La nueva estrategia de la derecha latinoamericana tiene por objetivo destruir la reputación de los más grandes líderes populares de nuestros países. Dado que no pueden comparar los gobiernos que éstos pusieron en marcha con los llevados a cabo por los gestores neoliberales de turno —porque pierden en todos los campos—, se dedican a intentar mancillar la labor realizada por unos dirigentes que están detrás de los más grandes avances que nuestros países han conocido.

Así, cuando hablamos de Cristina, Lula o Dilma, no hablamos de que son los presidentes que han rescatado a sus respectivos países de las peores crisis de su historia, o de que han sabido disminuir drasticamente la desigualdad, la miseria y la exclusión de sus sociedades, tampoco nos referimos a ellos como los líderes que han defendido y reivindicado la soberanía de dichos países frente al mundo. Lo mismo pasaría con Evo, Correa o Mujica. Para la derecha y sus portavoces, estamos ante dirigentes corruptos, incapaces de gestionar con eficacia los recursos públicos, que han logrado el apoyo popular sirviéndose de un dinero de origen inconfesable.

Así es como la derecha pretende abrir camino para volver a gobernar sin sustos en nuestros países. Sin tener que soportar a los sindicatos o a los movimientos sociales, sin tener que destinar recursos que garanticen los derechos de todos. Tendrían, de nuevo, el Estado en sus manos para promover y reforzar el interés de las minorías ricas, las mismas que habían dejado de poder manejar el Estados y los gobiernos a su gusto.

Las campañas en contra de Cristina, Dilma y Lula solo son posibles porque la derecha sigue manejando el monopolio de los grandes medios y cuenta, además, con la complicidad de la judicatura, que calla frente a las monstruosidades que los gobiernos de derecha hacen, pero se prestan a perseguir sin ninguna prueba a los dirigentes populares. Unos dirigentes cuyo comportamiento resulta inaceptable para la derecha porque ha demostrado que se puede y se debe gobernar para las grandes mayorías en contra de los medios y los partidos de derecha.

La destrucción de la reputación de los líderes populares por parte de los medios y de la judicatura es un proceso de manipulación de la opinión pública como nunca se había conocido en América Latina. Se trata de acumular sospechas sin pruebas con el fin de provocar mecanismos de rechazo de liderazgos con amplio apoyo popular pero que en las capas medias suscitan fuertes resistencias.

Destruir las imágenes de los liderazgos que más han fortalecido a la democracia en nuestros países porque han sabido incorporar a amplias capas del pueblo, antes siempre excluidas y olvidadas por las elites, es un crimen en contra de la democracia. Un crimen perpetrado por aquellos que quieren dirigir gobiernos antipopulares por sus políticas, pero que para ello necesitan denigrar los liderazgos que han hecho exactamente lo opuesto de lo que ellos hacen.

Liderazgos como los de Cristina, Lula, Dilma, Evo, Rafael Correa y Pepe Mujica, entre otros, son patrimonios de la democracia latinoamericana, ya que pertenecen a nuestra historia como dirigentes que han recuperado el prestigio de la política con gobiernos que reconocen los derechos fundamentales de las grandes mayorías, que han proyectado la imagen de nuestro continente en el mundo con políticas soberanas y de integración regional y con todo el Sur del mundo.