Marceliano Ceballos González no podía imaginar el 25 de julio de 1935, al hacerse cargo de la jefatura de la Guardia Civil de Ubrique, que éste sería su último destino, de apenas un año de duración, y que su final simbolizaría la tragedia de cientos de oficiales de todo el país cuya lealtad al régimen constitucional les llegaría a costar la vida.

Ceballos fue un personaje clave en los momentos decisivos que mediaron entre el anuncio del golpe de Estado de los militares rebelados contra la legalidad republicana y su rendición ante las tropas atacantes, después de haberse hecho con la autoridad militar de la plaza obedeciendo al Gobierno legítimo y de haber formado parte durante tres días del Comité de Defensa de la Villa de Ubrique, constituido el 23 de julio de 1936 para organizar la resistencia republicana.

Nacido en Burguillos del Cerro (Badajoz) el 21 de febrero de 1885, llegó a Ubrique con 51 años, ya viudo. Tenía dos hijos. Las circunstancias iban a hacer de él la pieza clave en el desarrollo de la vida política local en los confusos momentos del inicio de la guerra civil.

Una semana antes del golpe militar, había tomado posesión del cargo de alcalde Manuel Arenas Guerrero, El Americano, de Izquierda Republicana -el partido de Azaña-, tras la dimisión de José Arenas Rubiales, que había pertenecido al antiguo partido republicano radical. Precisamente, durante el mandato de Arenas Rubiales, que se prolongó del 4 de mayo al 10 de julio de 1936, Marceliano Ceballos había visto cuestionada su capacidad profesional. Este alcalde remitió el 4 de julio un escrito al gobernador civil instándole a que relevara de su puesto al alférez de la Guardia Civil. Decía que “tal vez por su carácter bondadoso o bonachón ha llegado a debilitarse su fuerza moral con el público, hasta el punto de aparecer en las esquinas letreros pidiendo su traslado”. Esta solicitud no encontró eco, y Ceballos continuó en su puesto. Cuando el Americano tomó posesión de la Alcaldía el 10 de julio, Ceballos se ofreció a éste para colaborar “en todo cuanto se relacione con el mejor servicio público”. En un momento de discrepancias en el seno de los partidos del Frente Popular que gobernaban el Ayuntamiento, Arenas Guerrero se erigía como una figura integradora. Aceptó el cargo “por disciplina y amor a la República”, y se marcó como guía “la democracia y el derecho”. Apeló a que todos estuviesen unidos “en la obra administrativa y de orden, con espíritu sereno para merecer la confianza del pueblo”, y abogó por defender “los derechos personales de todos los ubriqueños, amparando y ayudando a la clase trabajadora”. Pero el Americano no pudo poner en práctica tales principios. La guerra civil estalló, y la tensión se trasladó a los centros de poder de la villa.

A las siete y media de la tarde del 19 de julio, el cabo de Carabineros, Manuel Casillas Aguilera, comunicó al alférez de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos, que acababa de recibir un telegrama del teniente coronel primer jefe de la Comandancia de Cádiz -plaza ya ganada por los sublevados-, en el que anunciaba que había declarado el estado de guerra y le instaba a hacerse cargo de la comandancia militar de la población en caso de no existir “clase más caracterizada de Guardia Civil” para el mantenimiento del orden. Casillas trasladó esta orden a Ceballos, en su calidad de “superior más caracterizado con residencia en esta villa”, y Ceballos, a las ocho de la tarde del mismo día, se dirigió por escrito al alcalde y le expresó: “Desde este mismo momento me hago cargo de la Comandancia Militar de esta plaza”. Pero Marceliano Ceballos se hizo cargo del poder militar de Ubrique manteniéndose fiel a la legalidad republicana.

En la declaración que prestó al mes siguiente, una vez detenido por las fuerzas sublevadas, Marceliano Ceballos afirmó que tras recibir la comunicación sobre el telegrama del comandante militar de Cádiz declarando el estado de guerra, y una vez asumido el mando militar de la plaza de Ubrique, se puso inmediatamente en contacto telefónico con el primer jefe de la Comandancia de Cádiz, para que le informase de si había dado alguna orden “con respecto al movimiento”, y que éste le manifestó que no, y que debía acatar las órdenes de sus jefes naturales, que de todas formas no recibió, según afirmó. Además, Ceballos subrayó que al día siguiente por la mañana volvió a llamar por teléfono a la Comandancia de Cádiz y que habló con un guardia escribiente, apellidado Franco, que le dijo que estaba de guardia y que no tenía conocimiento de que la Comandancia hubiese transmitido orden alguna.

Ceballos añadió que al día siguiente volvió a pedir informe a la Comandancia, “por si ya habían dado algunas órdenes”, pero que en esta ocasión no consiguió contactar con nadie porque la telefonista le manifestó que “la línea se encontraba cortada”.

En medio de estas circunstancias confusas, miembros de las organizaciones obreras de la localidad se presentaron ante la Alcaldía “para ofrecerse en auxilio del régimen”. Este ofrecimiento se tradujo el día 23 de julio en la formación de un Comité de Defensa de la Villa de Ubrique. Lo presidió interinamente el socialista Marcos León López, y en el mismo se integró Marceliano Ceballos, en su condición de comandante militar de la plaza. También formaron parte de este organismo el cabo de Carabineros, otro guardia civil y representantes de las sociedades de oficio de marroquineros, zapateros y agricultores. En la primera sesión de este nuevo organismo, celebrada el mismo día 23, fue elegido presidente Andrés García Fernández, en representación de la Sociedad de Marroquineros, de UGT.

Este Comité asumió el “gobierno y defensa de la población sin perjuicio de las atribuciones que competan a cada autoridad”, y estableció las primeras medidas para evitar una situación caótica y asegurar el abastecimiento de alimentos y demás productos de primera necesidad. En este sentido, garantizó la no alteración del “régimen de abastos en lo más mínimo”, previno contra la especulación de los precios y aseguró los servicios médicos del pueblo en previsión del inicio de “la lucha con los rebeldes”.

Las comunicaciones con la capital sublevada habían quedado interrumpidas el día 22, y Ubrique sólo tenía contacto con la zona malagueña, aún en poder republicano. En un relato de los hechos escrito el 3 de agosto de 1936 por el comandante 2º jefe de Cádiz, Enrique Ramírez, se recoge la declaración de Ceballos de que quedó en el cuartel al mando de un sargento, un cabo y 14 guardias civiles, además de un cabo y cuatro carabineros, y que a las 12 horas del día 26 de julio (fecha de la formación del segundo Comité de Defensa, del que ya no formó parte Ceballos y que presidió Marcos León, por haber enfermado Andrés García), se presentaron unos grupos compuestos por unas 200 personas “intimidándoles a que se rindiesen y entregasen las armas”.

En dicha declaración, Ceballos asegura que él se negó a la entrega de las armas, pero que los concentrados amenazaron con prender fuego al cuartel, por lo que optó por unirse al grupo y dirigirse a la carretera para combatir a una columna enemiga que se aproximaba. Fueron los paisanos quienes tomaron posiciones, mientras que el alférez y su fuerza quedaron en la retaguardia en un garaje, “con intención de ver en qué quedaba todo”.

Ceballos recuerda que hacia las 14 horas llegó la columna sublevada, la cual “atacó con fuego de fusil y ametralladora”. Asegura que sólo los paisanos respondieron con sus armas al tiroteo y que él y su fuerza quedaron a la expectativa haciendo sólo disparos al aire.

El tiroteo se prolongó hasta las cuatro de la tarde, hora en la que la columna se replegó al no poder romper la defensa de los republicanos ubriqueños. Éstos hicieron algunos prisioneros, entre ellos un guardia civil de El Bosque. Los prisioneros fueron llevados al Ayuntamiento, donde quedaron detenidos por orden de la autoridad municipal “para evitar las iras del pueblo”. Ceballos cuenta que a la mañana siguiente tuvo noticias de que un aeroplano había arrojado unas proclamas instando a los resistentes de Ubrique a depositar sus armas en las inmediaciones del cuartel. Ceballos se dirigió al depósito carcelario y consiguió escoltar a los detenidos de derechas hasta el cuartel, “en previsión de que pudieran hacerles algo”. El alférez además cumplió la orden del aeroplano y depositó las armas a las puertas del cuartel.

El día 27 entró en Ubrique la columna de regulares del bando sublevado. Cientos de personas huyeron por el monte en dirección a la zona de Málaga. Ceballos relata que él y la fuerza a su mando salieron a recibir a la columna atacante que había tomado el pueblo. Pero el capitán de los regulares les ordenó que no salieran del cuartel, hasta que a las cuatro de la tarde el teniente Luis Salas Ríos le ordenó que se montara con la fuerza a su mando en un camión que había traído la columna. Fuerzas de regulares los escoltaron hasta Jerez, donde pernoctaron. A las tres de la tarde del día 28 Ceballos y su fuerza fueron llevados al Castillo de Santa Catalina de Cádiz.

Los acontecimientos se precipitaron en la vida del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, que quedó sometido a las redes de la administración de justicia de los sublevados. Éstos implantaron lo que se conoce como “la justicia al revés”, en el sentido de que inculpó a quienes se mantuvieron leales al régimen constitucional entonces vigente. El fiscal jurídico militar hizo explícitos los cargos contra Ceballos y su fuerza en un informe emitido desde Sevilla el 19 de agosto. Se les acusaba de “haber desobedecido el bando de guerra” publicado por las fuerzas sublevadas. Paradógicamente, fueron acusados de “rebelión militar”. El 20 de agosto se tomó declaración a Ceballos y a los demás imputados (el sargento Casillas, otros dos guardias civiles, el cabo de Carabineros Martín Repollet y otros cuatro carabineros).

Un día más tarde, el 21 de agosto de 1936, se celebró en el cuartel del regimiento de Artillería de Costa número 1 de Cádiz el consejo de guerra por un tribunal presidido por el coronel Juan Herrera Malaguilla, con los vocales José Alonso de la Espina, Joaquín Arcusa, Julián Yuste, Juan Tormo y José Martínez. El ponente fue el auditor de brigada Felipe Acedo, y actuó de juez el teniente coronel Antonio Vega Montes de Oca. El fiscal, Eduardo Jiménez Quintanilla, acusó a todos los encausados de un delito de rebelión militar y pidió para todos ellos la pena de muerte. El defensor, el capitán de artillería Manuel Rodríguez Carmona, pidió la absolución de todos, salvo de Ceballos, para quien solicitó la separación del servicio por considerarlo autor de un delito de negligencia.

El mismo día del consejo de guerra, el tribunal dictó sentencia: condenó a muerte a Marceliano Ceballos y a cadena perpetua al sargento de la Guardia Civil, Manuel Casillas, y al cabo de Carabineros, Francisco Martín. Los demás acusados fueron absueltos.

Al día siguiente, el auditor de guerra y el jefe del Ejército del Sur, Queipo de Llano, daban su visto bueno a la condena a muerte de Ceballos. El comandante militar de Cádiz ordenó a Ceballos “entrar en capilla” a las 15 horas del 23 de agosto. A las cinco de la tarde un piquete de Carabineros fusiló a Marceliano Ceballos en el castillo de San Sebastián de Cádiz. El capitán médico Antonio Reboul certificó la defunción. Su cuerpo fue enterrado el 24 de agosto en el cementerio de Cádiz.