El Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, se quedaría asombrado si viera la ofensiva mediática, política y leguleya que se desarrolla contra la Unidad Central Operativa, por sostener que la presidenta Cristina Cifuentes pudiera haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de contratos de la Asamblea de Madrid. Informe policial que, hasta este momento, el magistrado Eloy Velasco no asume, ni archiva. Si así es como funciona la policía judicial, cuando aparecen indicios delictivos que deben calificar los jueces, no se entiende muy bien porque se intenta manchar la honorabilidad de los agentes de la UCO. Salvo, claro está, que como señala el artículo 6 de la Cartilla del Instituto Armado de la Benemérita, "el Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores; ni temible, sino a los enemigos del orden".

Que los delincuentes de cuello blanco, arropados por una organización criminal que ha operado en Madrid durante una docena de años, bajo las siglas PP y los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sean tratados como vulgares chorizos, origina esta sucia campaña destinada a cuestionar la imparcialidad, el rigor profesional y la dignidad de los agentes de la Unidad Central Operativa. Los que la promueven, en su cínico intento de convertir en víctimas políticas a los atracadores que han controlado la capital del Estado como Al Capone controlaba el Chicago de los años 30, insinúan que lo que existe es una vinculación con la lucha de bandas que pululan por la mafia del PP o, peor aún, con los llamados verdes morados. Incluso, no falta quien echa mano de Franco y recuerda que estuvo a punto de firmar la disolución de la Guardia Civil, como también lo fuera el Cuerpo de Carabineros, por su firme lealtad a las instituciones democráticas de la II República.

Madrid no es más que el epicentro del volcán de corrupción que corroe al Estado, como consecuencia de la seria putrefacción del Partido Popular encarnada en el Gobierno Rajoy. Es, de hecho, una banda cómplice que actúa igual que ayer lo hacía en Euskadi el entorno de la violencia. Con sus medios de comunicación, sus abogados, e incluso fiscales-abogados y un brazo político, el PP, intentan frenar que las investigaciones en curso, que no han hecho más que empezar, acaben desvelando que lo que gobierna hoy, en nombre de la derecha, es una pandilla de malhechores. Así, se llevan las manos a la cabeza y claman porque Cristina Cifuentes, con independencia de que finalmente sea inocente o culpable, haya sido investigada. Cuando se lleva treinta años compartiendo el más sucio lodazal, rodeada de ratas, lo realmente extraño habría sido considerarla ciudadana por encima de toda sospecha.

Estos encubridores, especialistas en la máquina del fango, no trabajan solo en Madrid, donde amparan a sus propios corruptos; ahora mismo acaban de echarle otra buena mano a los delincuentes catalanes de la desaparecida Convergencia Democrática de Cataluña, bien pillados in fraganti en el escándalo del Palau de la Música, al impedir con el PDECat que el ayuntamiento de Barcelona se persone en este sumario. La alianza secreta de los ladrones cuatribarrados con los ladrones rojigualdos evidencia muy bien que la derecha que delinque unida (PP–PDECat) permanecerá unida, por encima de retóricas nacionalistas, que finalmente sólo encubren el saqueo de los ciudadanos. Como bien decía Samuel Johnson, el patriotismo es el último refugio de los canallas. Por no mencionar la afirmación televisada del presidente Rajoy, pronosticando que a la hermana del Jefe del Estado le iría muy bien en su juicio, mucho antes de que se dictara sentencia.

Esta red de complicidades con los delincuentes descubiertos o por descubrir es lo que, de no corregirse, va a acabar dinamitando el Estado de Derecho. El juez Eloy Velasco, instructor de las causas Púnica y Lezo, ascendido –"promoveatur ut removeatur"– para apartarle finalmente de estas dos instrucciones; Manuel Moix, descrito por el delincuente González como "un tío cojonudo, serio y bueno", fue nombrado Fiscal Anticorrupción; los dos fiscales que investigaban estos sumarios, acosados por el mencionado fiscal en justo vísperas de una importante redada policial, así como el honor de la Guardia Civil –su principal divisa, según el articulo primero de la Cartilla del Guardia Civil– puesto ahora en cuestión. Es llegado a este último punto, las redes mediáticas y leguleyas del PP alanceando al Instituto Armado, cuando se evidencia el muy serio deterioro de la crisis provocada por la corrupción.

El PP debería anunciar su disolución como ya hicieron tanto la derecha catalana como la italiana en Barcelona y Roma. Convergencia Democrática procedió a la autodisolución tras la corrupción de Jordi Pujol; el viejo Partido de la Democracia Cristiana Italiana también se autodisolvió tras la corrupción de Giulio Andreotti. Esperemos que en España, donde el Partido Popular se enroca hoy en la Moncloa, reproduzca el modelo catalán y no el italiano, donde tuvieron que esperar hasta el asesinato sucesivo de varios magistrados y comisarios policiales para que la DC hiciera mutis por el foro. Cuando el propio aparato de seguridad del Estado se ve obligado a tener que investigar al Estado, que es lo que ocurre ahora entre la Guardia Civil y el Partido Popular, se hace más urgente que nunca una respuesta política. O bien el PP decide por sí mismo a asumir su plena responsabilidad como estructura corrupta, o bien se verá forzado a asumirla.