Marià de Delàs

Una parte muy importante de la sociedad catalana se moviliza desde hace años para reivindicar un derecho elemental, el de autodeterminación.

No faltan gentes que, dentro y fuera del territorio catalán, ignoran o menosprecian esa evidente realidad. Otros reconocen el fenómeno, pero niegan a Catalunya su condición de nación. Afirman que el pueblo catalán no existe ni puede existir como sujeto político soberano. Es más. Algunos cuestionan incluso la existencia de algo que pueda identificarse como pueblo catalán. En estas condiciones, el diálogo entre unos y otros es difícil. No hay nada imposible, pero es difícil, porque unos afirman con rotundidad lo que otros niegan taxativamente.

Debe ser ese el motivo por el cual los partidos autodenominados ‘constitucionalistas’ hablan del “problema catalán”, pero no muestran el menor interés en buscar soluciones ni en explorar si existe algún margen de negociación entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

La política del Gobierno ha quedado prácticamente reducida a la administración de créditos, a las actuaciones a través de la fiscalía, las querellas y la guerra sucia contra políticos catalanes secreta y torpemente ejecutada desde el ministerio de Interior.

Los gobernantes del PP dan casi cada día sobradas muestras de su voluntad de ‘resolver el problema’’ por la vía del sometimiento, a cualquier precio. Las últimas decisiones resultan particularmente llamativas. La Fiscalía que ordena una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por “prevaricación y desobediencia”, pide el mismo día el archivo de la que se presentó contra el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por la conspiración en la que participó contra sus adversarios políticos, tal como se puso de manifiesto en las conversaciones reveladas por Público.

Frente a esta actitud, buena parte de los que reclaman el reconocimiento del derecho del pueblo catalán a decidir por sí mismo sobre sus asuntos exhiben el imponente respaldo social e institucional con el que cuentan, y manifiestan, con una contundencia inusual en anteriores décadas, que su propósito es firme, que Catalunya tomará sus decisiones con independencia de lo que dispongan gobernantes e instituciones del Estado. No parecen nada dispuestos hoy en día a cambiar de plan.

Así las cosas, parece como si el Gobierno no contemplara otro escenario que el de la imposición para dar con una ‘solución definitiva’. Si hubiera que hacer caso de las declaraciones y decisiones que se conocen, el llamado choque de trenes parece garantizado. Todo indica que el PP seguirá gobernando en los próximos años y que no se moverá de su actitud del todo intransigente, con el apoyo natural del otro partido de la derecha española, Ciudadanos, y de un sector significativo del PSOE, que hoy descarta cualquier posibilidad de entendimiento con lo que tiene a su izquierda y, por supuesto, con partidos independentistas de cualquier obediencia social y política.

Soberanistas e independentistas, mientras tanto, siguen enredados en una disputa sobre la manera de hacer posible que el pueblo catalán pueda pronunciarse en las urnas sobre su futuro. Y lo hacen de una manera bastante absurda, porque se descalifican mutuamente con rotundidad, como en tantas ocasiones, como si solo se tratara de una disputa de territorios, sin tener en cuenta que los argumentos de unos y otros dejan en el aire incógnitas por resolver.

Unos, independentistas de todo color social, aprueban formalmente textos sobre la “desconexión”, la creación de estructuras de un nuevo Estado, la “sustitución de una legalidad por otra” y la celebración el año que viene de un referéndum vinculante, con efectos jurídicos, pase lo que pase, sin explicar cómo piensan hacer frente, por ejemplo, al poder coercitivo del ministerio de Hacienda sobre todos los ciudadanos, entre ellos los catalanes; O a la disciplina que puede imponer la Administración central sobre los funcionarios que trabajan en Catalunya.

Los otros, soberanistas a secas, coinciden con una parte del independentismo, el de izquierdas, en que la soberanía ha de hacer posible que el pueblo defienda sus derechos elementales, sociales y políticos, pero sostienen que el deseado referéndum de autodeterminación sólo se puede realizar previo reconocimiento internacional y tras la formalización de un acuerdo con el Estado español, sin reconocer que eso, en la práctica, dicho así, en las circunstancias actuales, equivale a renunciar a que se realice esta consulta en un plazo razonable, a no ser que planteen el tema como una pura reivindicación histórica que algún día, no se sabe cuándo, quizás, sus nietos puedan ver satisfecha.

Puigdemont se pronunció hace una semana en Madrid en favor de una solución política, de las que se tratan en los parlamentos y en las mesas de negociación, en contraposición a quienes “lo fían todo a fiscales, jueces y policías corruptos, a los que se ha encomendado el Gobierno”, pero fue el propio President de la Generalitat el que pocas horas antes había asegurado que el referéndum se celebraría en cualquier caso el año que viene, y que cuando eso ocurra “sólo quedaría invitar al Estado español a reconocer los resultados”.

A nadie se le escapa que una convocatoria a las urnas formal exige un censo, un presupuesto, una organización y un reglamento que funcione y dé garantías al mundo de que el resultado es fiable. Conseguir todo eso, con la oposición del gobierno de Madrid, no parece cosa sencilla.

Puigdemont dio a entender que su equipo tiene ases en la manga y que lo que no hará es explicarlos al adversario, para no ponerle las cosas fáciles, pero en cualquier caso la conquista de la soberanía requiere algo más que jugadas astutas. La historia demuestra que hace falta mucho más que astucia y valor.

Unos y otros, independentistas y soberanistas a secas, saben que nada de lo que proponen es posible sin forzar las cosas de alguna manera, sin conseguir triunfos serios y visibles, sin poner en aprietos al Gobierno central por la vía de los hechos. Triunfos que permitan pensar en un nuevo cambio en el mapa político español, que modifique sustancialmente las actitudes.

La reacción intransigente del Gobierno central frente a municipios que este año, como vienen haciendo desde hace tiempo, se han negado a considerar festivo el “día de la hispanidad”, la ‘invalidación’ de resoluciones del Parlament, la decisión de llevar a los tribunales a dirigentes catalanes por su actividad política, el papel asignado al Tribunal Constitucional para restringir las competencias de la Generalitat, junto a la inexistencia absoluta de propuestas para el diálogo, permiten hacerse una idea sobre la ciega disposición del Ejecutivo ante una posible colisión entre instituciones, como si los actuales gobernantes tuvieran la certeza de que su maquinaria no sufrirá desperfectos.

En política todo es mucho más ‘cutre’ de lo que se supone y lo más probable es que el Gobierno haya calculado mal los efectos de un choque de trenes, o que no haya realizado siquiera una simple estimación, pero independentistas y soberanistas a secas harían bien en abandonar discusiones estériles sobre si es transitable o no la vía de la unilateralidad o sobre si hoy es posible un acuerdo con el Estado para que Catalunya pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. De momento, cada vez que alguien lo reclama, el Gobierno pone en marcha la máquina de golpear con el “peso de la ley”, como si fuera delictivo el planteamiento pacífico de esa reivindicación indiscutiblemente democrática.

Harían bien en intentar ponerse de acuerdo en torno a una estrategia común para hacer frente a esa realidad.