Hemos de proclamar la III República (II)

Miguel Naveros, nos informa en un libro impresionante, La Derrota de Nunca Acabar, del expolio que sufrieron profesores, intelectuales, diputados, empresarios, republicanos, de Almería, a manos de los falangistas en cuanto estos ocuparon la ciudad. Entraron a saco en los domicilios privados y robaron cuadros, libros, entre ellos ejemplares valiosos de bibliotecas exquisitas, obras de arte, muebles, y se los llevaron, seleccionando primero los que consideraron prohibidos con los que incendiaron hogueras en los patios de las casas.

Miguel Company Carreño escribe una estremecedora carta al alcalde de la ciudad cuando este se disponía a firmar, en plena democracia, un convenio para la compra millonaria, con valoración seis veces mayor de la real, del fondo bibliográfico y anticuario de don Abelardo Haro Marín. En ella explica como ese fondo se creó y se nutrió de la incautación de las bibliotecas y objetos de arte de las casas de muchos de los almerienses. Y lo dice con conocimiento de causa puesto que siendo un niño de seis años asistió impotente a la entrada y expolio de la casa de su abuelo Miguel Company Bustos, diputado en las tres Cortes de la República. Asistió, desesperado, con su abuela y su madre, a la extracción de muebles, cuadros, estatuas y libros que se ubicaron en una camioneta que a tal fin los falangistas condujeron hasta allí.

“Se había acabado el expolio, escribe, pero empezaba el aquelarre. Los tipos en camisa azul fueron saliendo de uno a uno, y de nuevo vociferantes, de la casa, completaron con los restos de muebles destrozados la montaña de libros que se había formado sola y prendieron fuego a aquel amasijo de papel y maderas. En cuanto empezaron a subir las llamas se pusieron todos alrededor, patearon tacones contra tacones, se clavaron al suelo como alcayatas y empezaron a chillar… Cara al sol, con la camisa nueva…”

Las represalias incontroladas, o sea, al margen de todo juicio o procedimiento oficial, que hubo en la provincia de Almería entre 1939 y 1945, significaron asaltos a sedes de asociaciones, domicilios y despachos particulares de los que robaron los tesoros artísticos y bibliográficos, y las quemas de libros subversivos.

Miguel Company va detallando los bienes de su abuelo que ahora constituyen el patrimonio del tal Abelardo Haro Marín, cuyo fondo compraba el Ayuntamiento de Almería, obviando naturalmente informar a sus ciudadanos, que deben pagarlo, varias décadas más tarde, del origen de semejante fortuna.

Como todo historiador sabe, no fue la provincia de Almería la única víctima del saqueo de los bárbaros. Yo tuve la suerte de trabajar un tiempo para el profesor Baldomero Garcigoy que había fundado en Barcelona el Liceo Garcigoy, basado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, y que los jesuitas le expropiaron sin indemnización alguna, para convertirlo en el famoso colegio y residencia de jesuitas situado en la calle Balmes Provenza. Del origen del conocido edificio llamado habitualmente “los jesuitas de la calle Balmes”, nadie sabe nada ahora.

“La Fundación Lázaro Galdiano es una institución cultural que tiene su origen en la colección del erudito, anticuario y mecenas cultural José Lázaro Galdiano, que a su muerte donó todo su patrimonio al Estado español, que asumió su legado en diciembre del año 1947. Los bienes se componen de su casa-palacio, la editorial por él creada (que impulsó entre otras publicaciones la revista La España Moderna, nombre asimismo de la editorial), una biblioteca que consta de veinte mil volúmenes, entre los que se encuentran valiosos manuscritos e incunables y alrededor de trece mil obras artísticas. Dichas obras se exponen en el Museo Lázaro Galdiano”. Así reza la información ofrecida por Wikipedia y así constará por los siglos de los siglos, ocultando que a Lázaro Galdiano se le incautaron esos bienes, nada menos que en el año 1947, privando a la familia de su herencia.

Fincas urbanas y rústicas, terrenos de labranza que ocupan miles de hectáreas, edificios pertenecientes a sindicatos, partidos políticos, asociaciones y periódicos, fueron incautados y asesinados sus dueños, en toda España. Los cadáveres de muchos de los legítimos propietarios de ese patrimonio han permanecido ochenta interminables años en todas las cunetas y caminos de nuestro país. Los que fueron encarcelados, al salir en libertad, estaban desposeídos de todo su patrimonio, y más valía no reclamarlo so pena de dar con el cementerio.

Ni se han devuelto los bienes ni indemnizado a los dueños o a sus descendientes. Ni aún, como ya es notorio, se han anulado los infames juicios que se les instruyeron a tantos asesinados ni se ha procedido a investigar donde se hallan los restos de nuestros mejores hombres y mujeres. Vivimos con la vergüenza de que sea en Argentina donde se está llevando a cabo el procedimiento sumarial contra los asesinos y sicarios del franquismo.

Pues bien, en estos ya largos años de democracia nunca se ha oído una palabra a nuestros amados reyes que indicara su preocupación por tal estado de cosas. En ninguno de los discursos con que el viejo rey nos ha obsequiado a lo largo de sus 38 años de reinado se hace mención alguna a la necesidad de reparar los desmanes que se cometieron bajo la dictadura. Cierto que muchos de los agraciados con las expoliaciones son amigos de la Casa de Real, y por supuesto frecuentan los círculos de elegidos de la aristocracia más rancia y más reciente. Pero es que tampoco el joven rey, dechado de virtudes, se ha molestado en indicar que sería hora de que las terribles páginas de nuestra historia ensangrentada de ochenta años se pasaran mediante la creación de la Comisión de la Verdad, la Reparación y la Justicia, que estamos reclamando.

Porque los que mantenemos vivo el recuerdo y las justas reclamaciones no tenemos el poder institucional. Y los que, teniéndolo, no lo hacen, aherrojados por el miedo, que es el hilo conductor de la historia de España durante estos más de tres cuartos de siglo. Hemos soportado la ocurrencia del Ayuntamiento de Madrid de que se le cambie el nombre al Valle de los Caídos y se le ponga el de la Paz, que recuerda tanto las celebraciones franquistas de los Veinticinco Años de Paz en 1964. Otra ilustre demócrata dice que se podría poner al lado otro monumento, para nosotros, los perseguidos y humillados. Cualquier cosa con tal de no molestar demasiado a los franquistas que aún siguen vivos y a sus hijos y nietos y a sus socios y a sus amigos que siguen mandando en el país. Porque saben que el régimen monárquico que nos impusieron nunca consentirá que derribe el monumento a la infamia que constituye ese monstruosa construcción que llaman Valle de los Caídos, se exhumen los cadáveres, se investiguen los crímenes, se anulen los juicios, se indemnice a las víctimas y se conozca pública y universalmente la verdad.

El pacto de la Transición consistió, entre otras cosas, en legalizar la injusticia, escarnecer la verdad, humillar a nuestros héroes y víctimas y engañar a nuestros hijos y nietos sobre la historia de España y el esperanzador proceso de la II República. Y para conseguir tales fines es imprescindible que esté el Monarca dando legitimidad a este plan.

Porque a nadie se le escapa que al proclamar la III República una de las primeras tareas sería precisamente abrir los procesos contra los asesinos y torturadores franquistas, inventariar los bienes confiscados y publicar la verdad. Por ello es imprescindible, para todos los grupos de poder, mantener la Monarquía que es la más ilustre cómplice y encubridora de tales desmanes.