Preso del chantaje del sector más ultramontano del Partido Popular, Rajoy tomó finalmente una decisión rápida (en sólo tres días) y dio luz verde al PP para que sus dirigentes participaran en la manifestación de rechazo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que Esperanza Aguirre calificó de “infame”. No contenta con ese calificativo, la presidenta del PP de Madrid aseguró que era necesario evitar que el veredicto “humille a las víctimas y enaltezca a los asesinos”.

En ese ámbito, tanto ella como su partido tienen amplia experiencia y sus acciones se corresponden mucho más fielmente con esa frase que el dictamen de los magistrados europeos contra la doctrina Parot, un dogma jurídico de más que dudosa legalidad, pues busca a todas luces sortear los límites de la Ley para alargar la estancia en prisión de condenados que ya han cumplido la pena máxima aplicable en nuestro sistema judicial. Por muy horribles que sean los crímenes cometidos, en democracia la Justicia no puede pretender venganza, ni sus más altos tribunales incurrir en detención ilegal del reo.

Lo que sí debe procurar la Justicia democrática es la reparación y rehabilitación de las víctimas… de todas las víctimas. Pero los derechistas que se manifestaron el 27 de octubre contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo escogieron el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos” porque, para ellos, como dijo Aznar: “Hacer justicia es que nosotros ganamos y ellos pierden”.

Para los que somos hijos o nietos de los vencidos en la Guerra Civil y de los perseguidos por la posterior dictadura fascista, es más que evidente el afán malévolo de los que niegan cualquier tipo de justicia a las víctimas del franquismo, mientras se llenan la boca con la permanente reivindicación del necesario desagravio a las del terrorismo para justificar posiciones ultraderechistas. Igual que es de una doblez moral insultante que Javier Zarzalejos, uno de los negociadores con ETA de la era Aznar, clame ahora desde su puesto de secretario general de la FAES que la sentencia de Estrasburgo es “una herencia indeseable” de la supuesta “operación política” de Zapatero para apaciguar a la banda terrorista.

Todo ello, protagonizado por los mismos que mantienen la afrenta del desprecio y el olvido de todos los familiares y allegados de los 130.000 desaparecidos víctimas de la represión franquista; que impiden la exhumación de los restos de fusilados y asesinados que permanecen en las 2.500 fosas comunes aún sin abrir en España; que obstruyen el trabajo de los tribunales que han tratado de reparar semejante ignominia e incluso han logrado apartar de la carrera judicial al magistrado que se atrevió a revisar los crímenes del franquismo; que desoyen sistemáticamente todas las reclamaciones de las Naciones Unidas para que se investiguen las desapariciones masivas de civiles durante el régimen de Franco; que incluso incumplen los tratados internacionales rubricados por España para proteger a torturadores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

Y no sólo eso, además promueven comportamientos neonazis y rinden continuos homenajes a los fascistas que sometieron al terror a todos aquellos que no se doblegaron a una ideología totalitaria que todavía hoy causa pavor y repudio en todo el mundo… menos en España.

El resultado de tamaña iniquidad es que la ONU acaba de exigir al Gobierno español que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado una investigación de oficio "exhaustiva e imparcial" que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. La primera respuesta ha sido una nueva burla feroz, al negar el Ministerio de Justicia de Gallardón que jamás se haya obstaculizando la investigación de los crímenes del franquismo.

Ya no cabe la menor duda de que la comunidad internacional se va a movilizar definitivamente para forzar al Gobierno del PP a reconocer nuestro terrible pasado fascista, al que la derecha española no sólo añora sino que ni siquiera pretende renunciar. Cuando ese momento llegue, España habrá quedado en evidencia ante el mundo como el último reducto de la ideología que desencadenó la Segunda Guerra Mundial e instigó el Holocausto.

Entonces, junto a esa tremenda vergüenza, los españoles tendremos por fin la certeza de quiénes son los que humillan a las víctimas y ensalzan a los asesinos.