El Gobierno de Marruecos tiene perfectamente acreditado un nulo respeto a la libertad de expresión, por lo tanto a nadie sorprenden sus esfuerzos por impedir el acceso de periodistas españoles al Sáhara. Todos los que han intentado hasta ahora entrar (incluida la reportera enviada por este diario) han sido expulsados de El Aaiún. Lo que sí sorprende y además resulta inadmisible es el hecho de que el Gobierno español colabore con el de Rabat en la “selección” de los medios y periodistas “autorizados” a acudir al lugar de los hechos y enviar su “información” (por llamar de alguna forma a un trabajo condicionado y obviamente vigilado). Importa poco si finalmente se permite la entrada a dos diarios o a un pool o “grupo reducido de periodistas”, propuesta muy práctica para la cobertura de bodas y bautizos de celebridades y que Rubalcaba no ha desmentido que defendiera ante Marruecos.

Por mucha diplomacia de algodones que proceda practicar en este caso, el Gobierno no debería olvidar que la libertad de información no es un derecho de los medios ni de los periodistas, sino de los ciudadanos. Las autoridades de Rabat son muy eficientes en la organización de viajes turísticos por su territorio, pero los ciudadanos españoles tienen el derecho constitucional y democrático a recibir una información libre e independiente, y no cabe limitarlo o negociarlo con un Gobierno que además es parte obviamente interesada en el conflicto del Sáhara.