Sergi Cutillas

Economista miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización (ODG) y la PACD

El pasado lunes 13 de julio por la mañana, el Gobierno griego llegó a un acuerdo con las instituciones (antes Troika) y sus socios de la UE para mantener el país artificialmente solvente, evitando 'in extremis' el colapso financiero de Grecia. El acuerdo es inaplicable en términos económicos, como admite cualquier economista honesto, y afirma también el mismo FMI. Más aún en términos sociales y políticos, si tenemos en cuenta que una mayoría aplastante del pueblo griego votó en contra de medidas de austeridad menos duras sólo unos días antes en un referéndum. Además, su aprobación e intento de aplicación supondrían graves violaciones de leyes internacionales, europeas y nacionales, al continuar la dinámica de crímenes de lesa humanidad y lesa patria realizados por los dos anteriores memorandos de entendimiento de 2010 y 2012, como ha demostrado el informe de auditoría publicado por el Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia.

Con la aceptación de este acuerdo Alexis Tsipras daña irremediablemente su credibilidad, y posiblemente la de su coalición, poniendo en peligro su propio gobierno y la esperanza de la mayoría del pueblo griego que votó NO en el referéndum, quien ahora se siente traicionada y desconcertada. La aceptación de las terribles condiciones impuestas por los acreedores por parte del primer ministro griego, quien a mi modo de ver parece haber actuado de forma honesta durante su mandato, sólo pueden entenderse como un intento desesperado de evitar el colapso financiero de su país.

Este colapso, de haberse producido, no hubiera sido un fenómeno inexorable, sino el resultado de una acción consciente por parte de las instituciones y los gobiernos neoliberales de la UE, de ejercer un chantaje asfixiante que debilitara al gobierno de Syriza y dañara la soberanía griega, a base deteriorar la banca hasta llegar al límite de poder destruirla totalmente. La banca es necesaria al fin y al cabo para el sustento material del pueblo griego, por lo que estas acciones suponen una amenaza a la supervivencia del pueblo y a la integridad de su actual gobierno. Estas afirmaciones son compartidas por el economista galardonado con el Nobel de economía Paul Krugman, quien destina palabras más duras si cabe al establishment europeo en las últimas publicaciones en su blog digital del periódico The New York Times.

Este chantaje se llevó a cabo con la amenaza constante del BCE de cortar las líneas de liquidez a la banca griega, lo que ha provocado una fuga de depósitos de más de 40.000 millones en los últimos meses. Esta amenaza se empezó a materializar cuando el BCE cortó la línea regular de refinanciación (Main Refinancing Operations) el 4 de febrero, sólo una semana después de que Syriza ganara las elecciones legislativas y formara gobierno. El BCE pasó a refinanciar a los bancos griegos a través de una línea de emergencia (Emergency Liquidity Assistance o ELA) del Banco de Grecia. Esta línea está sometida a revisiones continuas del BCE, en las que puede decidir con un alto grado de discrecionalidad, cuál es el límite de dinero que presta a la banca. Es necesario aclarar que estas decisiones de limitación del crédito no se han tomado con criterios técnicos. El BCE debe financiar a los bancos siempre que sean solventes y tengan activos válidos que depositar como 'fianza'. Los bancos eran igual de solventes (o insolventes) antes y después de la entrada de Syriza en el Gobierno. Los bonos públicos usados por los bancos como 'fianza' para obtener liquidez en el BCE también eran igual de solventes (o insolventes) antes de la llegada del gobierno de Syriza. Su calificación crediticia, usada de forma generalizada como criterio de valoración, no cambió con la llegada del nuevo gobierno, como tampoco cambió después del impago al FMI, hecho argüido por el BCE para capar la ELA y así cerrar el sistema bancario griego. Si Grecia era insolvente antes, el BCE debería haber negado la financiación a la banca griega mucho antes. Draghi dejaba claro antes de que Syriza llegara al gobierno que la financiación del BCE sólo podría darse si Grecia seguía implementando el memorando de entendimiento. Dejaba claro así que el BCE no actúa como una institución independiente que aplica criterios técnicos. Más bien ha actuado con criterios políticos arbitrarios e ilegales, que violan su mandato de independencia, además de las leyes elementales de la democracia enumeradas en el informe mencionado arriba, así como los principios y valores que supuestamente cimentan la Unión Europea.

Queda claro pues que lo sucedido estos meses ha sido fruto de agresiones y chantajes. La reflexión útil, llegados a este punto es si podría haberse evitado o minimizado el efecto de esta agresión.

Alexis Tsipras, en la entrevista en la TV griega de ayer martes 14 de julio, declaraba que se le puede acusar de iluso pero no de traidor, y que ha tenido que aceptar esta propuesta porque no tenía ningún plan preparado para enfrentar la posibilidad de que la amenaza de retirada total de la liquidez bancaria y la consecuente expulsión de la eurozona se materializaran. El mismo Tsipras nos da la respuesta. El problema es que fue a jugar una partida de cartas, con una apuesta muy arriesgada, y sin tener ninguna jugada buena que quisiera jugar realmente. El único sentido de esta negociación era confiar en que las amenazas y los chantajes de los acreedores fueran mentira, o sea que no hubiera ninguna intención de aplicarlos. Tristemente, Alemania sí que tenía un plan creíble para expulsar a Grecia de la Eurozona. Cuando Alexis Tsipras se dio cuenta ya era demasiado tarde para tomar el control de la situación y poder gestionar él mismo, desde el gobierno, la salida de la Eurozona.

