Ya lo advirtió Rajoy hace tres años en una entrevista en una cadena privada de televisión : "A la infanta le irá bien". Tanto, que como dice el juez Castro, que instruyó el sumario del caso Nóos contra vienta y marea, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca "deja claro que da por bueno que la infanta Cristina era una mujer florero" a la vez que aconsejó que se preguntase a Isabel Pantoja, como a otras personas que han sido juzgadas, si consideran que han recibido el mismo trato". Si fuese así, tal y como se sugiere, cabría entender que Iñaki Urdangarín sea tan sólo condenado a una tercera parte de la pena que solicitaba el fiscal y que más de la mitad de los procesados, nueve de diecisiete, hayan sido absueltos. Salvo, claro está, que el magistrado instructor Castro sea técnicamente un juez incompetente.

Las agencias de comunicación e imagen de los abogados de la infanta Cristina, encabezados por el bufete de uno de los redactores del texto constitucional, ya se han lanzado al linchamiento del juez instructor utilizando el fallo de la sentencia. No es más que un suma y sigue, puesto que ya desde el primer día que puso sus puñetas judiciales sobre este sumario empezó su largo calvario profesional. No se ahorraron presiones ni intimidaciones, a la hora de poder intentar impedir que la instrucción pudiera desembocar en la apertura de juicio oral iniciado a finales de enero de 2016. No lo lograron, aunque eso sí, en el camino el fiscal Horrach que le acompañaba cayó del caballo después de oír el grito –Pedro, Pedro,¿ por qué me imputas ? – ,como se tuvo oportunidad de comprobarlo muy bien durante las largas sesiones del tribunal hasta el verano de 2016 en que terminó.

Siete meses para que se conociera la sentencia es un plazo excesivo que debe obedecer, sin duda, a discrepancias surgidas entre las tres magistradas que debían emitir la sentencia. Al parecer, la ponente Samantha Romero la tenía redactada desde hacia algún tiempo sin que encontrase la adhesión de sus otras dos compañeras del tribunal. Es vox populi en los ambientes judiciales, según fuentes solventes, que al menos la magistrada Rocío Martín no coincidía con la interpretación de la ponencia e intentaba sumar a su criterio a la magistrada Elena Moya. Nada excepcional en un tribunal el contraste de pareceres, si es que ha sido así, pero el telón de fondo que ha presidido la instrucción, el juicio y la sentencia hace que las especulaciones se disparen sobre las razones de esta rumoreada diferencia interpretativa.

No hay que esperar que el Tribunal Supremo acepte los recursos pertinentes. Cuando la Moncloa sentencia que ha triunfado el Estado de Derecho, sobran otro tipo de consideraciones. Rajoy es un político prudente a inteligente y aunque no es un experto jurídico, pese a su condiciones de registrador de la propiedad, sabe lo que dice y, sobre todo, sabe lo que hace. Cuando afirmó públicamente que todo iría bien para la infanta Cristina, sabía tanto lo que decía como lo que hacía. En cuanto a su buen socio en la Gran Coalición, una Gestora muy en precario en el PSOE, ya en el lejano año 2006 un Pepiño Blanco llamaba la atención a un osado concejal socialista del ayuntamiento de Palma de Mallorca por su papel en la entonces iniciada investigación judicial sobre el caso Nóos.

Como interpretar el Derecho no es fácil, al margen de que se haya hecho justicia o no, el problema de esta sentencia radica en su falta de credibilidad. Todos los sondeos en los medios de comunicación indican que no goza de la presunción de inocencia, sino al contrario, de la presunción de culpabilidad. No cabe atribuir a los periodistas o a los jueces la única responsabilidad de este juicio de la opinión pública, como hacen los agentes de comunicación e imagen del bufete de Miguel Roca, porque los primeros no han hecho más que informar y los segundos que investigar e instruir. Probablemente, esa gran orgía de corrupción sistemática que caracteriza a casi todas las instituciones sociales, tan manifiesta hoy como ayer o mañana –si antes una alternativa progresista no logra barrer la basura de la Gran Coalición– explique esta incredulidad de los ciudadanos españoles.

Sea como sea, es una mala noticia para el Estado y pésima para el Derecho. No es bueno que esta sentencia salpique al Jefe del Estado, es preocupante que el Derecho no aparezca como lo que debería ser, el "poder de aquellos que no tienen poder". Es cierto que aquí y fuera de aquí, retomando la expresión de George Orwell, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Puede que en esta sentencia no haya sido así, aunque la versión de la infanta Cristina como mujer florero parece muy copiada de la de una Ana Mato que tampoco sabía nada de su Urdangarín Sepúlveda, pero es bien sabido que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo. Por mucho que hoy se esfuercen las agencias de comunicación e imagen de Miguel Roca, y bien sabe Dios que se esfuerzan, la hermana del Jefe del Estado no lo parece.