Más allá de la indignación o la insatisfacción de los de siempre, porque fanáticos hay en todos lados, por fin se mueve algo en relación a Cataluña, ese intrincado laberinto del que es imposible salir haciendo el Don Tancredo, mirando para otro lado o dejando que sean los jueces, travestidos en superhéroes de la unidad nacional, los que saquen las castañas del fuego o enfríen a soplidos las patatas calientes. Se atisba al fin un nuevo escenario distinto al del bucle infinito y algo parecido a un deseo de reconciliación, que en ningún caso puede edificarse sobre la humillante derrota del adversario. El coro que entona la vieja cantinela de que Cataluña es el gran problema de España ha ignorado demasiadas veces que el problema también era España en sí misma.

La intención de modificar el Código Penal para atenuar las penas por sedición es un paso en esa dirección. ¿Que se trata de una reforma para beneficiar a los dirigentes del procés encarcelados? Evidentemente. ¿Que se enmienda la plana a nuestro infalible Tribunal Supremo? Lo mismo que han venido haciendo todos los órganos judiciales europeos cuando han tenido ocasión de valorar sus acciones. ¿Que se ha mantenido artificialmente la acusación de rebelión sabiendo de antemano que no hubo violencia para sostener una injustificable prisión preventiva? Resulta obvio. ¿Que es una aberración condenar a 13 años de cárcel a unos señores por una concentración que debía estar amparada por el derecho de reunión o por el deseo de votar de centenares de miles de personas? Lo es.

Mantener que el delito de sedición es extemporáneo y algo de otros tiempos no es una ocurrencia personal sino el convencimiento de numerosos juristas que han clamado contra la utilización política del Código Penal. En sentido estricto, y sin atender a que todo precepto penal ha de ser interpretado de acuerdo a la realidad del tiempo en el que ha de ser aplicado, bien podría acusarse de sedición a los impulsores de cualquier protesta ciudadana, lo que por sí solo justificaría su enmienda. Yendo al caso del procés, ¿qué tipo de sedición es esa que, como venía a reconocer el propio Tribunal Supremo, fue abortada con la mera exhibición de unas páginas del BOE que publicaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña?

Como se ha dicho aquí alguna vez, la verdadera traición a la patria es negar la evidencia y creer que el diálogo con Cataluña es una cesión al independentismo cuando, en realidad, es la única manera de asegurar la supervivencia del Estado con una meta común que haga que seguir juntos merezca la pena. De ahí que la mesa de diálogo prevista entre el Gobierno y la Generalitat sea más necesaria que nunca y que encontrar algún tipo de encaje que solucione o, al menos, atempere el conflicto territorial sea, no una rendición al soberanismo, sino una necesidad nacional.

Iniciativas como la aprobada este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona, a propuesta de Manuel Valls y con el apoyo del PP, representan otro hilo de Ariadna contra el laberinto catalán. Lo acordado en el Consistorio es urgir al Estado a proporcionar los recursos y los proyectos necesarios para que Barcelona, sino cocapital del Estado, algo que exigiría una tortuosa reforma constitucional, sí alcance el coliderazgo con Madrid, lo cual parece razonable salvo que lo que se entienda es que lo que es bueno para Barcelona no lo es para el conjunto de España. ¿Es esto otra traición?

Equivocado o no, el independentismo tiene un proyecto de país y España debería ser capaz de ofrecer el suyo propio como alternativa, un marco de convivencia que renueve su traje actual reventado por las costuras. Hay que saber dar cauce a los sentimientos o dejarse devorar por ellos. Algo se mueve por fin en relación a Cataluña y solo cabe felicitarse por ello o seguir alimentando al dichoso minotauro.