ANTONIO IZQUIERDO

Cuatro trabajadores de la construcción han perdido la vida en la reforma de un hotel. No interesa el lugar, sólo que la empresa no tenía permiso de obras. Se lo había denegado el ayuntamiento y tres advertencias de paralización no llegaron a tiempo para evitar esta tragedia. Poco importa si los dos inmigrantes fallecidos tenían en regla sus permisos; el hecho es que trabajaban en una obra ilegal. Hay que perseguir la economía sumergida en beneficio de todos, porque en la crisis la irregularidad está creciendo más rápido que la seguridad.

Las malas prácticas laborales se han encontrado con una mano de obra abundante y necesitada. Hoy en día, la cruda explotación y la inmigración más reciente se complementan. Ocho de cada diez trabajadores extranjeros han llegado a España en este siglo y no disponen de un escudo social que les proteja. Necesitan renovar sus permisos y se conforman con un contrato breve, sin poner reparos al riesgo o al salario. La frágil legalidad y la rebaja de los costes laborales dan como resultado una inseguridad creciente.

Los inmigrantes están reculando en sus itinerarios legales y desandando los avances laborales. Pese a que las afiliaciones a la Seguridad Social de los trabajadores extranjeros disminuyen, fuentes estadísticas diferentes estiman que no se han ido de nuestro país. Asimismo, se multiplican los contratos precarios y las actividades particulares o autónomas. De hecho, ha aumentado más el número de personas que se apunta a una empresa de trabajo temporal (ETT), que las inscripciones en los Servicios Públicos de Empleo. De modo que en el escenario actual, sus sombras se ocultan en las obras, en las furgonetas de trasporte y tras la compañía y el cuidado de ancianos. Es el anuncio de la irregularidad sobrevenida.

Es cierto que algunos estudios internacionales cuestionan el impacto de las inspecciones de trabajo en el campo migratorio. Daré dos datos que avalan la tesis contraria, es decir, que las acciones de control funcionan y se perciben. Antes y durante la regularización de 2005, las inspecciones en el área de extranjeros alcanzaron su techo y la implicación empresarial en el éxito de la llamada normalización tuvo que ver con esa presión. Durante el bienio siguiente, las acciones cayeron de 80.000 a 60.000, pero su eficacia aumentó. Se levantaron más actas de infracción, creció el importe de las sanciones y también el número de trabajadores afectados. En síntesis, se acertó más en la detección de irregularidades, aunque disminuyeran las acciones.

La construcción y la hostelería fueron las actividades más controladas, ya que los inspectores no pueden cruzar la puerta del hogar sin una denuncia. Por tanto, no sorprende que en las regularizaciones destacara el servicio doméstico. Aún hay otra evidencia. En una encuesta de 2006, los inmigrantes entrevistados respondieron que habían decaído las inspecciones respecto del año anterior. La percepción y el registro administrativo coinciden. Se puede decir que esta situación es la realidad al cuadrado.

En el aumento de la irregularidad actual hay dos puntos negros: su identificación y su control. Lo cierto es que para vencer ambas dificultades es necesario más personal con una formación interdisciplinar, porque el binomio inmigración y economía sumergida genera riesgos interculturales ante los que cabe afinar nuestro sentido y nuestra sensibilidad.

Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología