Desde que se instauró en España un régimen supuestamente democrático a raíz de las elecciones de 1977, ninguno de los gobiernos que se han sucedido en estos largos ya 40 años ha difundido la verdad de lo acaecido en la Guerra Civil y la Dictadura franquista, ni ha restablecido la justicia ni pedido perdón a las víctimas ni reparado el daño causado.

Lo que en España no se ha logrado todavía después de 77 años, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Grecia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Sudáfrica, en Camboya, se realizó inmediatamente o en un tiempo prudencial después de derrotadas sus dictaduras. Pero ya sabemos que España es diferente.

Tan diferente que en este bendito año de 2016 un Comité de la Memoria Histórica, elegido a dedo por el Ayuntamiento de Madrid, está decidiendo cuáles son las personas y cuales no las que merecen el reconocimiento de su ciudad después del martirio a que fueron sometidas bajo la dictadura fascista. Y nos encontramos con que esos árbitros de la Memoria de nuestro país nos endilgan un relato lleno de falsedades, para acabar escogiendo a falangistas y cómplices del franquismo con que sustituir a los encumbrados militares y verdugos que hasta hoy lucían sus nombres en el callejero ciudadano. Y para justificar tan injustificable elección publican en El País el 26 de julio pasado un inaceptable artículo titulado Una Medida Pedagógica.

Con una arrogancia que recuerda a la de los jerifaltes de la dictadura se sienten con autoridad y capacidad para darnos lecciones a todos los madrileños de cómo debemos reparar el daño causado por ocho décadas de asesinatos, torturas, encarcelamientos, injusticias y humillaciones, mediante el cambio de nombres en las calles. Por ello nos enseñan, con esa medida pedagógica de la que presumen, que “hay que rechazar, desde luego, todo ánimo revanchista”. Frase que sin duda hubiera suscrito Manuel Fraga Iribarne. Desde hace 40 años los franquistas, cuyos nombres constan en el callejero de todas las ciudades españolas, y que ellos y sus hijos han seguido estando en nómina de ministerios, diputaciones, alcaldías y empresas públicas y privadas, ya en plena democracia, repiten que exigir una Comisión de la Verdad para restablecer la justicia y la reparación a las víctimas, como se ha hecho en todos los países que he mencionado anteriormente, constituye una “venganza” o una “revancha” y que “reabre heridas” cuando hay que “reconciliarse”. No necesitábamos que vinieran Francisca Sauquillo y José Álvarez Junco a repetírnosla.

El inefable artículo tiene la desvergüenza de decir que “no se trata de enmendar la historia”, sin que nos aclare a qué historia se refiere: ¿A la que nos contó Franco y sus secuaces durante cuatro décadas? Porque en ese caso es evidente que hay que enmendarla. Hay que enmendarla en la memoria de los ciudadanos a los que se ha engañado miserablemente durante todo ese periodo; en la escuela en la que no se enseña a los alumnos la “verdadera” y triste historia de nuestro país; en la Universidad que cuenta con profesores como Andrés Trapiello y otros colegas que encubren con torcidos argumentos la masacre que perpetró el franquismo; en la mendaz propaganda distribuida por los medios de comunicación y los propagandistas de la “conciliación” y el “olvido. Sí, es imprescindible, señores Álvarez Junco, Andrés Trapiello, Francisca Sauquillo, Amelia Valcárcel, Teresa Arenillas, Santos Uría y Octavio Ruiz Manjón, enmendar esa falsificada y culpable versión de la historia de nuestro país en honor a la verdad y a la justicia, suponiendo que a esos ilustres personajes les importe la verdad y la justicia. Y hay que enmendar la versión falsa de la historia que se sigue difundiendo, para que los señores y las señoras de esa Comisión de la Memoria no se atreva nunca más a decir que han desaparecido “aquellas pasiones políticas que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo”, que es como resumen la Guerra Civil.

