Muchas personas denuncian que para recibir una ayuda social le obligan a tener una cuenta bancaria, lo que conlleva el pago de comisiones a dicha entidad. Un pago, que en muchos casos, supone un perjuicio considerable en la maltrecha supervivencia del perceptor de la prestación. A pesar de que en la solicitud aparezca la opción de cobrar en ventanilla, la realidad, expresada por el usuario, es que para lograrlo tienen que poner reclamaciones lo que genera temor a que afecte al dictamen de la resolución. También hay trabajadores que no quieren que se especule con su dinero, algunos bancos utilizan el importe hasta seis días antes de ingresarlo en la cuenta del asalariado, o simplemente quieren tener derecho a elegir. El Estatuto de los Trabajadores así lo establece en su artículo 29 “Liquidación y pago” en el punto cuatro “El salario, así como el pago delegado de prestaciones de Seguridad Social, podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal, o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidad de crédito, previo informe al comité de empresa o delegado de personal”

Hay una desconfianza cada vez mayor en la Banca Privada, avalado por hechos como los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que habla de comercialización de fondos de inversión “no ajustados a la normativa vigente”; la denuncia interpuesta a once entidades bancarias por cobrar comisiones abusivas cuando se ingresa dinero en efectivo en una cuenta de otra persona o entidad por ventanilla, lo que implica que las entidades bancarias están cobrando dos veces por el mismo servicio, una al usuario que recibe el ingreso, que ya paga una comisión de mantenimiento anual de su cuenta, y otra a la persona que lo realiza; las multas multimillonarias a bancos por manipular tipos de cambio, como los 3.450 millones de euros interpuestos por los reguladores de EEUU, Reino Unido y Suiza a los bancos por no haber aplicado los controles internos necesarios para evitar que sus operadores pusieran los intereses del banco por delante de los de sus clientes moviendo las cotizaciones antes de que se fijase el tipo de cambio de referencia; las advertencias, desde Bruselas, de que España no cumplirá los objetivos de déficit público fijados para este año y siguiente siendo una de las razones principales que de las ayudas públicas destinadas entre 2008 a 2014 a la banca española no se recuperarán unos 46.000 millones de euros lo que representa el 4,4% del PIB pese a los sólidos beneficios, 5.460 millones de euros, que ha tenido la Banca Privada, según el Banco de España, en la primera mitad de este año; los onerosos sueldos, pagos y jubilaciones de sus directivos y asesores, por ejemplo el presidente de la Kutxabank cobra más en un día que el sueldo medio de un trabajador en un mes, el sueldo actual es de 800.000 euros anuales, Ana Botín, presidenta del Santander cobró 6,8 millones de euros en 2014 y Juan María Nin, expresidente de Caixabank recibió una indemnización de 15 millones de euros al dejar su puesto, pagos irregulares de la Banca Privada al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, a través de un despacho de abogados laboralistas, que según el aludido manifestó en el juzgado era una “ley no escrita que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años” y recientemente la connivencia detectada entre la mafia china liderada por Gao Ping y la Banca Privada de Andorra donde su consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats, era conocedor del origen ilícito del dinero y seguramente cooperador necesario del blanqueo dado que, según información publicada, recibía comisiones que oscilaban entre 500.000 y 600.000 euros.

Y podríamos continuar pero es inmensamente larga la lista de actuaciones y cobros que corroboran la enorme desconfianza de la ciudadanía con la Banca Privada. Nos sentimos estafados. El Código Penal, establece que en los delitos de estafa el denominador común es la presencia de un engaño que implica defraudar la confianza depositada por la víctima, agravándose cuando el culpable aprovecha su relación con la víctima o su credibilidad profesional y más si afecta a bienes de primera necesidad. Todo lo expuesto hace necesaria la creación de una Banca Pública que permita al ciudadano tener el derecho, por ley, de poseer dinero de forma segura, pública y sin costes “adicionales”.

La Banca Pública tiene un comportamiento crediticio orientado a financiar infraestructuras y equipamientos públicos, a colectivos con problemas de acceso al crédito, principalmente en relación con la vivienda y las pymes y a proyectos empresariales de largo plazo que apuesten por una modernización productiva de nuestro país teniendo como objetivo superar las actuales carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores abiertos a la competencia internacional. En la Banca Pública deben primar los instrumentos de control democrático sobre su gestión y existir total transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes.

