Juan murió de repente. Un ataque al corazón, unos minutos de dolor sordo en el pecho, casi sin poder respirar y, luego… Dos hijas recién abandonada la adolescencia y su mujer, María, tuvieron que empezar a mirar papeles para ponerse a bien con Hacienda. La autonómica. Porque la administración no respeta el dolor, de hecho le pone plazo: seis meses para hacer cuentas con el sentimiento. Si no se presenta a tiempo la declaración del Impuesto de Sucesiones, carta conminatoria y recargo.

María no esperó tanto. Miró los extractos bancarios, las acciones que habían comprado antes de que nacieran las niñas, la valoración del piso en el que vivían en Sevilla y la casita de la playa que adquirieron 20 años antes. Al final, entre las hijas y María tuvieron que pagar unos 10.000 euros.

A Pedro, la enfermedad que padecía desde hacía dos años se lo llevó una noche mientras dormía. Su hijo mayor, que estaba velándolo esa noche, le oyó respirar pausado por fin, después de días de agonía, y en unos minutos… Tras el entierro, un familiar abogado les recordó: “No olvidéis presentar el Impuesto de Sucesiones”. Vuelta a casa, a los pocos días hicieron las cuentas de la declaración. Los depósitos a plazo, el piso, el seguro. A pagar a la hacienda canaria: poco más de 100 euros.

Divergencia

Juan y Pedro dejaron una herencia similar, pero vivían en ciudades diferentes. La competencia fiscal en la que se han embarcado las comunidades autónomas en los impuestos en los que tienen competencias y fundamentalmente en el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones está provocando un trato distinto a los ciudadanos en función de su lugar de residencia. Y, eso, a su vez, ha motivado cambios de residencia –de aquellos que pueden– o simulaciones de residencia para evitar el pago de impuestos. Una situación incongruente con la doctrina comunitaria, que rechaza cualquier discriminación fiscal por razón del domicilio y exige que las leyes sean neutrales en este aspecto. Sólo hay que recordar todos los expedientes abiertos por la Comisión Europea y las sanciones impuestas por este motivo. Sin embargo, desde el otro punto de vista, comunidades autónomas como la de Madrid defienden el ejercicio de la capacidad normativa que la ley les otorga. Legal será, pero resulta difícil de entender para un ciudadano profano en estas materias que por vivir 50 kilómetros al oeste tenga que pagar miles de euros más que otro.

Ahora mismo, según un estudio de una de las principales asociaciones de asesores fiscales en España, el REAF, la divergencia fiscal entre autonomías puede oscilar entre pagar 11 euros en Castilla y León o 33 euros en Valencia a pagar 9.000 en Extremadura y 10.000 en Andalucía (ejemplo para una herencia de medio millón de euros derivada de dos pisos, acciones y cuenta corriente a repartir entre la viuda y tres hijos).

Algunas de las autonomías, en los últimos años, han reducido al máximo la tributación de las herencias y las donaciones, fundamentalmente en el círculo familiar más cercano. Los gobiernos autonómicos que no han rebajado los tipos, como el andaluz o el extremeño, quieren armonizar el tributo para no tener desventajas fiscales respecto a las otras Comunidades. En esta línea, el Gobierno proyecta imponer un mínimo que impida la desfiscalización total y dé cierta homogeneidad al trato fiscal de las herencias. Con un mínimo exento de 60.000 euros, algo más elevado que el que existe actualmente, pero inferior al de otros países (en Estados Unidos, el mínimo exento es de 200.000 dólares, al cambio actual unos 130.000 euros).

Negociación global

La reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la supresión del Impuesto de Patrimonio (promesa electoral del PSOE) se enmarcarán en una negociación global del sistema de financiación autonómica, que será una de las tareas principales del nuevo Gobierno. Y que se antoja complicada porque, aunque la idea del Ejecutivo central es ampliar el porcentaje de participación de las autonomías en los principales impuestos, es decir IRPF, IVA e Impuestos Especiales, la desaceleración económica se va a notar significativamente en los ingresos tributarios. Por eso, a pesar de que el Ministerio de Economía y Hacienda proyecta elevar desde el 33% que tienen ahora hasta el 50% la participación de las autonomías en el Impuesto sobre la Renta y en la recaudación del IVA y hasta el 58% en los Impuestos Especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos), también la realidad es que la ganancia puede no ser tanta para las autonomías debido a la actual coyuntura económica.

Pero, junto con esos mayores recursos para cubrir la financiación autonómica, lo que busca Economía es que haya una mayor responsabilidad de las autonomías respecto a sus ingresos. Y que si renuncian a parte de sus ingresos por introducir deducciones o rebajas fiscales, luego no acudan a la ventanilla del Estado a pedir la diferencia.

Resulta desconcertante que, siendo el Partido Popular el principal defensor de la unidad de mercado entre las diferentes autonomías, sean los gobiernos autonómicos del PP los que más uso hacen de su capacidad normativa para introducir diferencias fiscales entre ciudadanos. Y que, siendo el PSOE defensor de las particularidades autonómicas, los gobiernos socialistas en CCAA no se distingan por aplicar en toda su extensión la autonomía fiscal. Incluso en algunos impuestos, como el IRPF, lo que se ha producido es un cúmulo de deducciones autonómicas con una infinidad de restricciones que limitan su repercusión: las deducciones autonómicas representan sólo el 0,5% de la cuota íntegra.

En todo caso, es evidente que ni la muerte iguala. Aunque, tal vez, eso sea lo que buscamos.