El imputado candidato

La designación de Francisco Camps como candidato del PP a las elecciones valencianas de mayo próximo sólo puede interpretarse como un desprecio olímpico del partido conservador por los principios elementales de la ética. El problema de Camps no se circunscribe a su imputación por un delito de cohecho impropio en el ya famoso caso de los trajes, que debería ser suficiente motivo para que se le aparte de las listas mientras aclara su situación judicial. El problema de fondo es que el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción política de la democracia, se extendió hasta límites insospechados en Valencia siendo Camps presidente del Gobierno y del PP en esa comunidad, lo que, cuanto menos, arroja una sombra muy inquietante de duda sobre su capacidad como gobernante.

A diferencia de lo sucedido con otros imputados en el caso Gürtel, que fueron invitados a abandonar sus responsabilidades políticas, Mariano Rajoy ha decidido que Camps se presente a la reelección después de que el PP valenciano, en abierto desafío a la dirección nacional del partido, formalizara la candidatura con una semana de antelación. La forma en que se ha desarrollado todo este proceso pone en evidencia la debilidad del liderazgo de Rajoy y hace añicos su declarado compromiso con la limpieza en la práctica política. Lamentablemente, al presidente del PP parece preocuparle más lo primero que lo segundo. Sólo así se entiende que, después de haber sucumbido a la presión de Camps, alardease ayer: “Dije hace seis meses que sería el candidato y nadie me creyó”.