Gastar más, pero gastando bien: un reto ineludible para España

La Unión Europea se ha equivocado en los últimos años imponiendo políticas restrictivas (mal llamadas de "austeridad") para hacer frente a las crisis y al endeudamiento. La experiencia ha demostrado claramente que así se frena la generación de ingresos y que la deuda, en lugar de disminuir, aumenta. Eso sí, en beneficio de la banca y de los países del norte, lo que indica que el "error" no sólo tiene causas sino también este propósito claro.

Sin embargo, en Europa llevan razón quienes denuncian que en España el dinero público no se gasta con la eficacia debida.

Eso es verdad y es algo que deberán tener muy presentes los gobiernos que apliquen los fondos europeos de recuperación recién aprobados.

La historia del gasto público gestionado por los gobiernos del PP, del PSOE y de la derecha nacionalista es una historia llena de despilfarros y de ineficacias con las que hay que acabar. Y hay que decirlo sin miedo: la condicionalidad europea que esté orientada a a tomar medidas para combatir estos defectos debe ser muy bienvenida.

A mi juico, hay varias vías por las que se vienen dilapidando los recursos públicos en España y que requieren que se actúe con valentía, efectividad e inteligencia y a la mayor brevedad.

• La corrupción minorista: es la que protagoniza, sobre todo, la clase política y también mucha gente corriente: comisiones, gastos innecesarios, lujos injustificados, fraude fiscal a pequeña escala... La primera es vergonzosa (¿habrá un desprestigio más grande para la Marca España que haber tenido un Jefe de Estado comisionista, corrupto y, además, inviolable) porque la llevan a cabo las personas que se supone que actúan para servir a los intereses generales y no para enriquecerse. Y la segunda es nefasta porque refleja una cultura arcaica y egoísta que frena la creación de riqueza y progreso. De esta corrupción al por menor es de la que más se habla y la que se suele presentar como la única existente o más importante. Se dice constantemente que hay que bajar sueldos de políticos, eliminar coches oficiales, suprimir instituciones... pero todo esto es el chocolate del loro. En unas ocasiones se trata de casos excepcionales y personales y, en general, supone una cuantía realmente minúscula por no decir que insignificante del dinero total que cuesta la corrupción. Hay que combatirla pero no fijarse sólo en ella sin contemplar la más importante.

• La corrupción al por mayor: es la que realmente representa una pérdida grandiosa de recursos, la que protagonizan los bancos que hacen todo lo posible para que las administraciones, las empresas y hogares se endeuden innecesariamente y en mayor medida, las grandes empresas que promueven inversiones innecesarias en beneficio propio (autopistas, puertos, aeropuertos...), las que abusan de su poder para ganar concursos que implican beneficios extraordinarios y que acaban con la competencia en los mercados y con el empleo decente, la evasión fiscal de las grandes empresas y fortunas, la contabilidad creativa que disimula beneficios o inversiones, o las millonarias ayudas ocultas y subsidios disimulados a los grandes grupos de poder económico.

En 2018, un estudio del Grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea del parlamento europeo cifró el coste total de la corrupción en España en 90.000 millones de euros al año; otro del Fondo Monetario Internacional en unos 60.000 millones anuales a causa del cobro de sobornos, de la complejidad y opacidad del sistema tributario, de la discrecionalidad de funcionarios, de grandes licitaciones irregulares, de su falta de transparencia o de la colusión entre los licitadores o de los cambios en los proyectos después de su adjudicación, ente otras. Y un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones concluyó que mejorar la calidad de las instituciones de las que depende el bueno uso de los recursos públicos permitiría que España registrase un aumento del 16% en el PIB per cápita durante un período de 15 años.

Es fundamental, pues, combatir este robo institucionalizado de los grandes poderes económicos, aunque esto sea algo muy difícil porque se trata, precisamente, de amarrar en corto a los grupos oligárquicos que mandan en España desde hace decenios y que, como la historia demuestra, están siempre dispuestos a cualquier cosa para mantener sus privilegios.

Ineficiencias autonómicas. Cueste lo cueste decirlo, no se puede seguir obviando que el actual diseño de nuestro Estado de las autonomía es una fuente de duplicidades e ineficiencias. La descentralización puede generar mucho ahorro cuando se hace bien pero también gran despilfarro si lo que se crea es una suma de administraciones que no se coordinan lo suficiente ni comparten servicios, ni políticas de ingreso y gasto. Es quizá algo de menor cuantía, pero que haya habido diecisiete autonomías comprando mascarillas cada una por su lado es una barbaridad, como lo es todavía más que tengamos otros tantos sistemas sanitarios o educativos. El deterioro de la situación sanitaria que se ha producido cuando los gobiernos autonómicos han recobrado la iniciativa tras el mando único frente a la pandemia es muy significativo.