Muchos estarán pensando, llegados a este punto, en las Cajas de Ahorros. Ha habido, en todo el proceso de crisis bancaria, de forma intencionada en muchos casos y por desconocimiento en otros, una identificación entre las Cajas de Ahorros y la Banca Pública. Craso error, se trata de dos instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus sistemas de gobierno corporativo. Las Cajas de Ahorros no eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades por una deficiente gestión. Los gestores, los altos directivos fueron concentrando el poder en sus manos imponiendo sus intereses por encima de los de las propias entidades hasta poner en cuestión la propia viabilidad de estas. No había accionistas, ni gobierno en el caso de que hubiese sido una Banca Pública que defendieran sus intereses frente a los gestores.

España es uno de los países de la Unión Europea que tiene menos Banca Pública y mayor inestabilidad financiera. Alemania tiene el sector público más grande de Europa, que representa más de la mitad del negocio bancario si se incluyen las potentes entidades corporativas. La VÖB, la Asociación de Bancos Públicos Alemanes, tiene 32 miembros de pleno derecho, bancos cuyas acciones son propiedad directa o indirecta de las autoridades públicas. Entre sus miembros están los quince bancos regionales cuyos propietarios son los respectivos gobiernos federales y cuya deuda está garantizada por el Gobierno Central alemán. Francia y Austria mantienen importantes entidades públicas. En los Países Bajos el Estado es el dueño del capital del BNG, Banco Nederlanse Gemeenten, y el resto pertenece a diversos municipios y provincias. Según la revista Global Finance es el segundo banco más seguro del mundo. El Banco Público de Dakota del Norte (BND) es ejemplar, es uno de los Estados de EEUU con menor nivel de desempleo, superavit presupuestario y una de las mejores calificaciones de deuda. En este banco, por ley, el Estado deposita todos los ingresos que recibe, su objetivo es impulsar la economía de Dakota del Norte y tiene prohibido invertir fuera del Estado y dedicarse a actividades especulativas. En la actualidad unos veinte Estados de EEUU han iniciado trámites para constituir bancas públicas similares a la de Dakota del Norte. Suecia nacionalizó, en 1992, todos los bancos insolventes por motivos de urgencia, anteponiendo los intereses comunes a los de los accionistas de tales bancos. En la actualidad el Estado sueco conserva, un 13,5% del capital de Nordea, el gran banco nórdico surgido de la fusión de varias entidades suecas, finlandesas, danesas y noruegas, Nordbanken, Merita Bank, Unibank y Kreditkassen, a finales de los años noventa y uno de los principales bancos a escala europea. La creación de este banco, que en la actualidad es uno de los diez bancos europeos más rentables, según diversos analistas, fue fruto de la reestructuración que hizo el gobierno sueco del sistema bancario para hacer frente a una crisis financiera. La revista The Economist reconoce que China, India y Brasil han salido mejor parados de la crisis financiera global gracias a sus potentes bancos estatales.

Pero en España los mismos que no fueron capaces de ver la crisis financiera que se avecinaba son los que decidieron rescatar a la Banca Privada con cantidades que nos han costado a todos los ciudadanos, según diversas fuentes consultadas, que oscilan entre 120.000 y 155.000 millones de euros, entre un 12% y un 15% del PIB. Seguramente propiciado por ser España uno de los países donde la Banca Privada tiene mayor influencia sobre los medios de comunicación y sobre las instituciones políticas. Hay estudios que muestran como aquellos países con un sistema bancario público han crecido más rápidamente que los países con sistemas bancarios privados. Además muestran que dichos bancos públicos han sido, en general, menos corruptos y especuladores que los bancos privados y han tenido mayores beneficios. La única explicación factible, ante estos datos, es que en España el poder político está dominando por la Banca Privada. Es imposible conocer, en la actualidad, la condonación de los bancos a determinados partidos políticos con representación institucional. El Banco de España, a pesar de tener los datos, no los hace públicos. No hay voluntad política, en la actualidad, los políticos con representatividad ejercen más como comerciales de la Banca Privada que como defensores del interés general.

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