La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha quejado a la Defensora del Pueblo por un fragmento del mensaje navideño del Rey en el que alentaba “a profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. Es difícil saber si la frase iba dirigida a las familias que siguen buscando a los 114.226 desaparecidos, un censo que el entonces juez Baltasar Garzón incluyó en la causa por crímenes contra la humanidad con la que pretendía encausar al franquismo por su plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos. Es lo de menos.

La queja hubiera debido tener carácter anual y justamente por todo lo contrario. Ni una sola de las 41 alocuciones con las que los dos jefes de estado de la Restauración nos han amenizado los langostinos ha incluido una referencia directa al sufrimiento de estos españoles, cuyo derecho a recuperar a sus personas queridas de las cunetas o de las tapias de los cementerios donde expiraron ha sido tradicionalmente pisoteado mientras se les instaba a mirar al futuro como quien señala un punto en el mapa.

El cuento chino de no agitar viejos rencores ha durado demasiado, aunque a medida que pasaban los años era evidente que las únicas heridas abiertas eran las de quienes no han podido enterrar dignamente a sus muertos. Con los familiares de las víctimas se ha consumado una colosal estafa perpetuada en el tiempo, que tuvo como colofón una Ley de Memoria que se limitó a declarar ilegítimos a los tribunales franquistas y sus resoluciones pero se abstuvo de anular las condenas, de tal manera que miles de represaliados siguen figurando hoy en los archivos oficiales como criminales y delincuentes mientras sus torturadores y verdugos se mantienen en el anonimato. Todo ello en nombre de una pretendida seguridad jurídica del Estado, que lo único que mostraba, para sonrojo general, era que la democracia actual debía considerarse heredera directa de la dictadura.

Más allá de las indemnizaciones recogidas en la ley, se evitaron las compensaciones económicas por los bienes arrebatados a los asesinados. A diferencia de partidos y sindicatos, que se han beneficiado de hasta dos repartos, los particulares no han visto un céntimo, pese a que el expolio al que fueron sometidos está perfectamente acreditado. Si por algo se distinguió el franquismo fue por su manera meticulosa de dejar constancia de sus latrocinios.

El Estado, considerado continuación necesaria del régimen del dictador bajito, se ha encogido de hombros ante sus crímenes y ha trasladado además su responsabilidad en la localización de las víctimas a las familias o a asociaciones como la que ahora se queja a la defensora del Pueblo. Esta dejación permite que un Gobierno como el del PP se niegue a dar fondos para la localización y exhumación de los restos, o como decía Rajoy antes de ser presidente, a “dar dinero público para recuperar el pasado”. “¿No tiene derecho una familia a recuperar los restos del abuelo que están en una cuenta?”, le preguntaba un servidor en aquella entrevista: “Si sabe dónde…”.

De nada han servido las condenas de distintos organismos internaciones, desde la ONU al Consejo de Europa, y sus reprimendas al Estado español por el incumplimiento de sus obligaciones. A la indignidad de ser el segundo país del mundo tras Camboya en número de desaparecidos se une una actitud consciente de sepultar el pasado con grandes paladas de olvido. De hecho, salvo el censo de Garzón, no existe una cifra oficial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Estas son las auténticas heridas, que lejos de estar cerradas, como pudo sugerir nuestro olvidadizo jefe del Estado, permanecen abiertas y sangrantes.