Contra el concierto económico vasco y la nueva ley del cupo que se aprueban este jueves en lectura única en el Congreso con el apoyo del PP, PSOE y Unidos Podemos se siguen alzando voces que denuncian el privilegio y la desigualdad de trato que Euskadi –y también Navarra- mantiene en relación al resto de territorios. ¿Es legal y constitucional este sistema? Sin duda, y avalado además desde 2008 por la propia Unión Europea. ¿Injusto? Bastante, si se tiene en cuenta que la financiación por habitante en Euskadi viene a duplicar la media de las comunidades de régimen común. Conocidas ambas premisas el mayor agravio es la coyuntura. ¿Por qué se aprueban ahora estas nuevas reglas mientras se mantiene empantanado el modelo del resto de comunidades con mayores necesidades de financiación?

La respuesta es evidente y va más allá de la capacidad del PNV de facilitar la vida al PP con su apoyo parlamentario, decisivo en el caso de los Presupuestos del Estado. Se intenta mostrar a los buenos entendedores que el camino de la negociación y el pacto es un agradable sendero por el que transitar entre azaleas y rosales frente al escarpado precipicio de la unilateralidad. Ocurre, no obstante, que sólo se trata de la postal de un destino al que ningún tour operador del Gobierno ofrece viajes porque su precio es prohibitivo.

Se ha hablado mucho de las ocasiones en las que el entonces muy honorable Jordi Pujol rechazó la vía del concierto económico, siquiera como propuesta de negociación, y hasta de la renuncia expresa que el Estatut de 2006 hizo de ella. Ni en el Pacto del Majestic, suscrito con el PP para dar estabilidad a Aznar cuando hablaba catalán en la intimidad, ni en las dos veces que el Parlament abordó el asunto se llegó a plantear como posibilidad ese nuevo sistema de financiación por entender, lo que son las cosas, que sería rechazado por inconstitucional.

La única tentativa informal corrió a cargo del diputado de Unió Sánchez Llibre en una de las reuniones que mantuvo en el Ministerio de Economía en plena negociación parlamentaria del Estatut, que acaba de llegar a las Cortes para un cepillado del que luego presumiría Alfonso Guerra. El entonces vicepresidente Pedro Solbes le explicó que tanto la bilateralidad entre el Estado y la Generalitat como la pretensión de recaudar todos los impuestos estatales eran claramente inconstitucionales. Sánchez Llibre trató de darle la réplica con una pregunta: “Entonces, ¿no es constitucional el concierto económico vasco?”. Terció en la disputa el entonces secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez: “No es lo mismo porque los vascos son el 5% del PIB y vosotros el 20%. No sabemos si recaudan o no todo lo que dicen recaudar con su sistema fiscal y no podemos controlarlo. Además, existe ETA”. Más claro el agua.

Desde Euskadi se sostiene con razón que ni el Concierto es un privilegio medieval, ya que en realidad fue una imposición de Alfonso XII al suprimir los fueros vascos tras la tercera guerra carlista, ni es cierto que los vascos no contribuyan al sostenimiento común, aunque sea discutible que el Cupo –la cantidad que se abona por las competencias exclusivas del Estado, por las no transferidas, por las amortizaciones de la deuda pública y por el Fondo de Compensación Interterritorial, y que en 1981 se estimó en el 6,24% del PIB general- se ajuste a parámetros objetivos.

Lo que sí parece insostenible es el argumento de que sería posible extender su modelo al resto de comunidades. Como el papel lo aguanta todo, en teoría si las 17 autonomías pagasen un cupo como contribución a las cargas que ellas no asumieran en el porcentaje correspondiente a su peso en el PIB nacional, el Estado recibiría el 100% de su presupuesto y podría financiar todas sus competencias. La realidad es que el país acabaría en bancarrota. Hay un cupo vasco pero sería de ciencia-ficción que hubiera uno catalán y otro madrileño, por citar un par de ejemplos.

Asumiendo que el País Vasco goza de un trato fiscal privilegiado, lo que añade más injusticia es la demora en establecer un marco de financiación adecuado para el conjunto de territorios. Es un imperativo para Catalunya sí, pero también para el resto de autonomías, donde hay ciudadanos que también precisan de servicios sociales que han de ser satisfechos. Más prudente aún que no echar leña a los fuegos que intentan apagarse o alejar la llama de los polvorines es prevenir los incendios.