Al "Pentágono" catalán, una metáfora de la geometría política que perfila desde hace algún tiempo la cuestión catalana con cinco protagonistas significativos, le he dedicado sendos artículos sobre los independentistas y los "cazadores de osos" y un par sobre los "hechiceros"; este será el tercero referido a aquellos individuos que la Wikipedia "atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta de maneras que no responden a una lógica causal". Toca hoy observar a los hechiceros federalistas, probablemente los más atrevidos dentro de la Tercera Vía construida con diversos materiales ideológicos para hacer frente al "derecho a decidir" invocado por los soberanistas. Han tenido cierta dosis de éxito mediático a partir del momento que el PSOE dirigido por Pérez Rubalcaba y el PSC de Pere Navarro acordaron la conocida como Declaración de Granada (6 de julio de 2013).

Afrontemos con valentía el debate y formulemos las preguntas imprescindibles. ¿Hechizará el "federalismo" socialista a los catalanes? ¿Acaso proponen "superar" el Estado de las Autonomías del 78 reformando la Constitución y de este modo alcanzar el paradisiaco Reino Federal de las Españas o los Estados Unidos Españoles? Lo tendremos que ver por pasos, porque todo parece una divertida comedia de enredos; o de equívocos interesados.

La buena prensa del federalismo en Catalunya

Las encuestas vienen demostrando desde hace algún tiempo que el sistema autonómico ha decepcionado a una mayoría amplia de catalanes. En la encuesta del CEO (el CIS catalán) de octubre de este año, más de un 60% de los entrevistados estimaba insuficiente el nivel de autonomía alcanzado y, coherentemente, tan solo el 24% era partidario de que Catalunya siga siendo una Comunidad Autónoma, mientras un 23% lo era de un estado propio en una España federal. Claramente por delante está el 39% que opta por la independencia, cifra que crece a expensas del federalismo hasta niveles del 45% cuando los encuestadores proponen directamente la pregunta del referéndum.

Otro dato relevante lo aportaba un sondeo de Metroscopia/El País de mayo de 2013, según el cual un 55% de los catalanes apoyaría la opción federal para salir del actual impasse frente al 30% que se opondría. En consecuencia, en la medida que el federalismo tiene un relativo buen cartel podría pensarse que una propuesta de esta naturaleza restaría apoyos a los soberanistas y desactivaría las demandas de un referéndum sobre el futuro de Catalunya. Esta es, al menos, la intención de sus promotores. Reivindicar la solución que para algunos sería la del mal menor.

Pero, ¿a qué obedece la relativa buena imagen del federalismo en Catalunya? Sin pretender agotar todas las respuestas posibles, hay que apuntar en la siguiente dirección.

En la memoria colectiva ha quedado un poso positivo de las intenciones del federalismo de la primera experiencia republicana española que tuvo en un catalán (Pi i Margall) a unos de sus principales inspiradores. Aquel federalismo proponía, entre otras muchas medidas de factura revolucionaria, que Catalunya pasara de ser una región dependiente de un poder muy centralizado a un estado con un nivel de autogobierno notable; lo que por otra parte era exactamente lo mismo que proyectaba para los restantes territorios de la España de 1873 (en la que, para hacerse una idea y por ejemplo, seguía siendo legal la esclavitud). Incluso hubo una proclamación de un efímero Estado Catalán (marzo de 1873) con Baldomer Lostau como presidente provisional, en una acción que para algunos era el necesario ejercicio de soberanía previo a su incorporación a la Federación Española. Aquel federalismo dejó un buen recuerdo, y también un catalanismo dividido con una corriente catalanista de izquierda federalista, unos sectores más conservadores reclamando inútilmente durante décadas poder autonómico (Bases de Manresa de 1892) y otros grupos que acabarían optando por la vía de la independencia (Francesc Macià, entre otros).

Con la victoria republicana, el 14 de abril de 1931 Francesc Macià proclama unilateralmente "la República catalana a la espera que los otros pueblos de España se constituyan como Repúblicas, para formar la Confederación Ibérica" (Joaquim Roglan. "14 de abril: la Catalunya republicana"). Hay un registro sonoro de poco después con "pequeñas" diferencias", al desaparecer el sustantivo confederal: "Proclamo la República Catalana como estado integrante de la Federación Ibérica". Al final, hubo marcha atrás porque a Macià no le quedó otra alternativa que aceptar la solución autonómica y la institución de la Generalitat, lo que no dejaría de percibirse como una rebaja en los objetivos de autogobierno.

En octubre de 1934, Lluis Companys, a la sazón President de la Generalitat, interpretando que el gobierno conservador de la República había roto las reglas de juego vinculadas al Estatuto de 1932 utilizando para ello incluso al Tribunal de Garantías Constitucionales, insiste en la superación del autonomismo al proclamar "el Estado Catalán dentro de la República Española" esperando con este paso al frente estimular el advenimiento de la Republica Federal. La respuesta no fue precisamente esa y de nuevo la solución federal se connotaba de poderosos atributos de mayor autogobierno mientras el modelo autonómico (por demás suspendido en la vorágine represiva que se desencadenó a continuación) quedaba retratado como regresivo y fácilmente vulnerable a las maniobras centralistas.

La Transición y el régimen del 78 retomó la solución autonómica, ya iniciada en la II República. De nuevo, pudo pensarse que la vía autonómica no alcanzaba las prestaciones de autogobierno que pudieran venir de un estado federal. Máxime cuando la generalización del "café para todos" rompía con la idea para algunos de que lo Autonómico constituía una nota de diferenciación y exclusividad (únicamente sucedía en la Italia de aquella época con solo dos regiones autónomas y en la República Popular China con cinco). La Autonomía, valorada como un régimen excepcional para las "naciones" que estaban obligadas a conformarse con ser "nacionalidades", era percibida en algunos sectores como apenas un peldaño por debajo de la independencia.

Y el autonomismo empezó a entrar en crisis política y socialmente con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló parcialmente, y desnaturalizó ante sus principales valedores, el Estatuto votado en referéndum cuatro años antes, dando la razón a los recursos auspiciados por el Partido Popular. A continuación, el independentismo se afianzó como la alternativa más atractiva al sistema vigente, superando al federalismo que durante algunos meses tuvo un respaldo mayor en las encuestas en Catalunya.

Algunos datos. En una encuesta del CEO de 2005 (coincidiendo con el debate parlamentario del nuevo Estatuto) la opinión pública catalana se manifestaba mayoritariamente quejosa del nivel de autonomía alcanzado (52%) frente a un 39% que lo consideraba suficiente o excesivo. Y de los tres principales posicionamientos al respecto, el mayor respaldo aún lo tenía el autonomismo (41%), aunque ya se hacía notar la fascinación por el federalismo en las respuestas del 31% de los entrevistados. El independentismo en aquellas calendas se tenía que conformar con un 14%. El panorama ha cambiado hondamente en los 11 años transcurridos desde esa encuesta de 2005 a la última del CEO de 2016. No solo ha crecido la insatisfacción con el grado de autonomía hasta el 63% (11 puntos más) sino que este colectivo se ha radicalizado hasta el punto de triplicarse el independentismo a costa del federalismo (ocho puntos de porcentaje menos en once años) y del autonomismo (17% menos). El prestigio del autonomismo se ha desplomado entre los autóctonos y ha retrocedido entre los electorados más afines a los socialistas y a los que ahora se mueven en la órbita de CSQP, al tiempo que el federalismo ha perdido fuelle en el electorado más catalanista.

Ha ido lloviendo sobre mojado. Sistemáticamente y durante los últimos 150 años el federalismo ha sido percibido en ciertos sectores de Catalunya como un instrumento "per se" capaz de responder mejor a los anhelos de autogobierno de los catalanes y susceptible de blindaje. El federalismo, inmaculado tras no haberse llegado nunca a aplicar, se idealiza cargado de expectativas positivas e intrínsecamente progresista. En paralelo, el autonomismo naufraga, demostrando en la práctica sus limitaciones; no supera la prueba del algodón y queda cualificado como inherentemente incapaz de resolver el problema... Por si faltara poco, hay sectores de opinión que confunden el modelo confederal con el federal.

El juego está servido; para quien quiera aprovecharlo, pero teniendo en cuenta otros factores. Entre ellos, aunque no por ello el más decisivo, el rechazo mayoritario al federalismo en el resto del Estado: solo un 39% a favor y un 45% en contra (encuesta de Metroscopia/El País de marzo de 2013). A mayor abundamiento, la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (otoño de 2016) nos informa del escaso entusiasmo que suscita entre los españoles la idea de aumentar las competencias de las Comunidades (14%) o la de permitir su independencia (9%). Más pesan quienes en el extremo opuesto se muestran encantados con hacer desaparecer el sistema autonómico (19%) o los que se alegrarían si menguaran sus competencias (10%). En definitiva, un 23% apoya avanzar en los autogobiernos y un 30% apuesta por retroceder. Entre ambos, un 37% que actúa de amortiguador deseando mantener las cosas tal como están. Esta relación de fuerzas y su distribución dentro de cada electorado partidista se corresponde a la perfección con las estrategias al respecto de PP, C´s y PSOE.

Hay que hacer algo

El punto de inflexión y reflexión "federalista" del socialismo catalán podría situarse después de la Diada del 11 de septiembre de 2012 y la Declaración parlamentaria de Soberanía de Catalunya del 23 de enero del año siguiente, con un PSC disminuido y dividido entre la mayoría que vota en contra y las cinco abstenciones habidas en un acto de rebeldía muy significativo. Entre medias, las elecciones autonómicas de noviembre que supusieron un nuevo revolcón para los socialistas entonces dirigidos por Pere Navarro. El PSC va haciéndose girones. Los dirigentes, cuadros, militantes y votantes que representan el "alma" catalanista del partido lo abandonan en masa. Aquel partido que se fundó dos meses antes de las elecciones de 1977 con un documento de principios (ratificado por la dirección del PSOE) en cuyo punto quinto se "reconocía el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y pueblos del Estado español", estaba diciendo y haciendo todo lo contrario. Algunos, en esta tesitura, pensaron que había que hacer algo. El aparato del partido catalán quiere maniobrar para evitar el derrumbe definitivo. El aparato del PSOE sabe que es muy improbable volver a gobernar en España sin el granero de votos que les proporciona Catalunya por su saldo de escaños antaño muy favorable frente a los pocos que obtiene el Partido Popular. Había que hacer algo y el equipo de Navarro se fue a Granada para explicar a Rubalcaba que el federalismo tenía muy buena prensa en su tierra y que si podía regresar y decir que ya eran federalistas, todo arreglado...

La Declaración de Granada no es federalista, es autonomista

La Declaración de Granada merece especial atención por dos motivos, además de por su supuesta trascendencia institucional. Uno, porque no es federalista. Y dos, porque el problema español-catalán (que no es el único) no se resuelve en un debate autonomismo o federalismo porque es la resultante de una mayoría hegemónica culturalmente castellana y de una élite "uninacional", que carecen de la voluntad política imprescindible para resolverlo.

En las diez páginas de la Declaración, la palabra "Autonomía" y sus derivados son mencionadas hasta 25 veces. "Federalismo" y sus derivados aparecen seis veces.

En el documento se hace una defensa absoluta del Estado Autonómico, sus virtudes, sus éxitos y su futuro. Queda manifiesta la decisión del PSOE de mantenerlo: "Los socialistas seguimos creyendo en el Estado de las Autonomías y lo seguiremos defendiendo como el único marco político viable de una España moderna, libre y democrática". No hay dudas: "El Estado de las Autonomías necesita hoy una profunda revisión y una actualización urgente". Tras justificar que tales tareas exigen una reforma constitucional, se insiste en que España "necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las Autonomías (...) sino para seguir avanzando en el único camino que ha demostrado ser fructífero". Concluyen: "Queremos hacerlo porque el Estado de las Autonomías es en buena medida el fruto de nuestro esfuerzo y la tarea de hoy es reformarlo (...) Y estamos dispuestos a hacerlo porque responde a nuestros principios".

Las menciones a lo federal se presentan en todos los casos como una cualidad que se predica de lo Autonómico, quedando así el concepto siempre subordinado al modelo vigente:

"El Estado autonómico contiene desde su origen una evidente vocación federal; pero en su diseño y en su desarrollo han faltado piezas que forman parte esencial de los Estados federales que mejor funcionan".

"El Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en sus sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias".

"Vamos a defender un Estado de las Autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar todo lo que de él demandamos".

"Necesitamos reformar la Constitución para crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales..."

