Los españoles judíos fueron obligados a emigrar de España en 1492. Los españoles moriscos, en 1609. Los españoles afrancesados, en 1814. Los españoles liberales, a partir de 1823. Los españoles republicanos, desde 1936. Españoles pobres, en la década de los sesenta. Emigración o exilio forzoso por razones religiosas, políticas o económicas. Durante los siglos de dominación española de América, la emigración española era por razones económicas. No la detuvo ni la independencia de los países sudamericanos, iniciada cuando los franceses invadieron España. Se mantuvo durante todo el siglo XIX. De hecho, fue tan intensa que llegó a haber una prohibición de emigrar a América, anulada en 1853. También está la “emigración golondrina”, la anual de ida y vuelta de los temporeros españoles a la vendimia francesa, que empezó hacia 1830. Y desde los años 40 de ese mismo siglo, tuvimos la emigración al Magreb, por el trabajo agrícola que estaba generando la colonización francesa del norte de Africa.

En la depauperada España de posguerra, más de un millón de españoles, condenados a la pobreza por la autarquía franquista, abandonaron el país a raíz de la creación, en 1959, del Instituto Español de Emigración. Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y el Reino Unido, los principales destinos. Sólo después de 1973, tras la más que gravísima crisis económica del petróleo de aquel entonces y el inicio de la modernización política, económica y social, España dejó de ser un país que expulsaba a sus ciudadanos. Desde entonces, y especialmente en los últimos diez años, gracias a que ahora somos un país creador y no destructor de riqueza, el movimiento migratorio es hacia dentro.

Son decenas de millones los españoles que han emigrado del país históricamente. Pero si miramos hoy las estadísticas de españoles en el extranjero, encontramos a muy pocos de ellos. A diciembre de 2007, el censo electoral de españoles emigrantes, según el Instituto Nacional de Estadística, era de 1.194.350. En total. ¿Por qué? Porque todos los demás, descendientes de españoles, son nacionales de los países de acogida.

Aquí, en España, estamos enfrascados en el estéril debate sobre cuántos inmigrantes podemos aceptar; el Gobierno aprueba cada año unos contingentes y un catálogo de puestos de trabajo de difícil ocupación interna para los que las empresas solicitan extranjeros. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, encendió la polémica anunciando que el año que viene los contratos “en origen” de inmigrantes (los que vienen con contrato desde su país) se quedarían en una cifra “próxima a cero”. ¿Justificación al cerrojazo? Que, en un momento de aumento del paro, los puestos de trabajo vacantes deberían cubrirse con los desempleados en España y no con gente de fuera.

Ahora, el ministro ya ha rectificado, corregido y aclarado su primer anuncio. Pero queda abierta la discusión sobre si el Gobierno puede o tiene que regular a quién pueden contratar las empresas o qué puestos de trabajo deben aceptar y dirigirse a los españoles. Sin duda, la llegada de inmigrantes se va a reducir porque la crisis económica va a hacer que se produzcan menos ofertas de trabajo. Pero no porque se puedan poner puertas al campo. Desde hace unos años, como consecuencia de la globalización económica, nos encontramos en la segunda etapa de migraciones más importante de la historia después de la que se produjo entre 1870-1914. Y, ahora, España es uno de los tres máximos receptores de inmigrantes, junto con Estados Unidos y Alemania. ¿Para qué ha servido la llegada de tantos inmigrantes a España? Según diversos estudios, la inmigración ha permitido disminuir la tasa de desempleo estructural dos puntos porcentuales en la última década porque reduce el desajuste del mercado laboral, al cubrir puestos de trabajo que no aceptan los nacionales. Además, un tercio del aumento de la tasa de actividad femenina se debe a la mayor presencia de empleadas de hogar

–entre las que son mayoría las inmigrantes–. Y ha contribuido a un mayor crecimiento del PIB.

El año pasado se realizaron –sin contar a los temporeros– 178.340 contratos en origen a inmigrantes y en los primeros siete meses de este año han sido 88.180 contratos. En el Ministerio de Trabajo alegan que muchos de los puestos para los que se solicita contratar inmigrantes pueden ser ocupados por nacionales, como los ocho camareros pedidos para Almería, los diez matarifes-carniceros para Salamanca o los 20 fontaneros para Barcelona. El mercado laboral es mucho más abierto y flexible que cualquier regulación que se pretenda imponer. Por eso, ajustará solo la contratación fuera. Sin necesidad de anuncios gubernamentales.