La insistencia del mensaje institucional sobre la enorme deuda que todos tenemos y la necesidad de que hagamos esfuerzos para costear 'la fiesta' ha llevado a muchos ciudadanos a organizarse para demostrar quiénes son los verdaderos responsables del desfase en las cuentas públicas.

Texto: Peggy Martinello. Ilustraciones: Emma Gascó.

“La utopía no es lo irrealizable, sino aquello que todavía no se realizó”. Michel Onfray

"¡No debemos, no pagamos!". Un lema corto, incisivo, que llega directamente a la ciudadanía. Pero como todo lema, es necesariamente simplificador: traza una línea recta entre un análisis inicial y una posible solución al problema de la deuda pública. En el camino quedan abiertas muchas reflexiones: sobre lo legal y lo legítimo; sobre la acción colectiva; sobre la soberanía y la democracia.

Estas reflexiones son las que abarcan las auditorías ciudadanas de la deuda. Pero, ¿qué son exactamente? Se trata de procesos colectivos mediante los cuales la ciudadanía decide recuperar su soberanía y analizar las decisiones públicas que condujeron a la deuda. El economista Daniel Albarracín, entrevistado por Números Rojos, las describe como “iniciativas populares que quieren conocer las políticas y presupuestos públicos, a diferentes escalas, para determinar la orientación y uso de los recursos públicos. Su objetivo es determinar si responde o no a razones legítimas la deuda acumulada por los poderes públicos, con el propósito de denunciar cualquier abuso”.

Pero más allá de un mero ejercicio contable, son procesos de investigación, concienciación y pedagogía social frente a la lógica dominante del “no hay alternativas”, que “bloquea el imaginario, la indignación y la crítica”, como relata el economista Jean Gadrey. Son nuevas formas de acción colectiva. Pero más que buscar respuestas, plantean preguntas.

¿Debemos pagar?

Esta es la cuestión neurálgica. La comparación moralizadora entre las deudas domésticas y las deudas del Estado tiende a despistar: afirma que, al igual que una familia, el Estado no debería vivir por encima de sus necesidades. Tendría que pagar. Pero existen dos grandes diferencias: en primer lugar, el Estado tiene que asegurar una serie de derechos fundamentales a la ciudadanía; y para ello debe realizar las inversiones necesarias. Puede existir una parte estructural y legítima de la deuda.

En segundo lugar, el peso de la deuda recae en los ciudadanos y ciudadanas, que la financian mediante sus impuestos (o los recortes). Por tanto, si no participamos directamente en la toma de decisión sobre las deudas contraídas, o si fallan los mecanismos de democracia representativa y de control, entonces se puede cuestionar la legitimidad de una parte de la deuda, al igual que su reembolso.

En España, la evolución de las cifras de la deuda pública es llamativa: entre 2007 y 2012, ha pasado del 36% a cerca del 75,9% del PIB (sept. 2012). ¿Qué parte de esa deuda podemos considerar “ilegítima”? Desde la "socialización" de las deudas privadas, contraídas por promotores, constructores, banqueros etc.; hasta las medidas que incrementan el déficit y obligan al Estado a buscar financiación en el mercado: exenciones fiscales, privatizaciones, concesiones de proyectos públicos a entidades privadas, etc. O los intereses de la deuda, que siguen agravando el déficit; o de las políticas que se adoptan para reducir la deuda y que también se pueden considerar ilegítimas: recortes sociales, subida de los impuestos indirectos, bajada de sueldo a funcionarios, etc.

Las auditorías ciudadanas responden también a una exigencia social y política: “Pensábamos que el pueblo soberano era la única comunidad de referencia del Estado, su único beneficiario y el único objeto de sus deberes. Pero nos damos cuenta de que el poder político no gobierna para los que le han otorgado su legitimidad, sino para otros”, indica el economista Frédéric Lordon. Las auditorías ciudadanas son, pues, un vector para impulsar la recuperación de esta soberanía, y para depurar responsabilidades políticas y judiciales. Para Albarracín: “permiten el empoderamiento de la población. Cuantos más grupos se involucren más difícil lo tendrán las clases privilegiadas y los políticos para orquestar sus operaciones ventajistas”.

En Europa, las iniciativas de auditoría ciudadana son relativamente recientes, pero se multiplican y empiezan a coordinarse. En España, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda reúne una treintena de grupos, asambleas locales, comisiones del 15-M y otros movimientos. Otros colectivos llevan más tiempo sensibilizando a la opinión pública: la red Quién debe a quién, Attac, CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo)… En Francia, el colectivo por una auditoría ciudadana ha conseguido 60.000 firmas, y ya se han creado cerca de 110 colectivos locales. Rivolta il Debito, en Italia, se ha sumado a la llamada.

Estas iniciativas pueden tener un alcance trasnacional, nacional o local. Según Daniel Albarracín hay que trabajar todos los niveles: “A escala internacional, la clave no solo es el intercambio de experiencias, sino la movilización unitaria, capaz de enfrentarse a poderes supranacionales. A escala estatal, la información sobre las políticas y el manejo de los presupuestos públicos nos da argumentos para cuestionar a los partidos y al sistema. A escala territorial, permite identificar fraudes y operaciones visibles para el vecindario”.

