En las elecciones catalanas de 1999, Pasqual Maragall, al frente del PSC, ganó por apenas cinco mil votos, pero perdió frente a CiU de Jordi Pujol por cuatro escaños.

Los socialistas catalanes no sumaron con ERC e ICV mayoría absoluta, y Pujol gobernó en minoría durante sus últimos cuatro años gracias al PP.

En 2003, Maragall ganó de nuevo en votos, pero perdió también en escaños frente a Artur Mas, que había relevado a Pujol como cabeza de cartel de CiU.

Sin embargo, el PSC completó una holgada mayoría absoluta con ERC e ICV, y Maragall, por fin, se convirtió en el primer president socialista de la Generalitat desde la restauración democrática.

En 1999, a nadie se le ocurrió ni siquiera plantear que Maragall tomara las riendas de la Generalitat al ser más votado. Pujol, pese a no serlo, logró la investidura al conseguir el apoyo del PP, que, a la postre, prolongó cuatro años de pujolato repleto de corrupción.

Las reglas de juego eran las que eran, y, democráticamente, todos los partidos las aceptaron.

Hace unos días, en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que agrupa a Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena y Castellar, ha ocurrido algo insólito en términos democráticos.

El PP, que era el partido más votado pero con dos escaños menos que el PSOE, forzó un empate en el Pleno de constitución, gracias al apoyo del PA y a unos independientes de La Línea, con el frente de izquierdas que los socialistas lograron formar con Podemos e IU: 16 a 16.

Para impedir que la candidata socialista fuera nombrada presidenta de la Mancomunidad en la segunda votación –los estatutos de este ente supramunicipal establecían que lo sería sin ningún género de dudas- planteó minutos antes una reforma de los estatutos para que su candidato pudiera ser elegido presidente como representante del partido más votado.

Gracias al apoyo de secretario general de la Mancomunidad, que se prestó a tamaño enjuague sin el más mínimo pudor, y al voto de la calidad de la presidenta de la Mesa de Edad, del PP, claro –sí el voto de calidad de la presidenta de la Mesa de Edad-, modificaron los estatutos sin ni siquiera someterlo a exposición pública y consumaron la tropelía.

Este caso no es muy relevante porque la institución en cuestión es una entidad insignificante y desprestigiada, que solo ha servido como cementerio de elefantes para el PP y el PSOE, que han colocado alternativamente a los suyos.

Y, finalmente, la Junta Electoral Central, que cuenta con una jurisprudencia clara en casos similares, acabará arreglando este pucherazo electoral sí o sí. O si no, lo harán los tribunales de Justicia.

Pero sí es importante porque el PP, que se ha autoproclamado garante de la legalidad y de la Constitución para frenar el secesionismo catalán, ha demostrado con esta actuación que es capaz de pasarse la legalidad por el forro de los pantalones.

Para más inri, dirigentes del PP campogibraltareño han difundido por tierra, mar y aire que este proceder contra la legalidad está avalado por Madrid, que quería impedir por todos los medios que la candidata socialista, firme defensora del diálogo vecinal con las autoridades de Gibraltar –algo que siempre ha defendido el PSOE desde los tiempos de Felipe González-, alcanzara la presidencia de la Mancomunidad. ¿Quién es Madrid? ¿Quizá Cospedal? ¿Quizá García-Margallo? ¿Quizá Fernández Díaz? ¿Quizá Mariano Rajoy?

En fin, para echarse a temblar el 27-S ante tanta finura democrática de estos garantes de la legalidad.