Con estas referencias se agota el federalismo socialista. Solo un tacticismo tramposo que abusa del nominalismo explica que se repitan afirmaciones absurdas, desatinadas e inconsistentes jurídicamente. Tecnicismos aparte, autonomismo y federalismo son dos modelos de descentralización política radicalmente distintos en su génesis y potencialmente iguales en sus eventuales funcionalidades y finalidades. Partiendo de consideraciones históricas y jurídicas desiguales pueden construir un Estado tan descentralizado el uno como el otro, o tan poco como se quiera... No tiene sentido alguno federalizar lo autonómico ni autonomizar lo federal. No hay nada en una constitución federal en cuanto a descentralización política que no pueda incorporarse a un Estado autonómico. Incluso la bilateralidad, la asimetría, un senado territorial o las relaciones de carácter confederal entre territorios pueden caber dentro de un Estado Autonómico. Sería suficiente que la Constitución así lo reconociera desde el principio. Ahí sí que está el problema. Bastaría modificar los artículos 1.2 y 2 de la actual Constitución...

Test federalista para "federalistas"(autonomistas)

Con la Declaración de Granada en las manos, las manifestaciones de sus dirigentes y dando por evidente que un sistema autonómico permite cualquier disposición descentralizadora, pongamos a prueba los "matices" federalistas del PSOE y PSC. Un punto para cada uno de las medidas federalizantes que están dispuestos a suscribir:

Política lingüística. Suiza. Pese a que el alemán es la lengua propia de tres de cada cuatro suizos, hay cuatro lenguas oficiales. Tres de ellas (alemán, francés e italiano) son lenguas nacionales y oficiales a nivel federal. El cuarto (romanche, hablado por unas 20.000 personas) también tiene carácter oficial pero solo en las relaciones del estado con los hablantes de esa lengua. Todo documento oficial es publicado en las tres idiomas oficiales. Excepto en tres cantones que son bilingües alemán-francés y uno que es trilingüe, todos los 22 restantes son monolingües y su idioma es el utilizado por la administración, que lo considera su lengua principal. Cada territorio decide sobre sus cuestiones lingüísticas. La enseñanza escolar es impartida en el idioma propio, siendo obligatorio el aprendizaje de otra de las lenguas nacionales.

Política Fiscal. Estados Unidos. El gobierno federal basa sus ingresos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades, y sus transferencias a los estados constituyen aproximadamente un tercio de los ingresos de estos. Siete estados no tienen impuestos sobre la renta pero en otros puede representar más del 40% de los ingresos estatales. Los estados también aplican el impuesto sobre sociedades, aunque es una fuente de ingresos menor en la mayoría de los casos. Los estados tienen plena libertad para establecer los tipos impositivos y las bases imponibles del impuesto sobre ventas. (Maroula Khraiche y Patrick Flaherty de la Universidad de Connectitut).

Concierto Económico, Cupo y Bilateralidad. España. Euskadi y Navarra.

Estados Libres Asociados. Estados Unidos. Puerto Rico.

Derecho a la Autodeterminación. Reino Unido. Escocia, Referéndum de 2014. Irlanda del Norte, Acuerdos de Belfast (Viernes Santo de 1998).

Capacidad legislativa. Estados Unidos. Cada estado elabora y aprueba su propia Constitución, (que no puede oponerse a la federal) y legislación, que no puede contradecir la federal, por demás mínima. En un estado una acción puede ser legal y en otros no.

Selecciones Deportivas Nacionales. Reino Unido. Cuatro Selecciones Nacionales de Futbol: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

Valoración de los resultados del Test:

6-7 puntos sobre el máximo posible de 7. Excelente. Su federalismo es auténtico, democrático y adaptado a la realidad española del siglo XXI y su plurinacionalidad. Catalunya encaja perfectamente en España y se pone fin a siglos de tensiones e incomprensiones.

4-5 sobre 7. Progresan adecuadamente. En Catalunya hay predisposición para negociar un acuerdo destinado a una fructífera relación de futuro.

Entre 2 puntos y 3. Pese al esfuerzo, aún no lo han entendido del todo. Tienen que volver a repasar. Si quieren, pueden. No hay que descartar con Cataluña un acuerdo provisional y revisable a plazo fijo.

