Francesc Homs, sentado desde ayer en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, no es aquel Ibarretxe que desafió al Estado hace una decena de años, pero se le trata por la Gran Coalición como si lo fuera, al negarse a ser hoy un Urkullu sin independencia fiscal. Qué más quisiera quien es procesado en su condición de portavoz del gobierno de Artur Más, por haber desobedecido al Tribunal Constitucional, que Cataluña tuviera las mismas competencias fiscales que Euskadi, para ajustarse hoy, como el guante a la mano, a ser un buen Urkullu catalán. No puede serlo, desde luego, pero tampoco es ahora aquel Ibarretxe anterior. Bordea la línea roja del ilícito penal al promover el ejercicio del derecho a decidir de los catalanes, sin tener transferidas las competencias legales para poder convocar un referéndum, pero, conviene insistir en ello, no estamos ante Ibarretxe II.

La propuesta catalana, al margen de su legalidad, cuenta con el apoyo social de un 80% de la sociedad catalana–tanto catalanes españoles como catalanes independentistas–, partidos nacionalistas y estatales y una amplia mayoría del parlamento; mientras que la vasca apenas contaba con la mitad del PNV, la mitad de los diputados del grupo parlamentario de la izquierda abertzale y ninguno de los partidos estatales. Aquel derecho a decidir de Ibarretxe iba inscrito, además, en un telón de fondo contaminado por el olor a pólvora de los pistoleros etarras. Todo lo contrario del derecho a decidir de la Generalitat, inserto en una muy clara estrategia pacífica. Lo que en Euskadi era un movimiento minoritario, en Cataluña lo es mayoritario, por aunar en su seno tanto a los partidarios de seguir en España como a los que proponen la ruptura del Estado.

La peor respuesta a este reto a la unidad del Estado español la protagoniza Rajoy. Escenas como la de ayer no son de recibo en la Unión Europea. Ninguno de sus estados apoya la secesión, pero todos cuestionan la represión policial y penal a la que se entregan con fruición desde los ministerios de Justicia e Interior. Basta con leer atentamente las informaciones publicadas en el diario Público hoy mismo, firmadas por Carlos Bayo y Patricia López, para poder calibrar bien el grado de irresponsabilidad política de todos los ministros que las encargan o encargaron. La operación Cataluña, dirigida desde las cloacas de la Castellana, es un bumerán que estalla en el rostro de Soraya Saénz de Santamaría en su papel de una polí buena en Cataluña. Mientras ella tiende su pulcra mano, se la llenan de mierda a los que pueden cogérsela en Barcelona.

No es casual que Juán Luis Cebrián- un periodista que continúa el régimen de 1939 en el régimen de 1978- pida a gritos, con ademanes similares a aquel otro Cebrián que dirigía el diario Arriba bajo Franco, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspendería la autonomía catalana. Ni la más mínima voluntad política de explorar una salida democrática, como sería la transferencia de las competencias en materia de consultas populares del Congreso de los Diputados al parlamento catalán, ni por supuesto abordar el problema de la financiación, pese a que alguno de los suyos, como Mariano Gomá que preside una entidad social adversaria a la Generalitat, como es Sociedad Civil Catalana, afirmase ayer en La Vanguardia "no sé si se tiene que diseñar un nuevo modelo, pero sí que hay que resolver y mejorar la financiación catalana".

Rajoy se encuentra atado de manos por Aznar y de pies por Susana Díaz. Ayer mismo Franquito volvía a envolver los recortes sociales, como retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años, con la cuestión catalana, sumándose a la propuesta de Juan Luis Cebrián sobre la suspensión autonómica catalana. Paralelamente, el vergonzante nacionalsocialismo de la lideresa andaluza le impediría, si llegara a planteárselo, el más mínimo ajuste en la financiación territorial. Cogidos de la mano, Juan Mari y Susana, se lanzarían a la yugular de la Gran Coalición, si los partidos a los que son afines, PP y PSOE, tuviesen alguna tentación de enfocar democráticamente la cuestión histórica de Cataluña. Falta minuto y medio para escuchar de nuevo aquella siniestra definición, vigente oficialmente hasta 1959, que denominaba a Cataluña y Guipúzcoa como provincias traidoras. Los recortes sociales e intereses creados bien valen un aquelarre catalán.

Al fin y al cabo, calcula Rajoy, todo son beneficios para el convento de la derecha. El choque de trenes le ayuda a mantenerse electoralmente en la Moncloa tanto como a Puigdemont en San Jaume, a Urkullu en Ajuria Enea y a Susana Díaz en San Telmo. Con la agitación de todas las banderas– rojigualda, cuatribarrada, bicrucífera y verdiblanca– tratan de que los ciudadanos en Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla no voten como tales sino únicamente como españoles, catalanes, vascos y andaluces. Mediante esta dialéctica perversa, se busca hoy entrecruzar la lucha de los de abajo contra los de arriba, protagonizada por el creciente rechazo social a la Gran Coalición que reparte miseria, con una lucha de los separatistas contra los separadores a lo largo de España. El patriotismo, bien lo decía Juan de Mairena, es siempre el último refugio de los canallas.