José Francisco Bellod Redondo

Doctor en Economía

La crítica situación de la economía venezolana vuelve a ser noticia en los medios de comunicación españoles estos días: el año 2014 cerró con una inflación del 68,5% y se especula con la posibilidad de que actualmente esté por encima del 200% anual.

En este escenario dos acontecimientos han suscitado interés y controversia: en primer lugar la desestimación por parte del Tribunal Supremo del “recurso de abstención” interpuesto por la ONG “Transparencia Internacional” para forzar la publicación de los datos oficiales de inflación y otros indicadores económicos, publicación que el Banco Central de Venezuela (BCdV) viene desatendiendo durante todo 2015 pese a ser el órgano competente para ello. En segundo lugar, la iniciativa del presidente Nicolás Maduro decretando el “estado de excepción” en diversos municipios limítrofes con la vecina Colombia para poner coto al contrabando y a la inmigración ilegal.

El denominador común de ambas medidas es la agudización de la crisis económica del país a causa del derrumbe de los precios del petróleo que arrastra una caída de un 61% desde junio del año pasado [1] . Como ya indiqué en otro artículo publicado en este mismo blog , la merma de ingresos presupuestarios a causa de la contracción de las exportaciones petroleras agudizaría los desequilibrios de la economía venezolana abocándola a un programa de ajuste, so pena de perder el control sobre la inflación.

En medios oficialistas se sostiene que la elevada inflación está causada por la “guerra económica” a la que está sometido el país: los grandes empresarios quieren provocar la caída del gobierno creando escasez mediante la acaparación de divisas y bienes de consumo, de modo que el malestar ciudadano se traduzca en una derrota electoral de Maduro y sus aliados o en intentonas golpistas que depongan al presidente constitucional. A ello hay que sumar la fuga de capitales que ciertos empresarios promueven por mero afán de lucro y elusión fiscal.

Siendo cierta la actitud hostil de una parte significativa del empresariado, sería un error hacer caso omiso de los desequilibrios que lastran la economía venezolana desde hace décadas. Esos desequilibrios son terreno abonado para quienes con intenciones políticas o crematísticas, generan escasez de bienes y divisas.

Pese a los evidentes logros de la revolución bolivariana (reducción de la pobreza y el desempleo, extensión de la enseñanza y la salud públicas, etc.), hay que reconocer que aun antes del derrumbe del precio del petróleo existía una serie de desequilibrios que no se corrigió a tiempo. Unos de largo alcance, como es el caso de la industrialización pendiente y diversificación de la estructura productiva del país; otros más perentorios, como es la elevada inflación crónica presente en el país incluso en los años de mayor renta petrolera [2].

Ciertamente los adversarios del chavismo aprovechan esos desequilibrios para medrar política y económicamente; y probablemente sea oportuno calificar de “guerra económica” a esa estrategia. Pero lo que no es razonable es tratar de superar la situación sin estabilizar la economía con los instrumentos de política económica que el Estado tiene a su alcance.

En ese sentido reconocer los desequilibrios y ofrecer información veraz y pertinente a la ciudadanía hará más eficaz la acción de gobierno. Históricamente se ha demostrado que la ocultación y la distorsión de información estadística es contraproducente: en Grecia, sin ir más lejos, aún están pagando y muy caro la falsificación de la contabilidad nacional llevada a cabo en la década del 2000 para facilitar el ingreso en la “zona euro”.

Ocultar información estadística lejos de abatir la inflación da alas a la especulación: los ciudadanos creerán que la evolución de los precios es peor de lo que se afirma en medios oficiales, se recurrirá a fuentes de información alternativas que pueden ofrecer datos sesgados e incurrirán en prácticas indeseables de acaparación de bienes y divisas para protegerse de un incierto escenario futuro. Son las denominadas “expectativas autocumplidas” y no conviene alimentarlas: al creer que la inflación se está acelerando…acabará acelerándose.

Si bien es cierto que los mecanismos administrativos y policiales (controles de precios, racionamientos, persecución de actividades ilícitas,…) son necesarios, éstos tienen una eficacia limitada y no es lógico que la lucha contra la inflación descanse exclusivamente en ellos. El Estado no dispone (ni en Venezuela ni en España…) de información completa sobre transacciones económicas, bien porque las estadísticas son costosas y deficientes, bien porque (lógicamente) los delincuentes se esfuerzan por evitar que el alcance de sus actividades sea conocido por el Estado. Si a esto unimos la existencia de cierto grado de corrupción entre los funcionarios públicos (corrupción a la que ningún país es ajeno) se comprenderá la dificultad de los poderes públicos para manejar un sistema plenamente eficaz de controles administrativos.

