Después de que más de 130.000 lectores de Público se sumaran ­–en un mes de campaña que ha roto todos los récords de Facebook en España– a la iniciativa de este diario de dirigir una carta abierta al Gobierno de Rajoy reclamando que los ciudadanos sean informados de la identidad de los defraudadores fiscales, que cada año roban a la Hacienda pública mucho más de lo que en esta crisis se está recortando en servicios sociales a los contribuyentes, el ministro Montoro ha tenido que rendirse por fin a la presión ciudadana a través de las redes sociales y ha anunciado que el Ejecutivo estudia cómo hacer pública esa lista.

Ante todo, hemos de agradecer a todos nuestros lectores tan masivo y decidido apoyo, manifestado también a través de más de mil correos electrónicos (si quieres apoyar la carta sin hacerlo a través de Facebook, pincha aquí), que refleja la implantación de Público y su incidencia en la opinión pública. Hoy más que nunca, está claro que la fuerza de los movimientos ciudadanos crece día a día para hacer frente a las injusticias, y nos sentimos orgullosos de haber podido formar parte de una de sus más claras victorias.

No obstante, no pensamos bajar la guardia y seguiremos adelante con la presentación de la carta abierta a los ministros concernidos, puesto que de momento lo único que tenemos es la promesa ministerial de que el Gobierno está estudiando la forma de adaptar la normativa vigente para poder publicar ese listado… y ya sabemos qué ha ocurrido con la casi totalidad de las promesas que hizo el PP antes –y después– de regresar al poder.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional ha respaldado finalmente la petición de libertad de Hervé Falciani –cuya situación “extraordinariamente injusta” también se denuncia en dicha carta abierta–, quien por fin ha salido de prisión pero que sigue en proceso de extradición a Suiza por facilitar los nombres de 130.000 evasores fiscales de toda Europa que tenían sus cuentas en la oficina del HSBC Private Banking en Ginebra. No obstante, el informático y exempleado del HSBC, aunque esté ahora en libertad, seguirá sometido a medidas cautelares y pendiente de un procedimiento judicial que prima los intereses de la banca suiza frente a los fundamentos jurídicos de la legislación española.

En consecuencia, la ciudadanía debe mantenerse vigilante frente a los evidentes abusos de la confianza de los electores que se están cometiendo desde el poder ejecutivo, que protege a la banca y a los culpables de la crisis económica, a costa de los servicios públicos y con los fondos de los mismos contribuyentes a los que les está aumentando la presión impositiva y reduciendo los salarios, las pensiones y los derechos laborales, sanitarios y educativos.

Desde Público, y en nombre de nuestros lectores, le tomamos la palabra al ministro Montoro y le exigiremos que la cumpla… al menos esta vez.

Mil gracias a todos los que nos ayudan día a día, con su fidelidad, a mantener nuestro compromiso informativo.