El preacuerdo alcanzado por el Gobierno con sindicatos y empresarios suscita múltiples lecturas, pero ninguna puede ocultar la trascendencia política del mismo. El Gobierno de Zapatero dio en mayo un giro radical a sus políticas contra la crisis, y ese giro provocó la ruptura de los puentes con las organizaciones sindicales. La huelga general del 29 de septiembre obtuvo un respaldo menor del que sin duda merecían unas medidas de ajuste que castigaban a los sectores más débiles sin rozar siquiera los intereses de los más ricos. El miedo y la extendida impresión de que los recortes no tenían marcha atrás anestesió una reacción que tampoco fue un fracaso si se tiene en cuenta además la campaña de acoso y demonización contra los sindicatos desatada con gran ruido mediático.

La reforma de las pensiones anunciada por Zapatero como “imparable” suponía un órdago para los sindicatos, cuya actuación no se refrenda en las urnas cada cuatro años, sino todos los días en empresas, talleres y oficinas. Fernández Toxo y Méndez entendieron que un portazo a la negociación podía significar a la vez una merma quizás también “imparable” en el peso social del sindicalismo. Se volcaron en suavizar el impacto de unas propuestas que parten una vez más de pronósticos catastrofistas indemostrables. El proceso concluye con un acuerdo social que fortalece al Gobierno y a los sindicatos, y al que (por una vez) no puede negar su apoyo el Partido Popular.