Habría que remontarse a los tiempos del código de Hammurabi para recordar un ensañamiento judicial comparable al que están sufriendo honradísimos dirigentes del PP, que si por algo se han distinguido no es por el lujo de sus escobillas del váter, como las del palacete de Jaume Matas, o por romper el cálculo de probabilidades, tal que Fabra y su apasionado romance con la bruja de Sort, sino por su amor a España y a los españoles.

El último en sentir esta cruel persecución ha sido el presidente de Madrid, Ignacio González, al que le han amargado la Navidad y hasta el Año Nuevo con un auto en el que se imputa a su señora esposa por la compra de un casoplón en Marbella con forma de ático, del que él mismo posee formalmente un 20%. De la acusación se infiere que si Lourdes Cavero defraudó al fisco y blanqueó capitales con cuatro quintas partes del inmueble, González tuvo que hacerlo con la restante, aunque fueran los cuartos de baño.

Es fácil imaginar la desazón de este probo servidor público, que hizo lo que haría un ciudadano normal para disfrutar en agosto de unas merecidas vacaciones. A saber: pactar primero un precio de alquiler de risa con una empresa radicada en el paraíso fiscal de Delaware y dirigida por un testaferro profesional, y proceder después a la compra del modesto apartamento de 496 metros cuadrados, que apenas da para el jacuzzi, una piscina privada y un baño turco. ¿Quién no ha tenido tratos con sociedades en Jersey o en las Caimán en sus operaciones inmobiliarias?

A González se le ha puesto la lupa injustamente por acciones que no merecerían mención de haber sido otros los protagonistas. Se le llegó a acusar, por ejemplo, de haber viajado gratis et amore a Sudáfrica con un empresario de la seguridad privada, Enrique Sánchez, quien habría soltado la pasta sin otro motivo que el de haberse adjudicado un contrato de 33,4 millones de euros del Canal de Isabel II, presidido entonces por el propio González. El infundio era de libro pero tuvo recorrido porque González no pudo enseñar el recibo de la visa para justificar el pago ya que, como habría hecho cualquier ciudadano de a pie, abonó en metálico en el aeropuerto los casi 10.000 euros de los billetes, una cantidad que hasta los indigentes llevan en la cartera.

Para conocer realmente cómo es el político que Esperanza Aguirre dejó para seguir ella mandando sólo hay que leer su carta de presentación como presidente de Madrid. Reza así: “Desde que hace más de 20 años comencé en política, siempre me han movido dos principios esenciales. El primero es mi compromiso como Nación de ciudadanos libres e iguales, y el segundo es mi fe en la libertad. Estos dos principios son los que me empujan a trabajar diariamente para conseguir que Madrid siga siendo la primera Comunidad de España, los que me llevan a ofrecer a los madrileños cada vez más oportunidades y los que me motivan para que todos juntos logremos la reactivación económica y la creación de empleo".

Bastaría con preguntar a su familia para confirmar que González ha vivido volcado en reactivar económicamente a los suyos y darles empleo. Podría atestiguarlo su padre, Pablo González, octogenario y asesor del grupo popular en el Senado desde que su hijo llegó a la vicepresidencia de Madrid. O su hermano Pablo, quien junto a su cuñado Juan José, se hicieron merecedores de la adjudicación de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en noble competencia con otros grupos. O su hermana Isabel, volcada también al servicio del interés general desde su escaño de la Asamblea de Madrid. O su propia mujer, Lourdes, convertida en adjunta del presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, que pagará en negro a sus camareros pero siempre ha sabido de quién rodearse.

Contra ese noble político, a quien Aguirre quiso ver de presidente de Cajamadrid –otro gallo habría cantado, posiblemente más alto- y al final tuvo que conformarse con hacerle presidente autonómico un rato, se tornan lanzas las cañas. Se trataría de extender la especie de que González ha simulado comprar por 770.000 euros un ático que le ha costado más de un millón, y que el dinero negro restante procede en realidad de algún adjudicatario agradecido. La maldad humana no conoce límites.