Silvia Chocarro | @silviachocarro

Periodista y consultora en temas relacionados con la comunicación y el desarrollo

“Las portadas de los periódicos abren sin fotografías de la manifestación contra los recortes después de que la policía requisara sus cámaras”.

“Un jubilado al borde del desahucio por una deuda de 30.000 euros por protestar frente al Congreso la bajada de las pensiones”. “Condenada a un año de prisión por convocar a través de las redes sociales una concentración espontánea contra la subida del IVA”.

Estos titulares, que parecen extraídos de otras latitudes, podrían ser realidad en España muy pronto. Lo dice la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, también conocida como Ley mordaza y la reforma del Código Penal, incluida la modificación antiterrorista, aprobadas por el Congreso con los votos del Partido Popular (PP) en el gobierno y el rechazo de toda la oposición.

A partir del 1 de julio de 2015, fecha en la que estas medidas entran en vigor, expresarnos nos puede salir muy caro, puede incluso condenarnos a prisión.

Hasta 600.000 euros celebrar “espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad por razones de seguridad ciudadana”. ¿Las concentraciones del 15-M en la Puerta del Sol entrarían en este supuesto?

Hasta 30.000euros podría llegar a pagar una persona, incluido un periodista, por el uso “no autorizado” de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando éstas –y no un juez- consideren que ponen en peligro el éxito de la operación. La policía, de hecho, podría solicitar a quien realiza la fotografía la entrega del equipo y el borrado de material. ¿Es así como las autoridades velan por una prensa libre? Vale la pena recordar que la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) emitió un comunicado el año pasado en el que calificó de “inaceptables” los ataques por parte de la policía a periodistas que cubren manifestaciones y solicitó al Gobierno español “que proteja adecuadamente a los periodistas que informan sobre manifestaciones”.

Hasta 30.000 euros le puede costar a alguien protestar frente al Congreso. También, intentar evitar un desahucio o, por ejemplo, entrar en las oficinas de un banco para denunciar el fraude de las preferentes o encerrarse en un hospital para oponerse a la privatización de la sanidad. Es más, hacer algunas de estas cosas, puede ser penado hasta con seis meses de prisión.

Hasta doce meses de prisión le pueden caer a alguien por difundir mensajes en las redes sociales “que inciten” a la participación en un acto de protesta no autorizado.

¿No debería el Gobierno garantizar nuestro derecho humano a la libertad de expresión y de reunión? Se entiende que puede haber ciertas restricciones al ejercicio de estos derechos (de las que hablaré otro día), pero ¿no les parecen desproporcionadas estas medidas que, se supone, garantizan nuestro bienestar?

El periódico New York Times, que pocas veces pone su foco en España, le dedicó un editorial a “la ominosa ley mordaza española”. Afirmaba que sólo encontraban un propósito posible: “apoyar al partido en el Gobierno a mantener el poder, desalentando la celebración de protestas públicas” antes de las elecciones generales del mes de noviembre. Para Carlos Almeida, asesor legal de la recién creada Plataforma por la Defensa para la Libertad de Expresión (PDLI) y director del bufet Almeida, la finalidad podría ser otra: facilitar situaciones conflictivas durante protestas pacíficas para promover un voto que busque el restablecimiento del orden.

Ambas suposiciones parecen verosímiles. Lo que cuesta creer es que en una democracia se aprueben medidas legislativas, condenadas por la mayoría de los partidos políticos, organizaciones sociales, la población en su conjunto y hasta Naciones Unidas. A pesar de la avalancha de críticas, el ministro español del Interior, Jorge Fernández, retó a quienes se oponen a esta ley a que le expliquen “qué derecho o qué libertad se ve restringida”.

Bien, lo voy a intentar resumir.

Empiezo por Naciones Unidas (NU), nada sospechosa de estar detrás de alguna conspiración contra el Gobierno español. Cinco relatores especiales de NU, reconocidos expertos independientes que asesoran al organismo internacional en materia derechos humanos, pidieron la retirada de estas medidas “por amenazar los derechos y libertades individuales” y “por criminalizar las protestas pacíficas”.

Todos los partidos políticos, excepto el PP, se opusieron a la aprobación de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal. Es más, casi todos se unieron para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque consideran que esta ley “vulnera una docena de artículos de la Carta Magna”. El Tribunal, de hecho, lo ha admitido a trámite.

A este recurso se le suma un informe presentado por cerca de 30.000 organizaciones sociales a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interponga también un recurso de inconstitucionalidad, ya que las leyes no permiten a la ciudadanía hacerlo directamente. Entre las miles de organizaciones se encuentran No Somos Delito, Greenpeace, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Colectivos de juristas como Jueces para la Democracia o la Asociación Libre de Abogados han denunciado que esta ley convierte “legitimo en ilegal”. Hasta el Sindicato Unificado de Policía (SUP) está preocupado porque la ambigüedad de la ley pone en juego su aplicación “con garantías” y reconoce que “no cuenta con el consenso social que debería tener“.

Y para terminar, una encuesta realizada por Demoscopia para avaaz.org señala que el 82% de la población se opone o quiere una modificación de la ley de seguridad ciudadana. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está.

Creo que no hay imagen que mejor resuma todo esto que la manifestación en forma de hologramas, celebrada frente al Congreso español por la organización No Somos Delito. Como decía el New York Times, “por el momento las protestas en forma de hologramas no son ilegales en España; aunque increíblemente casi todas las demás protestas pacíficas lo serán a partir del 1 de julio”. “Fue la primera de la historia y confiemos en que sea la última”, dijeron los organizadores.

En principio, una ley “de seguridad ciudadana” debería ser algo bueno, debería hacernos sentir libremente seguros, pero ¿y si en su lugar sentimos miedo? Miedo a hablar, miedo a protestar, miedo a tuitear, miedo a fotografiar. Después, miedo al miedo. Y al final, se hace el silencio.

Texto publicado por primera vez en Otro mundo está en marcha

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