La derecha en nuestro país ha acreditado una capacidad ilimitada para construir grandes mentiras. Una de las más escandalosas fue la vinculación de ETA a los atentados del 11-M en Madrid. Los conspiranoicos más radicales continúan incluso hoy defendiendo que la banda terrorista vasca estuvo detrás de la masacre. De poco o nada vale que los tribunales de justicia hayan sentenciado en firme que los islamistas fueron los únicos autores de la masacre.

Mucho antes, otra derecha, la derechona caciquil y golpista, protagonizó una infame campaña contra Manuel Azaña, presidente entonces del Gobierno socialista-republicano, tras los dramáticos sucesos de Casas Viejas, tal como demostró el periodista asturiano Tano Ramos en su libro ‘El caso de Casas Viejas. Crónica de una insidia (1933-1936)’.

En el último año, la factoría de mentiras del PP, que ha mantenido la tradición del embuste como arma política, construyó otra gran mentira para desviar la atención de los españoles sobre su escandalosa vinculación con el caso Bárcenas: caja b, sobresueldos, mordidas, cuentas en paraísos fiscales, etc. Así las cosas, como una gran cortina de humo para tapar todo eso y más, emergieron como una gran serpiente de verano los “bloques con pinchos que arrojó Gibraltar en aguas españolas contra los pobres pescadores españoles”.

Durante un largo año, con esta bandera y la de la lucha contra el contrabando de tabaco –financiada por la Mesa del Tabaco y negociada por sus antiguos abogados-, el Gobierno del PP ha sometido a diario a 30.000 gibraltareños, 10.000 trabajadores españoles y 12 millones turistas europeos y extracomunitarios a unas colas infames y tercermundistas.

El objetivo no era otro que el mismo que persiguió el franquismo cuando 1969 Castiella cerró la frontera: dañar la economía gibraltareña. Sin embargo, como sucedió entonces, casi todo el perjuicio ha caído del lado de La Línea, que, con más de un 40% de paro, ha sufrido en su comercio y su hostelería un bajonazo brutal.

Sin embargo, hace pocos días, la CE ha desmontado la gran mentira de los bloques –también las del ‘bunkering’ y los rellenos- al dictaminar que el arrecife artificial que Gibraltar construyó hace un año –en la costa española había ya 130 similares- cumple con la normativa medioambiental europea. Por tanto, el ministro de Medio Ambiente de Gibraltar, John Cortés, una persona decente y de prestigio en la zona por mucho que lo hayan vituperado, tenía razón. Y, por ende, el propio Fabian Picardo.

Para un país que esgrime la legalidad para frenar, por ejemplo, la deriva soberanista de Cataluña, debería ser suficiente con el claro pronunciamiento realizado por la CE para recoger velas en los ‘bloques de la maldad’, como los llamó recientemente el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una de sus habituales sobreactuaciones como vicepresidente de la Comisión de Exteriores de Congreso de los Diputados.

Pero voy a ponérselo más fácil si cabe: la zona de los bloques no era un caladero según la normativa española; es decir, no era una zona de producción marisquera según la legislación pesquera de la Junta de Andalucía. Es verdad que, pese a estar prohibido, allí se pescaba. Pero sólo lo hacía habitualmente una embarcación, el Divina Providencia, que capturaba con rastro bolos (esculpiñas).

A no ser que pescara unos metros más allá de donde Gibraltar instaló el arrecife artificial – en una zona de producción marisquera cercana-, algo fácilmente comprobable a través de las declaraciones juradas de su patrón, la pesca en esta zona durante años, más que un litigio sobre aguas jurisdiccionales, más que un episodio del propio contencioso que mantienen España y Reino Unido sobre el Peñón, pudo provocar un problema alimentario de primerísimo nivel; sobre todo, si tenemos en cuenta la presencia permanente de aguas fecales. Porque allí, precisamente allí, la Junta de Andalucía lleva años sin hacer analíticas de toxinas al no ser zona de producción marisquera. Esta es la única verdad.

Desmontada esta gran mentira por partida doble y a la espera de que los inspectores de la UE certifiquen lo que todo el mundo puede ver en la frontera -Gibraltar ha cumplido con las recomendaciones europeas y España no-, es el momento de intentar superar esta crisis por la vía del diálogo, sin prejuicios y con seriedad, para que la zona entre en la senda de la cooperación y el progreso que la mayoría de los ciudadanos reclaman. Y no se puede ignorar que Europa prima la colaboración y la concordia con importantes inversiones regionales.

La última orden ministerial de Hacienda sobre el paso por la frontera, dictada teóricamente para beneficiar a los trabajadores españoles, resulta discriminatoria para los gibraltareños, que son tan europeos como los españoles, y huele a puro electoralismo, electoralismo para que el PP recupere el terreno perdido tras las cafradas de los últimos años. Lo lógico es que la orden ministerial acabe también en el cajón de las grandes mentiras.