JORGE CALERO

Desde hace pocos años han ido apareciendo informes acerca de los “costes y beneficios” de la inmigración en España. En ellos se comparan los flujos de ingresos que generan los inmigrantes (específicamente, en términos de cotizaciones a la Seguridad Social) con los flujos de gasto que se derivan de las prestaciones (monetarias y en servicio) del Estado del Bienestar.

A los economistas nos gusta contar, pero lo que contamos no suele estar elegido al azar. Al contrario, el énfasis recurrente en la contabilización de ingresos y gastos de la población inmigrante contiene profundas implicaciones ideológicas. En mi opinión, tras algunos de tales informes se esconde una aproximación con dos puntos de partida cercanos a la xenofobia, o directamente xenófobos, que critico en los párrafos siguientes. En primer lugar, el de suponer la entrada de fuerza de trabajo extranjera como una necesidad coyuntural, no estructural. En segundo lugar, el de no considerar a los inmigrantes como personas con derechos de ciudadanía homologables a los de los nacionales, sino más bien como subciudadanos.

La entrada de inmigrantes se corresponde, en realidad, con una necesidad estructural de nuestra economía. La fecundidad extraordinariamente baja ha erosionado de tal modo las pirámides demográficas que, simplemente, la actividad económica ya no sería viable sin la participación cuantiosa de inmigrantes. Esto puede resultar mucho más visible en periodos de crecimiento, como los que hemos abandonado hace poco, pero es cierto incluso en un momento de crisis económica como el actual. Existiría, así, un enorme coste si no tuviéramos inmigración. Y conviene recordar que los inmigrantes (al menos, buena parte de ellos) no son de quita y pon o trabajadores invitados: están aquí cuando crecemos y, también, en la crisis.

Por otra parte, resulta inaceptable el cuestionamiento continuo de la igualdad de trato para los inmigrantes, su etiquetaje como subciudadanos en las instituciones del mercado de trabajo y del Estado del Bienestar. Recientemente, con ocasión de la destrucción masiva de empleo que afecta con más intensidad a los inmigrantes, Mariano Rajoy comentó: “Hay inmigrantes cobrando el paro y españoles en la vendimia francesa”. Evidente: cobrarán la prestación contributiva de desempleo porque han generado un derecho (contributivo) a cobrarla. Cobrarán, si no consiguen un empleo pasado el tiempo, prestaciones no contributivas de desempleo porque la sociedad les reconoce un derecho (asistencial) a cobrarlas.

Una sociedad como la nuestra, que depende de la inmigración, no puede permitirse el establecimiento continuo de negaciones, de barreras –formales o informales–, de cuestionamientos a los inmigrantes no sólo por un principio de justicia, sino, además, por un principio práctico del que nos beneficiaríamos también los nacionales. La cuantificación de los costes y beneficios generados por los inmigrantes en un sector concreto puede ser necesaria para la planificación; sin embargo, cuando se plantea de forma generalizada nos lleva a preguntarnos ¿por qué seleccionamos esa categoría y no otra? ¿Por qué después de analizar costes y beneficios de los inmigrantes no analizamos, a continuación, los costes y beneficios de las mujeres, o de los hombres, o de los zurdos? Planteado así, el resultado de los informes, el saldo entre beneficios y costes, es lo que menos importancia tiene.

Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada