Die Grosse Koalition en Alemania apenas ha empezado a andar y ya se ha cobrado un alto tributo político sin que en realidad se sepa si, finalmente, el gobierno de coalición entre CDU-CSU-SPD verá la luz.

El mismo día 7 de febrero, Martin Schulz anunciaba su renuncia a la dirección del SPD confiando en que este gesto de renovación posibilitara un tránsito más amable para el acuerdo en el seno de su partido. Pero no fue así. Apenas dos días después, y tras haberse propuesto como ministro de Asuntos Exteriores para la nueva coalición, Schulz daba marcha atrás y renunciaba a cualquier posibilidad de entrar en el nuevo gobierno, ante las veladas acusaciones de deslealtad y falta a la palabra dada del anterior dirigente del Partido y exministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel.

Tras cuatro meses de negociación, el día 7 de febrero se anunciaba el programa de gobierno (un documento de 177 páginas) y una distribución de cargos que hacía aparecer al SPD como ganador inesperado de la nueva coalición. Además de retener los Ministerios de Justicia y Familia y Medioambiente, el SPD obtenía el de Asuntos Exteriores y, lo que se consideraba una concesión dolorosa por parte de la CDU-CSU, el poderoso Ministerio de Finanzas.

Dicho ministerio estuvo dirigido por Wolfang Schäuble hasta su elección como Presidente del Bundestag, es decir, por el que lideró la versión europea del ordoliberalismo alemán en plena crisis: austeridad, bajos salarios, reformas del estado social y, en cuanto a la UE, una oposición frontal a cualquier política de mutualización de la deuda de los países del Sur y a cualquier papel activo del Banco Central Europeo, entre otras cosas.

El propio Schulz señaló el mismo día de la publicación del acuerdo que “la austeridad se había acabado”. Si considerásemos, además, las declaraciones de la prensa alemana, se podría llegar a pensar que, efectivamente, ese acuerdo cambiaba algo significativo en la política alemana. El periódico Bild Zeitung señalaba que el acuerdo tenía como consecuencia “un gobierno socialdemócrata bajo la presidencia de Merkel”. Por lo que hace a la opinión pública, a tenor de las encuestas, el acuerdo ha sido recibido con indiferencia, cuando no con abierto rechazo. Apenas el 47,5% de los encuestados (Encuesta de Insa para el periódico Bild) dice sentirse aliviado por el acuerdo suscrito.

Lo cierto es que el contrato de gobierno, en términos sustantivos, apenas recoge algunas de las reivindicaciones más significativas del SPD y, sin embargo, lleva el sello del giro a la derecha en temas migratorios impuesto por el socio bávaro de Merkel, la CSU.

Los cambios en materia fiscal, laboral o de seguridad social que abanderó el SPD en estas elecciones, aparecen muy desdibujados o enunciados de manera inconcreta. No habrá incremento de impuestos para los contribuyentes de más recursos; se introducen algunos cambios para hacer menos fácil la precariedad laboral, pero sin cambiar sustancialmente las normas; y solo hay una declaración general respecto al establecimiento de una seguridad social universal que acabe con la dualidad creciente en la asistencia social en función de las rentas.

Por otra parte, el Acuerdo comienza con un llamamiento que supone un compromiso simbólico con el proyecto europeo y de recuperación del eje franco-alemán como dinamizador de los inevitables cambios a los que se enfrenta la UE. Pero las propuestas remiten de manera inconcreta a “reforzar de manera duradera y reformar la zona euro” con el objetivo de “resistir mejor la crisis”, crear un Fondo Monetario Europeo o mejorar la integración en temas como defensa o inmigración. En este punto, más allá del simbolismo, se trata más de un continuidad que de un cambio.

Sin embargo, el endurecimiento en materia migratoria es concreto y se corresponde punto por punto con las propuestas de la CSU. Se admitirán entre 180 mil y 220 mil personas demandantes de asilo anualmente en Alemania, cifra que incluye tanto a personas refugiadas de guerra como llegadas como consecuencia del reagrupamiento familiar (hasta un máximo de 1.000 al mes). Conviene decir que justo este punto fue considerado casus belli por el SPD durante la campaña electoral, que denunciaba la condición inhumana y las consecuencias sociales y familiares de dicha propuesta. Y la CSU se reserva la cartera ministerial del Interior y Heimat (Patria, identidad, país). Se trata de un vocablo de despreciable recuerdo, usado en la ideología nazi del Blut und Boden (sangre y tierra) y que se ha incorporado al debate alemán como consecuencia del empuje del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania.

