Ha sucedido lo peor: se ha firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por la mayoría de las formaciones políticas del Parlamento. En consecuencia, ya podemos perder toda esperanza de mejorar la dramática situación que padecemos de maltrato a mujeres y niños, feminicidios, infanticidios, violaciones y entrega de menores a padres maltratadores, con la impunidad de los acusados que seguirán disfrutando del beneficio de la presunción de inocencia, mientras las víctimas mantienen la sospecha de presentar denuncias falsas.

No hay nada peor que una mala ley. Como dice Concepción Arenal, “no hay nada que desanime más al ciudadano que la injusticia hecha en nombre de la ley”. Si no tuviéramos ninguna seguiríamos luchando por ella, pero ahora, con este engendro que han parido las formaciones políticas se contentarán todos: las secciones femeninas de los partidos, el Movimiento feminista, los observatorios, centros de la mujer, asistentas y trabajadoras sociales, y hasta las propias víctimas que no saben lo que les ha pasado.

Ese llamado pomposamente Pacto de Estado no es más que un conjunto de indicaciones y consejos, sin valor impositivo, que consigue únicamente aumentar, y poco, las ayudas económicas a las víctimas. Lo que no se propone es evitar que haya víctimas. Cuando la pobre madre de los niños Ruth y José Bretón, asesinados por su padre, se muestra satisfecha con la promesa que realiza el pacto de considerarla víctima y por tanto con derecho a ser compensada con algún dinero, muestra la resignación con que las mujeres aceptan este penoso papel de sometidas al poder patriarcal que decide de su vida y de su muerte. Ruth, la madre, no reclama una indemnización al Estado por haberla obligado a entregar sus hijos a un asesino ni responsabilidades personales al juez que dictó semejante resolución. Ni tampoco ninguna de las madres a las que ha sido arrebatada para siempre la felicidad, cuando el padre o pareja ha matado a los niños con la impunidad que le otorgaba el poder judicial.

Únicamente Ángela González Carreño llevó adelante la reclamación hasta Naciones Unidas por el asesinato de su hija Andrea a manos de su padre, después de presentar 51 denuncias pidiendo que no se le dejara al padre la niña a solas, y cuando diez años más tarde ha sido condenado el Estado español a indemnizarla no lo ha cumplido.

De las 140 o 150.000 denuncias, según los años, que se presentan cada año en España por maltrato, el 55% se archivan sin más trámite. Del 45% restante se condena al 70%, la mayoría de las sentencias por acuerdo entre el fiscal y el acusado, a penas inferiores a 2 años que no se cumplen. En definitiva, solamente son encarcelados el 13% de los agresores, y siempre que las lesiones hayan sido suficientemente graves, a criterio del juez, para merecer tal tratamiento.

Y únicamente me refiero a los malos tratos físicos, los psicológicos son prácticamente imposibles de probar. Tampoco las palizas resultan tan evidentes cuando se producen en el interior de la vivienda, sin testigos. Incluso sigue en discusión si el asesinato en la soledad del hogar puede tener la agravante de alevosía, teniendo en cuenta que la víctima no puede acudir a nadie para pedir ayuda.

Pero ante esta patética indefensión lo único que aprueba el Pacto de Estado es hacer encuestas y estadísticas, cursos en los colegios, proporcionar ayuda psicológica, aumentar los centros de acogida, proporcionar más trabajadoras sociales y derivar fondos económicos a los ayuntamientos donde se atenderá a las denunciantes. Crear un colectivo cada vez mayor de demandantes de ayuda, en esa caridad organizada por el Estado que son los asuntos sociales, en vez de que se imparta justicia.

Y poco sociales, porque los sectores más desfavorecidos como discapacitadas, transexuales, prostituidas, emigrantes, refugiadas, no tienen tratamiento especial en ese interminable texto de 230 disposiciones.

Ya escribí hace poco tiempo que todo no es dinero para compensar la indefensión y la injusticia que están padeciendo mujeres y niños maltratados. Que con dinero no se van a acabar las sentencias injustas, la doble victimización que padecen cuando los procedimientos judiciales se eternizan, las sospechas de jueces y fiscales que recaen sobre las denunciantes, los informes de psiquiatras y psicólogos afirmando que las acusaciones son falsas y que la madre padece el Síndrome de Alienación Parental, la entrega de los menores a un padre maltratador o abusador sexual y las absoluciones por falta de pruebas porque la denunciante, aterrada ante la doble victimización de la justicia retira la denuncia o se niega a declarar.

Porque ni aún la anulación del “perdón de la ofendida” se ha podido aprobar, cuando esta es una facilidad otorgada por los códigos penales patriarcales para que el acusado salga libre. Vean, para que tengan un conocimiento más preciso de lo que son capaces de escribir los políticos, lo que han acordado en relación a este tema:

“Medida 117.- Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.”

Cómo se comprueba los redactores del texto legal no dominan ni la sintaxis ni la concordancia. Eso sí, dejan claro que no piensan cambiar un ápice la situación actual.

El Pacto de Estado tenía en sí mismo su propia inoperancia. Exigiendo que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo era evidente que únicamente podía aprobar un texto desleído que contentara a los machistas de Ciudadanos, a los patriarcales del PP y a la facción irredenta del PSOE, tan enamorados como están con su Ley contra la Violencia de Género, a la que atribuyen todas las virtudes, aunque haya demostrado sobradamente su inutilidad.

Lo más inaceptable de este pacto es que no haya igualado a todas las víctimas. Manteniendo la distinción entre mujeres ligadas sentimentalmente al agresor y las que no, deja al albur del Código Penal a un enorme universo femenino que carece de protección. Madres, suegras, cuñadas, hijas, vecinas, compañeras de trabajo, desconocidas y prostitutas son consideradas ajenas a la violencia de género, esa extraña calificación con la que han distinguido los legisladores a las que padecen la violencia machista, y que por razón de esta categoría semántica se merecen más atención y cuidados que las demás.

Pero lo peor no es que se haya aprobado un mal plan, con ser mala cosa, sino que servirá para que en diez años más no se mueva una coma de esa inútil Ley de Violencia, porque los responsables políticos considerarán que ya han hecho el enorme esfuerzo de reunirse durante nueve meses, cobrando dietas, para discutir interminablemente las gurruminas del redactado del texto, escuchar e interrogar a los 80 expertos que han convocado en este tiempo, atender entrevistas y ruedas de prensa, dar toda la publicidad posible a su enorme esfuerzo, alentar las esperanzas y expectativas de las víctimas y de las asociaciones que las defienden, y por tanto no van a repetir tan múltiples y duros trabajos en una década, cuando hayamos sumado mil mujeres asesinadas y cien niños más a esta macabra estadística. Es decir, que no hemos perdido el futuro sino el presente.

Al ser inaceptable el texto de ese Pacto el grupo de Unidos Podemos tampoco debía haberse abstenido. Era preciso que se opusiera rotundamente, puesto que no iban a aprobarlo.

La abstención es semejante al limbo en que el antiguo dogma católico situaba a los niños no bautizados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se estaban analizando y el poder que tienen las formaciones políticas que se sientan en el Parlamento, resulta patético que una de ellas, la que se pretende más a la izquierda y más feminista se quede en el limbo.