Dicho esto, lo que más extraña al observador especializado es la ausencia de un plan concreto, bien definido, acotado en el tiempo, para poner fin a la hiperinflación y estabilizar la economía en un plazo de tiempo razonable. Es cierto que en estos años se han tomado numerosas medidas para hacer frente al problema (control de cambios, reconversión monetaria, creación del SICAD y del SIMADI, la Ley de Precios Justos…), pero adolecen de la integralidad que cabe esperar de un plan de este tipo.

Venezuela necesita un plan de estabilización antes de que la hiperinflación siga socavando el bienestar de los ciudadanos y, por ende, el apoyo de estos a la revolución bolivariana.

Ciertamente los planes de estabilización tienen muy mala fama entre políticos y sindicalistas de izquierda porque históricamente han reducido la inflación con un elevado coste social (desempleo, extensión de la pobreza, pérdida de derechos sociales) y también en términos de derechos humanos: golpismo, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos…. son ingredientes que tradicionalmente han acompañado al menú estabilizador. Venezuela ya experimento esa tragedia en el “sacudón” de 1989.

Pero existen alternativas: tradicionalmente los planes de estabilización han sido diseñados por especialistas de del FMI, Universidades norteamericanas y bancos de inversión firmemente vinculados a los intereses del capital financiero. Han sido planes basados en la tríada “privatización – desregulación – desprotección social” de Milton Friedman y sus acólitos. A estas alturas es de común conocimiento que en el caso venezolano es la especulación y la fuga de capitales lo que alimenta la escalada de precios…no el excesivo consumo de pan o arroz; ni los salarios reales ni el incipiente Estado de Bienestar venezolano son causa de la escalada inflacionaria.

Por ello, es necesario complementar tanto por la vía de la política monetaria como por la vía de la política tributaria, las medidas administrativas y policiales mediante el endurecimiento de las condiciones de acceso de los especuladores a los recursos financieros que emplean en especular contra el bolívar,

La política monetaria ha de jugar un papel clave si se quiere atajar la hiperinflación. La laxitud de la política monetaria es uno de los desequilibrios básicos a los que aún no se ha hecho frente de forma decidida. La oferta monetaria (M2) crece por encima del 60% interanual desde comienzos de año (ha llegado al 83,8% en junio) y los tipos de interés reales son negativos. Se trata de un escenario insostenible: con unas reservas de menos de 17.000 millones de dólares en manos del BCdV, al tipo de cambio actual (6,3 Bf/$) hay 25 veces más dinero en circulación del que puede respaldarse con dólares. Es cierto que desde 2004 ha habido cuatro devaluaciones que no han supuesto la solución definitiva al problema inflacionario, pero el tipo actual ha de ser corregido (si bien su valor actual está más próximo al de equilibrio que el que se maneja en el mercado negro).

Endurecer la política monetaria no es monetarismo: los monetaristas sólo creen que la estabilización monetaria como condición previa para que el libre funcionamiento del mercado, sin regulaciones, sin protección a los trabajadores, sin empresas públicas y sin intervención estatal que asigne los recursos disponibles. Pero en los países en vías de desarrollo eso sólo ha servido para perpetuar monocultivos y dependencia. El endurecimiento de la política monetaria debe entenderse como un mecanismo para encarecer el acceso de las grandes empresas a la financiación barata que luego emplean en especular contra el bolívar, sólo eso: el desarrollo del país depende de otras políticas gubernamentales activas que no pasan ni por la desprotección de los trabajadores ni las privatizaciones. Tampoco ha de hacerse indiscriminadamente: no tiene por qué elevarse los tipos de interés con carácter universal.

La política tributaria también debe constituir un buen punto de apoyo en un plan de estabilización: elevando la presión y la progresividad fiscales se puede drenar buena parte de los recursos que los especuladores utilizan contra el bolívar. Recordemos que Venezuela es según la OCDE el país con la menor presión fiscal de América Latina.

La tarea es urgente: la paciencia de los electores es limitada y sólo sobre la base de una economía estabilizada pueden emprenderse tareas de mayor alcance, como la diversificaron productiva del país.

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[1] El petróleo Brent alcanzó en junio de 2014 una cotización de 114,81 $/barril. Actualmente cotiza a unos 44 $/barril y se esperan nuevas caídas de precios.

[2] En los últimos 10 años la inflación nunca ha bajado del 10% y su valor medio ha sido del 28% anual.