La destitución en la que se considera la segunda magistratura en importancia de Colombia, después de la Presidencia de la República, y la inhabilitación política durante 15 años, dictados ayer contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el procurador general, Alejandro Ordóñez, han ocasionado una tormenta política en el país que incluso amenaza con afectar negativamente a las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana entre representantes del Gobierno y de la guerrilla de las FARC.

Ordóñez, de declarada ideología ultraderechista, se ha basado para su “decisión desproporcionada”, según afirma el editorial del diario El Espectador, en fallos iniciales en el sistema de recogida de basuras de la capital, cuya gestión Petro trató de quitar a empresas ligadas al paramilitarismo. Muchos de esos problemas eran además debidos en parte al boicoteo por parte de sus antiguos responsables.

En realidad, se trata sobre todo de una persecución política para alejar de un puesto decisivo a un antiguo guerrillero del M-19, elegido con el apoyo del movimiento Progresistas y que durante sus tres legislaturas como congresista sacó a la luz los lazos entre el paramilitarismo y la política en muchas zonas de Colombia –lo que pasó a denominarse la “parapolítica”– y que puso su gestión, desde que fuera elegido alcalde en 2011, bajo las banderas de la igualdad, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

El procurador Alejandro Ordóñez, que ya ha expulsado de la política a la senadora liberal de izquierda Piedad Córdoba, no oculta su militancia en la secta católica ultra-lefebrista y perteneció a grupos ligados a la ideología neonazi, con los que participó en quemas públicas de libros “peligrosos” entre los que figuraban hasta los de García Márquez. Este mismo Ordóñez viajó a La Haya –sólo una semana antes de echar a Petro­– para tratar de que la Corte Internacional de Justicia anule los acuerdos sobre justicia transicional que se preparan para sellar los acuerdos de paz con la guerrilla, alegando que se trata de conceder impunidad en Colombia para los delitos cometidos por las FARC.

Según ha manifestado a Público el juez Baltasar Garzón, presente estos días en Bogotá, es insólito el poder que acumula en Colombia la figura del Procurador General. Por ejemplo, es el único cargo cuyo titular puede ser reelegido indefinidamente.

Mientras se suceden las manifestaciones de protesta en la Plaza de Bolívar, donde está la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y en diversas localidades de la periferia de Bogotá, se abre un tiempo de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en la superpoblada capital de Colombia, que cuenta entre 7 y 8 millones de habitantes. El Consejo de Estado tendrá que decidir en los próximos días si se han de llevar a cabo nuevas elecciones, que la extrema derecha seguidora del Álvaro Uribe aspira a ganar, o el presidente Santos puede designar a un nuevo alcalde para que termine los dos años que le quedaban a Petro entre una terna de candidatos del movimiento Progresistas.