproduce las desigualdades y la exclusión social: Quien pueda costearse el postgrado tendrán un mejor futuro que la mayoría de estudiantes que no podrán hacerlo, sobre todo sin expectativas de encontrar un empleo que proporcione bienestar económico. La última pieza en este puzzle son llamadas las becas-préstamo, créditos con un 5% de interés ofrecidos por ejemplo, por el Banco Santander a aquellos estudiantes cuya renta no les posibilite para pagar la matrícula.

Vivimos tiempos contradictorios: los jóvenes nos encontramos en una de las peores situaciones para movilizarnos dentro y fuera de la universidad, y sin embargo, la oportunidad de transformación está más abierta que nunca. Tampoco el movimiento estudiantil atraviesa su momento más dulce, y sin embargo, la irrupción del 15M hace casi un lustro nos permitió imaginar un futuro donde la precariedad y el exilio no fuesen parte de nuestro futuro. Aún así, el movimiento estudiantil continúa resignificando las experiencias pasadas para convertirlas en el empuje que pueda constituir, previsiblemente, un zarpazo a la aplicación de las reformas.

El derecho a estudiar se conquista proponiendo un modelo educativo por y para la gente, rechazando el decreto ‘3+2’ y apostando por democratizar la educación que nos han arrebatado para convertirla en un bien común. Este es el impulso que nos lleva a compartir los objetivos planteados por la iniciativa “referéndum 3+2” que del 10 al 12 de marzo se llevará a cabo en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid para garantizar que la voz de la comunidad universitaria se escuche también en el debate público. Este 2015 es un año clave y un momento donde articular un movimiento estudiantil potente, que resista a las reformas y que conquiste derechos. No nos sirve una marea defensiva, nos sirve un ‘tsunami’ que recupere la educación pública, que expulse a rectores cómplices de la venta de los campus, que destituya a Wert y que inscriba la lucha por lo público en el proceso constituyente que está por venir.

No nos caben dudas. Estamos convencidas de que no hay peor enemigo que la resignación y comenzar a invertir la ruta para que el movimiento estudiantil sea el protagonista que entone el próximo “si se puede”.