Francisco Jiménez, miembro del OCM de Alcantarilla.

La deuda de los municipios no es sólo con los bancos. Existe una deuda tan importante como la financiera y es con la ciudadanía. Un gran agujero de honestidad tapado con un manto de silencio que al parecer nadie se atreve a levantar.

Los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs) están apareciendo por toda la geografía española, acercando a la población toda la información sobre el uso que se da a sus recursos. Su reto es doble: enfrentarse al silencio o a la poca claridad de la administración en según qué consultas, y usar un lenguaje claro que todos puedan entender. Los OCMs son un canal completamente independiente de los partidos, a través del cual los vecinos pueden hacer consultas públicas y saber en qué se gasta su dinero.

La labor de los OCMs es importantísima, y se basa en la máxima de que cuanto más te observo, mejor te comportas, que debería ser lo normal siempre que haya dinero público de por medio. Proponen acciones públicamente para que los partidos no miren hacia otro lado, analizan la información y la difunden sin ningún interés partidista. Tienen que ser un referente para la ciudadanía y canalizar la información según los intereses de los ciudadanos, no de los políticos.

El comportamiento tradicional tanto de instituciones como de sus dirigentes ha provocado que el interés de la población por la gestión de sus recursos quede “adormecido”. Esta despreocupación, en mayor o menor medida, ha propiciado que dichos recursos puedan destinarse a cuestiones poco o nada relacionadas con sus intereses, derivando en muchos casos en una deuda desproporcionada, cuando no en casos claros de corrupción. Por ello los OCMs son una herramienta que pretende reactivar este interés y fomentar la participación de la población en la gestión de sus recursos.

La ciudadanía está cansada de engaños, de titulares sensacionalistas, de luchas de poder, que todos ofrezcan soluciones en época electoral y nadie las aplique. Por eso han dejado de participar y de interesarse. Ni siquiera los programas de participación ciudadana que promueven los ayuntamientos funcionan. Y no van a funcionar mientras estén dirigidos desde las mismas instituciones en las que no creemos.

Cierto es que existe una Ley de Transparencia, pero a todas luces es insuficiente. Aunque a partir de diciembre, en teoría, obligará a publicar mucha información que hasta ahora cuesta conseguir, no constituye una garantía de su cumplimiento. Nos surgen múltiples dudas: ¿hasta qué punto se va a publicar la información necesaria y no sólo la que les interese dar? ¿Seguirán ocultando datos amparados en el "cumplimiento mínimo" de una Ley que hasta ahora sólo ha demostrado ser un obstáculo para la transparencia? ¿Tienen suficientes ojos los vigilantes oficiales de la transparencia? ¿Quién velará por su cumplimiento? ¿Será posible un cauce rápido y eficiente para subsanar los “errores” que se denuncien?

Cada vez más gente comprueba que la realidad de las cuentas de nuestros ayuntamientos dista mucho de los presupuestos que se aprueban. Ahora que ha habido un cambio en muchos consistorios no paran de salir “facturas de los cajones” que no estaban “debidamente tramitadas”. Esto exige un trabajo continuo de maquillaje y ocultación que, antes o después, sale a la luz. Esta tarea no la afrontan los partidos políticos con la honestidad que se les presupone. Unos usan esta información como justificación de su incapacidad, mientras otros la utilizan como arma arrojadiza para lanzar titulares contra el adversario. En otros casos, sencillamente no se destapa para no dejar mal al partido, sobre todo si la anterior corporación pertenecía al mismo.

Por este motivo se está pidiendo en la mayoría de los ayuntamientos una auditoría de la deuda. No sólo para calificarla (ilegitima, ilegal...) sino, lo que es más importante, para conocer el importe real de la misma, que seguro dejará a más de uno estupefacto. ¿Cobrar dos veces la misma factura? Sí, según informa el Tribunal de Cuentas y recoge Europapress.

En el municipio de Alcantarilla (Murcia), de 41.400 habitantes, se aumentó la deuda del Consistorio en un 200%. Actualmente, la deuda reconocida duplica el presupuesto y estimamos que el importe real que se nos pretende hacer pagar a los vecinos se acerca cada vez más a los 100 millones de euros. Esto, uniendo la deuda financiera a los compromisos de pago futuros por inversiones ruinosas. ¿Qué han hecho los partidos de la oposición?

Uno de los motivos por los que la oposición ha permitido todas estas tropelías es el desconocimiento de sus obligaciones, derechos y posibilidades como concejales, así como la no exigencia de los mismos. El completo conocimiento de la Ley de Bases así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento así como y otras normas adicionales ayudaría mucho.

A todo esto no hemos entrado aún a valorar cuánto tiene que ver en la falta de transparencia los numerosos casos de corrupción en los Ayuntamientos, que es mucho. Es evidente que la falta de transparencia en la gestión de lo público fomenta la corrupción.

Hasta entonces tenemos mucho trabajo que hacer.