José Francisco Bellod Redondo

Doctor en Economía

La imagen recurrente de colas de ciudadanos tratando de conseguir bienes de primera necesidad a precios asequibles, es uno de los aspectos más controvertidos de la realidad venezolana. Las colas existen: son la contrapartida de la escasez reinante en un país que, paradójicamente, ha logrado por vez primera en su Historia revertir los frutos del petróleo (la renta petrolera) en mejoras significativas para la gran mayoría de los ciudadanos.

Desde que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones en diciembre de 1998, el proyecto bolivariano ha logrado revalidarse periódicamente en elecciones parlamentarias y presidenciales y ha logrado incluso superar un referéndum revocatorio. De la mano del proyecto bolivariano los venezolanos han visto como el desempleo se reducía del 15% al 7´3% de la población activa, la renta per cápita se incrementaba en un 226% y la tasa de población indigente se reducía del 21´7% al 9´8%. Los logros en materia de reducción de desigualdad también son palpables: el Índice de Gini ha pasado de 0´507 a 0´407 en este periodo. Como síntesis de estos logros, Venezuela ha escalado tres puestos en el Índice de Desarrollo Humano que anualmente elabora Naciones Unidas.

Y sin embargo, persisten la escasez y las colas junto a mercados paralelos bien abastecidos a precios abusivos. Esas colas, que causan justificada irritación entre la población por la pérdida de tiempo y la incertidumbre que generan, se han convertido en un grave problema social que resta credibilidad y apoyo social y político a las políticas del gobierno del presidente Maduro, poniendo en serio riesgo la continuidad del proyecto político bolivariano en Venezuela.

Cabe preguntarse ¿son inevitables las colas? ¿Es inevitable la escasez de productos esenciales como la carne, el café, el papel o los medicamentos? ¿Inevitable en un país con ingentes recursos petroleros?. Lo primero que debe tenerse bien claro es que la escasez viene de tiempo atrás, incluso de los años en los que el petróleo cotizó a precios estratosféricos (por encima de 150 dólares / barril) y las exportaciones petroleras aportaban más de 90.000 millones de dólares anuales al país. Actualmente es difícil que se logre llegar a la meta de 70.000 millones. Cabe pues esperar que la situación se agrave a lo largo de este año salvo que el Gobierno del presidente Maduro adopte las medidas adecuadas.

Históricamente, Venezuela ha sido un país importador de bienes de consumo y su disponibilidad estaba ligada a las divisas obtenidas por la exportación de petróleo. Pareciera entonces que la escasez es, ante todo, resultado de una oferta insuficiente de dólares: menor renta petrolera, menores divisas, menor capacidad de importación de bienes de consumo. Esta es una verdad a medias: lo que Venezuela sufre es un exceso especulativo de demanda de dólares, que limita la oferta de dólares finalmente destinados a la importación de bienes de consumo.

En su lucha contra la inflación y la escasez, el gobierno bolivariano implementó un sistema de tipo de cambio intervenido, con una paridad preferencial de 6´3 bolívares por dólar que el Banco Central de Venezuela suministra a las empresas importadoras: en tales condiciones los venezolanos deberían gozar de bienes de consumo abundantes y asequibles (téngase en cuenta que en el recién creado mercado marginal de divisas el dólar cotiza en torno a los 170 bolívares / dólar).

El problema es que la corrupción de los funcionarios públicos encargados de vigilar el correcto empleo de las divisas otorgadas a tipo preferencial, y la acción fraudulenta de empresarios empeñados en la evasión de divisas impiden que los dólares de la renta petrolera se traduzcan en importaciones asequibles de bienes de consumo. Dos prácticas habituales para saquear la renta petrolera son la sobrefacturación y el contrabando (prácticas que no son ajenas a la economía española)

Mediante la sobrefacturación la empresa venezolana importadora acuerda con la empresa extranjera que le vende el producto la confección de una factura falsa en la que el precio del producto importado se infla: la empresa venezolana logra así sacar dólares del país sin traer el volumen de producto que sería lógico. Mediante el contrabando, la empresa venezolana sí adquiere el volumen de producto para el cual solicitó dólares a precios preferenciales pero los revende ilegalmente en el exterior, principalmente en la vecina Colombia. En ambos casos el resultado es escasez de productos y fuga de divisas.

El centro de estudios venezolano ALEM – CIFO ha aportado evidencias concretas sobre estas prácticas. Por ejemplo, entre 2003 y 2012 las importaciones de café crecieron un 9.765% y sin embargo en los comercios venezolanos es casi imposible encontrar este artículo. Otro tanto sucede con los productos farmacéuticos, cuya importación se ha incrementado un 1358%, mientras los medicamentos escasean en los anaqueles de las farmacias.

Mientras operen las prácticas fraudulentas descritas será difícil de resolver la escasez, incluso en épocas de esplendor petrolero: la demanda fraudulenta de divisas es siempre superior a la oferta disponible. La solución pasa por cerrar, en la medida de lo posible, la brecha entre oferta y demanda de divisas, contrayendo el componente especulativo de la demanda de dólares.

Al respecto existen diversas alternativas. El citado centro de estudios ALEM – CIFO propone la nacionalización del sector importador, de modo que las divisas de la renta petrolera no salgan del control estatal. Esto permitiría que las divisas a precio preferente se aplicasen efectivamente a la importación de bienes para la población, con incremento notable del volumen de bienes importado por cada dólar. Sin embargo esta propuesta tiene al menos un grave inconveniente: el presidente Maduro y su gobierno son cada vez más reticentes a adoptar medidas socializantes como las de su predecesor; las nacionalizaciones como las llevadas a cabo por Hugo Chávez parecen no formar parte de su agenda política.

A partir de ese escenario cabe barajar varias opciones. El gobierno venezolano no puede renunciar a mejorar los controles administrativos sobre las empresas que acceden a dólares preferenciales. Mientras sea posible eludir tales controles, la existencia del tipo de cambio preferencial será fuente no solo de escasez, sino de apropiación fraudulenta de la renta petrolera y fuente de alimentación de la especulación contra el bolívar. Sin embargo, la lucha contra el fraude y el contrabando no suelen rendir frutos en el corto plazo porque en muchas ocasiones esas prácticas están fuertemente arraigadas e incluso cuentan con la comprensión de ciertos sectores de la población (cuando no la connivencia de algunos gobernantes).

En mi opinión el gobierno del presidente Maduro dispone de algunas herramientas eficaces en el corto plazo que no son incompatibles con otras medidas de mayor calado, que eventualmente pudiera acometer en el medio y largo plazo (diversificación, industrial, reforma fiscal, etc).

Tanto la política cambiaria como la política monetaria deberían contribuir a reducir el componente especulativo de la demanda de dólares. Hay que tener muy en cuenta que los procesos especulativos se retroalimentan: las rentas obtenidas de operar fraudulentamente con el bolívar a tipo preferente no son sólo un incentivo para especular sino que generan rentas que a su vez, sirven para ampliar la demanda de nuevos dólares a tipo preferencial.

Urge cortar la retroalimentación de los procesos especulativos y para ello hay varias medidas perfectamente compatibles entre sí. Una primera opción consiste en devaluar el bolívar preferente. De esa manera se reduce tanto el incentivo para el fraude (que no es otra cosa que la brecha entre el tipo preferente y el tipo del mercado marginal/paralelo); como la masa de bolívares baratos a disposición de los especuladores. Téngase en cuenta que cada vez que un defraudador gasta 6´3 bolívares en comprar un dólar lo revende por unos 170, con lo que dispone de otros 163´7 bolívares fresquitos para ampliar la jugada especulativa. Recortando la renta de los especuladores limitamos su capacidad de seguir apostando contra el bolívar.

No se trata de devaluar el bolívar para que el tipo de cambio preferencial converja hacia el que rige en el mercado negro sino todo lo contrario: lograr que la contracción del tipo de cambio paralelo sea más intensa que la devaluación del preferencial. Es cierto que las devaluaciones tienen muy mala presa en América Latina porque históricamente han devenido en inflación o hiperinflación. Pero este no es el caso: tanto la escasez como la elevada inflación venezolanas son expresión de la inflación reprimida en el ámbito cambiario. No es el tipo de cambio preferencial sino el marginal el determinante del precio los bienes de consumo y en la medida en que se logre cierto control sobre este último se progresará en la lucha contra la escasez y la inflación.

La segunda opción es endurecer la política monetaria. Actualmente los tipos de interés activos del Banco Central de Venezuela son muy inferiores a la inflación observada y esperada (tipos a 19´27% frente a una inflación de 68´5%). Esa enorme brecha permite que solicitar créditos en bolívares para especular sea muy rentable, incluso sin tocar un dólar. Grosso modo, si se solicitan 100 bolívares al banco y se gasta en bienes de consumo; al cabo del año se revende la mercancía por 168 bolívares y se devuelve al banco 120. El especulador ha ganado 48 bolívares en la operación. Si además el dinero obtenido a crédito se destina a comprar fraudulentamente bolívares a tipo preferencial, la ganancia es infinitamente mayor. La única solución pasa por elevar sustancialmente el tasa de interés activa del Banco Central de Venezuela y que esta sea a su vez repercutida entre su clientela. En síntesis: hay que evitar que el sector bancario financie directa o indirectamente la adquisición fraudulenta de bolívares preferenciales o la acumulación especulativa de bienes de consumo.

La necesidad de retirar dinero de manos de los especuladores no es tarea menor. Actualmente la oferta monetaria en bolívares (M2) crece a un ritmo interanual del 62´9%. Meses y meses de crecimiento desbocado hacen que actualmente, al tipo de cambio de 6´3 bolívares/dólar, y con unas reservas internacionales de 22.238$ (noviembre) la demanda potencial de dólares sea 13 veces superior a su oferta (en 2010 esa proporción era de sólo 2 a 1). Esto constituye una presión inaguantable sobre el tipo de cambio que el gobierno del Maduro tiene que resolver.

La tercera gran baza del gobierno bolivariano es la política tributaria. De acuerdo con los datos de la OCDE la presión fiscal en Venezuela es muy inferior a la del conjunto de América Latina (14´2% frente a 21´3%), e incluso notablemente inferior a la de su vecina Colombia (20´1%). Hay margen para crear nuevos tributos con un diseño progresivo que sirvan para contribuir a financiar las políticas bolivarianas, penalizar las operaciones especulativas y estabilizar el escenario macroeconómico.

Existe en definitiva la urgencia de acometer el problema de la escasez, porque daña la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos y pone en riesgo la continuidad de las políticas bolivarianas que tan buenos resultados han dado en el ámbito social. Y existe la posibilidad de diseñar un menú de políticas económicas de corto y medio plazo con las que resolver satisfactoriamente esa tarea sin tener que acudir a programas de ajuste neoliberales (privatizaciones, despidos, etc). La pelota está en el tejado del gobierno venezolano.