La gran infamia de las políticas de austeridad, con su corolario de sufrimiento y desigualdad social, ha quedado en un segundo plano de algunas de las negociaciones para la formación de los futuros gobiernos autonómicos y municipales. En esos casos, el protagonismo se lo han llevado las medidas de “regeneración democrática”, convertidas en piedra de toque de la voluntad de los partidos tradicionales de ponerse serios de una vez por todas con la corrupción.

Uno de los territorios donde las consecuencias del mal llamado “austericidio” sí han estado pertinazmente sobre la mesa es en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma que María Dolores de Cospedal ha gobernado tijera en mano durante cuatro largos años. Podemos exige allí una dotación urgente de 500 millones de euros para paliar los desastrosos efectos de los recortes, que el socialista Emiliano García Page no acaba de aceptar, a pesar de que eso pone en grave riesgo su próxima investidura como presidente regional.

No es que García Page dude de la necesidad de restañar las profunda heridas infligidas por los hachazos de Cospedal, sino de la posibilidad real de hacerlo de forma inmediata, pues a estas alturas del año –dice– no resulta fácil sacar tanto dinero de las arcas públicas. Una justificación que sería razonable si no fuera porque la ingeniería presupuestaria permite extraer agua de donde parecía no haberla, como demuestran todos los gobiernos cada vez que les da la gana.

Que el foco de las negociaciones esté puesto sobre la necesidad de revertir las políticas de austeridad precisamente en Castilla-La Mancha no es ninguna casualidad, pues se trata de la comunidad autónoma utilizada como banco de pruebas para su aplicación. Entre 2011 y 2014, el gasto público se redujo en casi 2.000 millones de euros, a costa sobre todo de la educación, a la que se privó de un 28% de sus recursos, y de la sanidad y los servicios sociales, donde el retroceso fue del 15% a lo largo de la pasada legislatura.

Además, no se crean que gracias a ello Castilla-La Mancha nada hoy en la abundancia. Todo lo contrario: según datos oficiales, durante el mandato de Cospedal la deuda se ha duplicado hasta rondar los 13.000 millones de euros y se han perdido 80.000 puestos de trabajo, una décima parte de los que había a su llegada al poder. Dicho de otra manera: los ciudadanos de la región tienen hoy menos empleo y su futuro está más hipotecado que antes de que los convirtieran en conejillos de indias de las políticas neoliberales tan del gusto del PP.

Por eso es de justicia que Castilla-La Mancha se convierta en la avanzadilla de la recuperación del terreno perdido durante los años de gobierno de la derecha, que debería tener dimensión nacional después de las próximas elecciones generales. Y por eso también sería absolutamente imperdonable que quienes pueden evitarlo no pongan todos los medios democráticos necesarios para impedir que continúe al frente de la comunidad un personaje como Cospedal.

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