NÚRIA BOSCH

Recientemente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho públicos los datos de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2007. Se ofrece la liquidación de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y también de las transferencias recibidas por estas. Uno de los aspectos que merece mayor interés destacar es la gran divergencia existente en ingresos per cápita entre las comunidades autónomas. A igualdad competencial, y sin tener en cuenta los cambios normativos aplicados por las distintas comunidades sobre los impuestos cedidos, el ratio entre las dos con mayores y menores ingresos per cápita es de 1,60. Así, Extremadura aparece como la comunidad con mayores recursos por habitante (3.000 euros, lo que supone situarse un 26% por encima de la media) y Baleares como la de menores recursos per cápita (1.870 euros, un 21% por debajo de la media). Además, hay otras seis comunidades que se sitúan por encima del 15% de la media y otras tres por debajo del 10%.

Con el tiempo estas disparidades se han incrementado. En 1999, año base de cálculo del actual modelo de financiación autonómica, el ratio entre las dos comunidades con mayores y menores ingresos per cápita era de 1,39, frente al 1,60 actual. La falta de un mecanismo de revisión del modelo ha agravado aún más este problema.

Lo peor de todo es que estas diferencias no pueden justificarse en base a un criterio de equidad. Tampoco responden a diferencias en la capacidad fiscal o riqueza de las comunidades autónomas, pues ello implicaría que las más ricas tuvieran más recursos que las más pobres, y sucede precisamente lo contrario. Véanse, si no, los casos de Extremadura y Baleares citados antes. Por ello, se puede afirmar que el actual sistema de financiación autonómica carece de un principio de equidad territorial claro y explícito, por lo que la redistribución territorial existente conduce a unos resultados completamente arbitrarios, penalizando en exceso a las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal.

No obstante, algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados establecen las bases para corregir esta situación, que podemos calificar de injusta. Son los de Cataluña, Baleares y Aragón. En ellos se establece que todas las comunidades autónomas han de poder suministrar a sus ciudadanos unos niveles similares de los servicios públicos esenciales del Estado del bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) realizando un esfuerzo fiscal también similar. Con ello, se garantizaría que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, pudieran disfrutar de niveles similares de los servicios públicos considerados fundamentales. Este principio es más acorde con los que se aplican en muchos países federales fuertemente descentralizados, como Alemania y Canadá, y con lo que establece la teoría del federalismo fiscal.

El tan esperado nuevo sistema de financiación autonómica debería hacer efectivo este criterio de equidad, o redistribución territorial, establecido en estos Estatutos. Ello representaría un gran avance respecto a la situación actual.

Catedrática de Hacienda Pública