CARMEN MAGALLÓN

La determinación y valentía de Aminatou Haidar para llevar a cabo una acción no violenta tan potente como una huelga de hambre, con el dramatismo que impone la decisión de poner en juego la vida para defender el derecho a vivir en su tierra, ha puesto sobre la mesa un conflicto que lleva años en la sombra: la situación del Sáhara Occidental, el único territorio africano pendiente de descolonización.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, sancionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal aprobada el 10 de diciembre de 1948, ¿puede un Estado deportar a una persona sin su consentimiento? ¿Puede un Estado negar a alguien el derecho a vivir en su tierra? Con la mente y el corazón unidos a Aminatou, pienso en el viejo poema del tiempo de las dictaduras, aquel en el que Erich Fried escribió: “¿Aquí quién manda? El pueblo, naturalmente. Naturalmente el pueblo, pero ¿quién manda realmente?” Como Fried, pienso que el Estado, naturalmente, no puede negar a una persona el regreso a su casa. Pero, al igual que Fried, veo cómo algunos Estados lo hacen realmente, cómo lo hace Marruecos con Haidar. De fondo, el conflicto es de quién es la tierra a la que volver. Quién manda aquí.

Cuánta razón tenía Hannah Arendt cuando escribió que, a menudo, lo que impide el disfrute de los derechos humanos es la carencia de una comunidad de referencia, la abstracta desnudez de ser nada más que humano. Lo han comprobado los refugiados, los apátridas, los encerrados en los campos de exterminio. ¿Es el caso de Aminatou Haidar? ¿Quién ampara a los saharauis, además de ellos mismos?

La comunidad internacional tiene mecanismos para exigir a un Estado que asuma sus obligaciones. Puede buscar una salida inmediata a la situación de Aminatou y activar, estableciendo plazos, su compromiso con el Sáhara, el cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas.

A estas alturas de la historia, y más allá de la mejor o peor gestión de este episodio, este no es sólo un problema de España. Si hay un caso claro en el que tiene que implicarse la comunidad internacional, y dentro de ella quienes tienen capacidad para influir, es este; en particular, y dadas las relaciones e intereses que mantienen con Marruecos, son Estados Unidos, Francia, Argelia, España, y desde luego la Unión Europea, quienes han de actuar. No sólo porque la comunidad internacional es garante del cumplimiento de los derechos humanos frente al Estado, sino por una cuestión mucho más de fondo y con implicaciones graves: ¿alguien ha sopesado qué lección se extrae de la marginación de una lucha, la del Sáhara, que es pacífica, y qué se está promoviendo cuando la comunidad internacional sólo se moviliza ante quienes utilizan la acción terrorista?

Ante la posible muerte de Aminatou Haidar, que no se llevaría a nadie por delante, ¿qué van a hacer Francia, la UE o Estados Unidos, que tanto empeño ponen en otros conflictos, aireados con métodos sangrientos? Aminatou Haidar, la opción no violenta, ha de vivir: la comunidad internacional tiene que salvarla.

Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz