El laberinto por el que viene circulando el Tribunal Constitucional no tiene salida buena. La renovación de los cuatro magistrados cuyos mandatos caducaron en diciembre de 2007 era urgente desde cualquier punto de vista (institucional, ético o democrático). Que el Gobierno active ahora ese proceso bloqueado durante año y medio sólo se explica en la clave política de calmar la lógica irritación de la sociedad catalana ante la posibilidad de una sentencia que recorte el Estatut.

Montilla lo expresó ayer con claridad en el Senado: “Está en juego el sentido del pacto constitucional; la desafección puede dar alas a quien quiera la ruptura”. Cuando faltan cuatro telediarios para las elecciones autonómicas, el temor a los posibles efectos de un fallo que dinamite el desarrollo de la España plural es perfectamente descriptible. Si el PSOE no había puesto en marcha hasta ahora en el Senado esa renovación era porque el PP imponía dos candidatos que no resisten la prueba del algodón para pertenecer al tribunal. Especialmente uno de ellos, Enrique López, que ha proclamado con rotundidad y reiteración sus posiciones políticas en no pocas materias, entre ellas el Estatut. Que ahora los socialistas acepten a dos magistrados a los que habría que recusar a los cinco minutos de su toma de posesión supone una incoherencia evidente y una nueva cesión ante el sector más ultra de la judicatura. Eso sí, obliga al PP a retratarse y quizás a probar su impresentable medicina.