1 punto. Ni quieren ni pueden. No han entendido nada. Además, harían trampas.

0 puntos. No cuela. Tan jacobinos como el PP.

Conclusión.

Muy probablemente los "federalistas" del PSOE y PSC no hechizarán a los catalanes. Próximamente, un nuevo y último artículo con los flecos del asunto y nos olvidaremos de ellos.

Nota. Se pretende en ocasiones corregir la confusión existente con los términos federal y confederal añadiendo más confusión. Es el caso de Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la UAB y uno de los fundadores del partido anti-soberanista Ciudadanos. En un artículo en La Vanguardia del 24 de octubre de 2012 afirmaba que el fundamento jurídico de una confederación es "un tratado internacional, dado que los sujetos que lo constituyen son Estados soberanos que siguen conservando su soberanía". Hasta aquí es clarificador. Ya habría que matizar cuando señala que en el Estado federal la soberanía no reside en los territorios que lo integran, sino en el conjunto del pueblo, es decir, en todos y cada uno de sus ciudadanos". Es cierto solo si con ello quiere decir que la soberanía es del conjunto del pueblo después de la entrada en vigor de la Constitución.

Pero yerra cuando sostiene que el Estado Federal" no se funda en un tratado sino en una constitución emanada del poder constituyente que reside, precisamente, en dichos ciudadanos, individuos libres e iguales". Su correlato y clave argumental es que no existe soberanía primigenia de los Estados que pretenden federarse y que ellos nada constituyen, porque ese poder corresponde al conjunto de todos los ciudadanos como tales (no a los pueblos de sus respectivos Estados). Como prueba, cita el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, el primer Estado Federal, donde dice "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos (...) estatuimos y sancionamos esta Constitución". Ignora, y no puede ser un olvido inocente en un especialista, que el artículo 7 nos recuerda su carácter de acuerdo interestatal y entre entes soberanos: "La ratificación por las convenciones de nueve Estados bastará para que esta Constitución entre en vigor por lo que respecta a los Estados que la ratifiquen. Dado en la convención, por consentimiento unánime de los Estados presentes (...)".

El famoso "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos" solo adquirió naturaleza jurídico-política-constitucional tras la aprobación-ratificación del texto constitucional por parte de los diferentes Estados (hasta un mínimo de nueve de los 13 afectados). Exclusivamente a partir de ese momento puede hablarse de la "soberanía de los ciudadanos estadounidenses". A mayor abundamiento, en su previa Declaración de Independencia (1776) podemos leer que "estas Colonias Unidas son, y deben serlo, Estados Libres e Independientes" y como tales durante once años funcionaron como la Confederación de los Estados Unidos, antecedente institucional de la Federación (y que no debe confundirse con la Confederación sudista posterior).

También se puede mencionar el Pacto Federal mejicano, un acuerdo de unidad entre varios Estados que son Libres y Soberanos (Karla Mendoza) o el Pacto Federal argentino de 1831, precedentes, respectivamente, de las Constituciones de los Estados Unidos de México y de la República Argentina. Esta característica también se halla en la Ley Fundamental para la República Federal Alemana, más reciente que las anteriores. En el preámbulo queda fijado el poder constituyente de los Estados al haber sido aprobada "por los representantes del pueblo de más de dos tercios de los Länders alemanes participantes". Solo en virtud de esta comprobación, el Consejo Parlamentario la sancionó y promulgó.

Otra cosa son las excepciones que se han dado a la regla de "solo se pueden federar los que son libres e iguales", como sucedió con el proyecto federal de la I República española (1873), en el que los Estados no eran el origen del pacto sino su resultado. Las razones de este recurso "tramposo" es la existencia previa de un Estado unitario y centralizado y el temor al "momento soberano" de los Estados previo al pacto constitucional. En la II República y en el Régimen del 78 no se hicieron trampas jurídico-políticas, porque en modo alguno los poderes centrales iban a aceptar un "momento soberano" pre-constituyente, y los objetivos de descentralización políticas se canalizaron, irreprochablemente, mediante las Autonomías.

En cualquier caso, hay que tener bien presente que, al margen de la cuestión de la soberanía pre-constituyente, con la aprobación y promulgación de una Constitución federal los Estados federados pierden su soberanía definitivamente en favor de la Federación. Después no vale quejarse...