En una entrevista reciente, el exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis declaraba que sabían desde hacía meses que el ministro de finanzas alemán planeaba expulsarles de la Eurozona. Tsipras estaba enterado de ello, pero como afirma Krugman, su error fue haberse dejado convencer de que esta amenaza no era verdad, y no haber preparado NADA, para enfrentarse a esta posibilidad. El mismo Varoufakis tuvo que dimitir cuando propuso a Tsipras, la noche del referéndum victorioso, que debían actuar rápido y aplicar tres medidas: tomar el control del Banco de Grecia, emitir una moneda electrónica alternativa y aplicar una quita a los bonos de deuda pública en manos del BCE. La idea de Varoufakis era hacer creíble la amenaza del Grexit, a la vez que empezar a prepararse de forma real para esta posibilidad. Esta propuesta le hizo perder la confianza de Tsipras, que después de debatirlo con su entorno, le destituyó. El resultado es el actual desastre, que sólo se puede entender por la obsesión injustificable de permanecer en el euro a cualquier precio. El euro va pareciéndose cada vez más a una casa en ruinas, de la que sus habitantes no quieren salir hasta que ésta se derrumbe sobre ellos.

Tsipras, por tanto, tuvo numerosas oportunidades de realizar preparaciones para una situación en la que las alternativas dentro de la Eurozona desaparecieran, y también tuvo ocasiones para llevarlas a cabo antes de que se llegara a una situación en la que su margen de maniobra se esfumara por el cierre bancario impuesto por el BCE que ya dura más de dos semanas, y que, junto con las anteriores fugas de depósitos han arruinado el sistema bancario y deteriorado enormemente la economía. El economistas y diputado de Syriza, Costas Lapavitsas, ya avisaba antes de llegar al gobierno de la imposibilidad de obtener un buen resultado en unas negociaciones con las instituciones a la vez que manteniéndose dentro de la Eurozona. Lapavitsas abogaba por una negociación con la UE para realizar una reducción de la deuda y un Grexit ordenado, en el que el mismo BCE pudiera proteger el nuevo dracma en esta transición. Lapavitsas era consciente de que ésta era la postura de Schäuble y de otros 'sabios' cercanos a Merkel, como el presidente del influyente Instituto IFO, el Dr. Hans-Werner Sinn, que nunca permitirían políticas contrarias a la austeridad dentro de la Eurozona. Esta oferta del ministro alemán se materializó pocas semanas después de iniciar la legislatura, como afirmó hace pocos días el mismo Varoufakis. Los dos economistas griegos han realizado en los últimos meses estudios preliminares sobre cómo llevar a cabo la transición monetaria griega para tener así una mínima hoja de ruta en caso de emergencia, estudios de los que el primer ministro nunca ha dispuesto. El mismo informe del Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia mencionado anteriormente recomendaba también el impago de la deuda ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible evaluada, especificando los argumentos y competencias por las cuales este impago podría aplicarse bajo estrictos criterios de legalidad internacional, como el del 'estado de necesidad'. Tsipras tampoco ha dispuesto de este informe como soporte en sus negociaciones, ni ha querido aplicar las recomendaciones que en él se detallaban.

Éric Toussaint, coordinador científico del Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia ha escrito recientemente un artículo que traza las grandes líneas de un plan que Grecia puede llevar a cabo en el actual contexto. (https://cadtm.org/Una-posible-alternativa-al-plan). El pueblo griego ha demostrado ser digno y valiente más allá de lo esperado, por lo que está aún lejos de ser totalmente derrotado. Por tanto, no es tarde aún para llevar a cabo un plan con el que se puede revertir la actual situación. Como comentan Toussaint, Lapavitsas, o el mismo Varoufakis, este camino no está libre de riesgos, pero es el único camino con el que Grecia podrá optar a recuperar la soberanía que ahora se le niega.

Las formaciones políticas de países que sufren crisis de deuda en el rígido marco del euro que opten a gobernar oponiéndose a la austeridad, deben ser conscientes que deberán enfrentarse a la agresión ejercida a través de numerosos mecanismos financieros y políticos, y deben tomar nota de la necesidad real de tener planes de acción rigurosos y creíbles que puedan ser aplicables como respuesta a tales agresiones a su soberanía a los derechos democráticos de la población. Ellos pasan por adquirir un grado de control de sus finanzas que les permita evitar el colapso, y activar la economía en beneficio de la mayoría, así como por auditar y reducir el monto de la deuda pública, rechazando el pago de aquélla que sea ilegal, ilegítima, odiosa o insostenible, para garantizar así los derechos de la población y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con ella.