Es inaceptable que los firmantes del artículo, escritores, filósofas, políticas, se atrevan a afirmar que fueron “las pasiones políticas las que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo”. Como todo historiador sabe, la guerra civil, como todas las guerras civiles, son la expresión última de la lucha de clases. Fue el propósito de las oligarquías de aniquilar el proyecto republicano, de derrotar al movimiento obrero y campesino y de entregar inerme y exhausto al pueblo español a la fauces insaciables de la codicia de la aristocracia latifundista del sur y del oeste, de los consorcios industriales del norte, de la banca española, de la Iglesia católica. Todos los grupos de las oligarquías a los que la República comenzaba a arrebatar el poder omnímodo que habían detentado durante siglos. Esas clases dominantes pagaron a un sector del Ejército español para que se levantara en armas contra el gobierno legítimo de la II República, elegido por mayoría absoluta en unas elecciones absolutamente limpias pocos meses atrás. Esa parte del ejército golpista recibió la ayuda económica, militar y armamentística de los gobiernos de Alemania y de Italia y el apoyo explícito del Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos, además de la infame propaganda que se desató en varios otros países a favor de los fascistas. Al terminar la contienda con la derrota de las tropas republicanas la dictadura franquista desató la represión más feroz contra todas las organizaciones y personas que no pertenecían al bando nacional. Esa persecución duró más de cuarenta años, como se demostró con los asesinatos de Atocha en enero de 1977. De modo que el exterminio no fue mutuo ni estuvo inducido por las pasiones políticas. Sería bueno que los articulistas leyeran El genocidio español de Paul Preston, poco sospechoso de actuar por pasiones políticas que le induzcan a ninguna barbarie.

Constituye un indigno enmascaramiento de la verdad, poco digno de alguna de las firmantes como Francisca Sauquillo que se inició en la política en las filas de la ORT, y que tiene entre sus allegados a víctimas de la masacre de Atocha, decir que fueron las pasiones políticas las que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo, ante lo que todo el mundo conoce como golpe militar y represión salvaje del gobierno fascista.

Las declaraciones del artículo son tantas y tan inaceptables que no cabrán en el espacio limitado de este artículo, pero vaya mi repulsa a la afirmación de que “no se trata, pues, de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco en adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente”. Con este lenguaje misterioso, lleno de referencias solo aptas para los que estén enterados de quienes son los protagonistas de tales alusiones, se quiere defender que no se modifique la versión oficial franquista de que la guerra civil fue una lucha fratricida en la que nadie tenía razón, y que se cometieron atrocidades iguales por los dos “bandos”, como muchos historiadores y politólogos tienen la desfachatez de afirmar, calificando de bando al gobierno legítimo de la República, situándolo en igualdad de condiciones con la banda de criminales golpistas fascistas.

De igual modo al afirmar que “no se trata de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco en adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente”, quieren decir que no vayamos a exigirle responsabilidades a Martin Villa y a Willy el Niño, criminales reclamados por la justicia argentina por la comisión de delitos de lesa humanidad, que disfrutan de libertad y buenos ingresos en diversos puestos lucrativos. Como tampoco vayamos a recordarles a los sucesores y herederos de los ministros y empresarios franquistas, que los capitales de que hoy disfrutan tranquilamente fueron adquiridos mediante el expolio de sus legítimos propietarios al amparo de la dictadura.

Estos imparciales, objetivos y conciliadores articulistas repiten en otro párrafo lo que ya se ha convertido en mantra: “no queremos dar una lección de historia, ni mucho menos imponer una determinada versión del pasado”. No, claro, porque hemos de quedarnos para siempre con la impuesta por los ideólogos del franquismo, no vaya a ser que los supervivientes y los hijos y los nietos de los que se beneficiaron de aquel infame periodo se enfaden.

Para concluir este ejercicio de falsedad, eclecticismo e hipocresía, afirman que las instituciones “han de reconocer y proclamar en nombre de la comunidad, que entre 1939 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron de manera injusta a muchos de nuestros conciudadanos”, sin que se sepa quienes realizaron los actos ni quienes fueron las víctimas.

Como colofón a este indigno ejercicio de eclecticismo y conciliación, esa Comisión va a otorgarle una calle a la que ellos mismos califican de falangista-feminista –como si tal absurda contradicción fuese posible- Mercedes Fórmica, una destacada dirigente de la Sección Femenina de Falange, el partido que indujo y apoyó el golpe militar y en el que se basó el dictador para fingir que tenía una ideología. Fórmica, entre otras actuaciones, escribió una infame novela titulada Monte de Sancha donde se describe la Guerra Civil como una insana lucha entre hermanos y a los republicanos como criminales sedientos de sangre. Mientras las feministas siguen esperando en su olvido el reconocimiento de todas las luchas que protagonizaron durante un siglo, para lograr que las mujeres de hoy no estén recluidas en el confesionario y el bordado como defendía la Sección Femenina de Falange.

Ciertamente la historia de España es la más triste de las naciones europeas cuando ni cuatro décadas después de terminada la dictadura es posible que se defienda la verdad de la historia y se imparta justicia y reparación a nuestras víctimas. Pero aún más triste es comprobar que aquellos que presumen de imparciales y dispuestos a ser árbitros de la reparación imprescindible se comportan con tanta falsedad y cobardía.

Bustarviejo, 27 julio 2016.