Pero también puntualiza: “El objetivo de las auditorías es fundamentalmente de naturaleza política. Afrontar esta operación como una operación de auditoría de empresa sería limitar su alcance. La crisis no se debe solo a estafas o corrupciones. La cuestión radica en la lógica del sistema que tienen detrás”.

¡Sí se puede!

Resignados y fatalistas dirán que las auditorías tienen poca trascendencia. Que para salir de la crisis tendremos que pagar. Que no hay alternativas… La historia reciente les quitará la razón. En los últimos 10 años, varias experiencias han demostrado que los ciudadanos pueden recuperar su soberanía. La experiencia más reciente es la islandesa. Allí, en 2010, las movilizaciones sociales forzaron al Gobierno a realizar un referendo sobre el plan de reembolso de la deuda. El 93% se pronunció en contra, impidiendo la socialización de las deudas privadas de los bancos.

En Argentina, tras la crisis de 2001, el Gobierno suspendió el reembolso de 65.000 millones de dólares. Los acreedores privados tuvieron que aceptar una pérdida del 65%. Consecuencia: Argentina no pudo volver a acceder a la financiación de bancos extranjeros, pero tuvo dinero disponible para crear empleos, subir los sueldos de los funcionarios y pagar las pensiones.

El ejemplo más llamativo llega de Ecuador. En 2005, el 40% de su presupuesto público estaba destinado al pago de los intereses de la deuda; y solo el 15% a gastos de sanidad y educación. De hecho, entre 1982 y 2006, la diferencia entre el dinero prestado y reembolsado era negativa. En 2007, tras llegar al poder, el presidente Rafael Correa encargó una auditoría de la deuda. Formó una comisión compuesta por 18 expertos (12 ecuatorianos y seis extranjeros) y cuatro instituciones públicas (Comisión Anticorrupción, Contraloría, Ministerio de Justicia y Ministerio de Finanzas).

Tras 14 meses de trabajo, esta comisión declaró que gran parte de la deuda era ilegítima. El Gobierno rechazó el pago del 70% de la deuda y volvió a comprar el 35% de su valor. En esta operación ahorró 7.000 millones de dólares y los invirtió en gastos sociales. En 2011, el porcentaje del presupuesto del Estado dedicado al reembolso de la deuda había bajado al 7,8%, mientras los gastos sociales subían al 25%. Como apunta Carlos Játiva, embajador de Ecuador en París, “Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Ya no está en venta”.

Eric Toussaint, presidente del CADTM y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Lieja, participó en esta comisión y afirma que el examen de las deudas en los países europeos, en particular la griega, sería más fácil porque existe más información y menos contratos con financiadores internacionales: “Grecia es un nuevo laboratorio donde se aplica la terapia del choque”.

¿Sería posible hacerlo aquí?

Según Daniel Albarracín, “Un escenario como el que desarrolló Correa en Ecuador no sería descartable si hubiera una correlación de fuerzas favorable para ello. Pero puede haber diferentes modelos de reestructuración de las deudas. No es lo mismo declarar un impago en base a una negociación entre las partes que, como resultado, dé que la caja pública está exhausta, como en Argentina, a que la reestructuración la defina el acreedor, como se realizó con el 50% de la deuda griega; o que se emprenda con la iniciativa del endeudado, como en Ecuador o Islandia.

Si se hace a iniciativa propia, la liberación de recursos que antes se destinaban a pagar la deuda permitiría impulsar la inversión y medidas de bienestar social prioritarias” ¿Qué consecuencias podría tener para la economía? Para Albarracín: “Los procesos de anulación de deudas han solido venir acompañados por un periodo de bloqueo de la financiación internacional. Pero este bloqueo nunca ha sido total, porque pueden buscarse vías de financiación con países amigos; ni permanente, porque al cabo del tiempo, si se inicia la recuperación, los capitales vuelven, como sucedió en México, Rusia o Argentina”.

Hoy, el escenario en España no parece favorable para avanzar en soluciones pactadas con la ciudadanía. Pero las movilizaciones pueden alterar la relación de fuerzas; y existen pistas de reflexión y de acción: el rediseño de la política fiscal, para hacer recaer el peso de la deuda en las clases sociales más favorecidas y las empresas que se han aprovechado de la crisis; la creación de un registro de poseedores de títulos, para indemnizar a las rentas bajas y medias; la renegociación de las tasas y del período de reembolso de la parte legítima de la deuda; o la creación de un marco legal para evitar que se reproduzcan los mismos errores (prohibición de socializar las deudas privadas, auditoría permanente de la deuda pública con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, etc.).

Todas estas propuestas coinciden en la necesidad de no hacer pagar la deuda a las clases medias. En 2010, el presidente islandés Ólafur Ragnar Grimsson, se alzaba en portavoz de muchos ciudadanos: “¿Se le puede pedir a la gente corriente que asuma la responsabilidad de la quiebra de los bancos privados? Esta pregunta va a ser clave para muchos países europeos”.

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