Hay que coger al toro por los cuernos y abordar esta fuente de mal uso de nuestros recursos públicos sin necesidad de romper los equilibrios territoriales a los que obliga la naturaleza plural y diversa de nuestro Estado.

• Ayudas públicas que no ayudan y nos empobrecen. Es también imprescindible que se reformulen la políticas de ayudas públicas en España. No puede ser que grandes empresas o bancos que ganan miles de millones de euros reciban las prebendas que reciben de las administraciones o que las políticas sociales financien en mayor medida a la población con mayor nivel de renta, como no puede ser que el dinero público genere desincentivos para la creación de riqueza, cuando debe servir para todo lo contrario.

• Un sistema fiscal ineficaz e injusto. Aunque en buena medida forma parte de la corrupción al por mayor, la naturaleza de nuestro sistema fiscal merece ser considerada como una vía singular de despilfarro y de mal uso del dinero público. Es preciso reformarlo porque es posible que el Estado ingrese más con menos impuestos, simplemente persiguiendo de verdad el fraude que nos puede estar costando entre 25.000 y 60.000 millones de euros al año, mejorando el sistema de recaudación y creando nuevas figuras que respondan a la naturaleza de las actividades que hoy día protagonizan la economía y las finanzas.

• Servicios públicos mal financiados. La insuficiente financiación de los servicios públicos no ahorra; al final sale muy cara. Lo hemos visto en las comunidades autónomas en donde se han producido más recortes y más privatizaciones: las administraciones terminan gastando más y, como hay peores servicios, los hogares y las empresas han de dedicar más dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Los servicios son peores y más caros y, además, aumenta la deuda.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos esenciales propias del capitalismo de amiguetes que llevaron a cabo gobiernos del PP y del PSOE nos están costando miles de millones cada año y eso hay que ponerlo también sobre la mesa con toda sinceridad y claridad.

El mal uso del dinero público no es solamente una cuestión económica sino también cultural. Para evitarlo, es preciso que la ciudadanía sea consciente de que los recursos que se ponen a nuestra disposición no vienen de la nada, sino que son el resultado de la acción social y que es imprescindible que todas las personas asumamos nuestra vida en sociedad como una contribución a la tarea colectiva de satisfacción de nuestras necesidades, sin limitarnos a creer que todo nos va a venir resuelto.

Hacer frente a estas situaciones es fundamental, un reto ineludible para España. Aunque, en cualquier caso, no se debe olvidar que, como acabo de decir, gastar insuficientemente también es gastar mal. Por eso España, al mismo tiempo que debe hacer reformas para cerrar con urgencia estas vías de fuga de recursos públicos, debe poner un empeño especial en mostrar que las políticas de recortes de los últimos años, la estabilidad presupuestaria entendida como un fin en sí mismo, las injusticias fiscales y el desmantelamiento de lo público que se ha promovido e impuesto desde la Unión Europea es la principal fuente de pérdida de recursos y de mala gestión de los recursos públicos. Una cosa no quita la otra.

Combatir estas fuentes de despilfarro e ineficacia no es ni mucho menos fácil, como he dicho. Hace falta, en primer lugar, voluntad política de acabar con ellas y eso es complicado porque el mal uso del dinero público no se hace por casualidad, ni por gusto, ni siempre por incompetencia o por no saber hacerlo bien, sino porque hay quien se beneficia de ello y tiene poder para conseguir que se establezcan las condiciones necesarias para que siga existiendo, además, como si la culpa fuese de la gente corriente, es decir de quien, en realidad, sufre sus consecuencias.

Es por ello por lo que nunca habrá voluntad política de enfrentarse a estos problemas que he señalado si la ciudadanía no impone el debate público sobre sus causas y efectos y si no sanciona con rotundidad a quienes no contribuyan a combatir el cáncer de la corrupción y el despilfarro. Y para que eso sea posible es imprescindible que los gobiernos que de verdad estén comprometidos con esta tarea promuevan y difundan la información que permita que la gente corriente sepa lo que de verdad pasa, las consecuencias de gastar mal el dinero público y quién se aprovecha de ello.

Sólo con la presión ciudadana se podrá garantizar la transparencia, el control y la sanción que debe existir para que los españoles no tengamos que seguir avergonzándonos de quienes nos representan y gobiernan.

Con todos los inconvenientes que tiene, el reciente acuerdo europeo es una buena oportunidad para que un gobierno progresista sitúe este tipo de cuestiones sobre la mesa y con prioridad, para que ponga en entredicho a quienes en realidad actúan como cómplices de quienes se benefician de que el dinero público se gaste mal y para que haga propuestas eficaces que nos permitan avanzar por otro camino.