Respecto al reparto de carteras, lo cierto es que la atribución al SPD del Ministerio de Finanzas se hace con nombre y apellidos. En concreto, el actual alcalde de Hamburgo: Olaf Scholz. Scholz es un conocido exponente del ala derecha de la socialdemocracia alemana: fue secretario general del SPD con Gerhard Schröder y apoyó activamente la llamada Agenda 2010 y sus reformas que dieron lugar al cambio en el modelo social alemán - también conocidas como Reformas Hartz, en referencia al autor de las mismas, amigo de Schröder y jefe de personal de la Volkswagen (condenado por cierto en 2007 por diferentes causas de corrupción).

Las cuatro leyes Hartz permitieron la creación de Agencias de Servicios Personales en las Oficinas de Empleo (Hartz I), fomentaron el autoempleo y los mini-empleos con sueldos inferiores a 400€ al mes, carentes de contribuciones sociales (Hartz II), convirtieron las oficinas de empleo en job-centers para sus clientes (parados) (Hartz III), y por último, restructuraron el sistema de prestaciones por desempleo, reduciendo las prestaciones contributivas y fusionando el sistema de subsidios para desempleados de larga duración con otras ayudas sociales no contributivas para personas sin ingresos (Hartz IV).

El efecto de esas medidas ha sido devastador en términos sociales y ayuda a explicar, en buena medida, el malestar social creciente en Alemania: el 15,7% de sus habitantes vive en situación de pobreza (13 millones de personas). Después de las reformas, se ha consolidado la expresión “niños Hartz”, que da cuenta de que el 14,7% de los niños y niñas en Alemania vive por debajo del umbral de pobreza. La pensión de jubilación promedio en Alemania es de 1.100€, y casi un millón de personas jubiladas se ven obligadas a trabajar para sobrevivir, esto es, un 30% más que cuando Merkel llegó al poder en 2005.

En estas circunstancias no está nada claro lo que va a ocurrir con el acuerdo de gobierno. La oposición en las filas del SPD la encabeza Kevin Kühnert, el secretario general de las Juventudes Socialistas, que defiende la idea de que estar en la oposición es imprescindible para la recomposición política de una socialdemocracia en claro declive.

Por otra parte, también Paul Zemiak, Presidente de la Jungen Union (las juventudes de la CDU), se opone al acuerdo, así como los presidentes de varios Länder en manos de la CDU (Schleswig-Holstenin y Sajonia).

Los desacuerdos son la expresión de algo más profundo que recorre Europa, en general, y que ha encontrado en Austria un ejemplo preciso del giro político ante el que nos encontramos: el fin de la “gran coalición”, es decir, el contrato social de postguerra en Europa como eje vertebredor de las políticas nacionales y de la construcción europea, y que fue enterrado, hay que decir, con la colaboración activa de la socialdemocracia. El coste social de los procesos de desregulación, de privatización, de la globalización neoliberal, y del fin de la protección social, ha convertido las sociedades europeas en frágiles, precarias y, sobre todo, enormemente desiguales.

Las referencias políticas construidas alrededor del nuevo contrato social neoliberal ofrecen un lugar de honor a una nueva derecha autoritaria, iliberal, y con una agenda de reformas aún inacabada. A cambio, la izquierda socialdemócrata ha perdido las referencias que daban sentido a su proyecto, y la izquierda alternativa se muestra incapaz de dar sentido y representar la fractura social que el neoliberalismo agranda cada día.

El 26 de febrero, la CDU celebra un congreso donde se oirán voces muy críticas con el acuerdo. Y el 4 de marzo se sabrá si las bases socialdemócratas consienten o no con el compromiso de gobierno. Está en la mano de los 467.323 afiliados/as al SPD decidir qué va a ocurrir.

No son descartables nuevas elecciones con un resultado incierto para Alemania e incierto para Europa. Definitivamente, los tiempos han cambiado.